Opinión Nacional

20.000 días de matanzas sin investigación, ni juicio ni condena

Algunos son los más representativos y emblemáticos efectos derivados de la ausencia absoluta de una determinante y firme voluntad política en la dirigencia venezolana.

Una desarrollada capacidad y disposición consistente sustentada en una clara noción, en acrisolados criterios, depurados conceptos y firmes y elaboradas ideas de lo que es, del cómo y para qué de la función de la policía y de: El policía en la sociedad occidental.

De allí, de esa particularidad muy poco comentada, de la que nadie, ni ayer ni hoy, quiere hablar menos comentar, pero que está muy presente y actuante en la aprendida conducta de quienes se autodefinen o pretenden calzar las botas como dirigentes.

Allí en ese hecho político, están, precisamente, los soportes y argumentos que nos permiten concretar sin temor a errores, las tres determinantes invariables de esto que dan por llamar política en Venezuela, antes, durante y después del Pacto de Punto Fijo; son ellas: a) La evasión al conflicto; b) la ley del menor esfuerzo y c) la ausencia de rendición de cuentas.

Derivado expreso

Ayer y hoy, los esperados o sorpresivos y dramáticos hechos criminales ejecutados sea por los fieles, sea por los miembros del partido y/o sea por los subalternos, que estremecen, sobresaltan, y su inesperado e incontrolado impacto en la comunidad, que bofetea y se expresa en lo personal de los dirigentes en funciones de Estado, con ese incómodo sudor frío que desde el fondo de las entrañas explota inmisericorde, colándose por la espalda sube sin detenerse por la entrepierna hasta la nuca; que espeluzna y se hace presente en el cogote. Eso que hoy en algunos se expresa en estados de diarrea paróxica y conductas cercanas al pánico.

Esos hechos que arrastran a uno tras otro y a todos y cada uno de los responsables de gobierno, a asumir una de dos posiciones cada vez más indicadoras del estado de ánimo: Silencio o desesperación. Unos, los más vivos, se esconden en un sepulcral silencio; a otros, no tan vivos, los lleva a desmayarse frente a las cámaras y a otros, los que se imaginan poderosos y que con su sola labia basta, los impulsa a esas rápidas intervenciones publicas que bien lejos de aclarar las cosas lo complican; complican el crimen mientras lo señalan e involucran públicamente en lo personal.

Y así las cosas

En la medida del tiempo entre una y otra declaración oficial –mientras se enfrían los cuerpos y entran en putrefacción los cadáveres y el escándalo de hoy tapa el de ayer– uno a uno y todos a la vez, aquellos y éstos funcionarios, aquellas y estas declaraciones oficiales, señalan para la historia criminal y para los interesados, irrefutables verdades.

Verdades o aseveraciones, que si bien es cierto que ayer pudieron y hoy podrán ser silenciadas, también lo es que mañana muy probablemente, no.

En ese inestable mañana, posiblemente más temprano que tarde, a unos y a otros, unas y otras masacres, unas y otras declaraciones oficiales, les explotarán en la cara.

Los resultados de esas operaciones y actividades de grupos e individualidades oficiales u oficiosas fieles, afectas, toleradas, patrocinadas, pertrechadas y financiadas con los fondos públicos y cuyo desenlace ha culminado en cada momento, ayer y hoy, en los asesinatos colectivos, sea de civiles inocentes sea de militares desprevenidos, han quedado asentados, escritos con tinta indeleble y allí están, en el único lugar que les corresponde: La historia del crimen y de los criminales de este país.

Uno tras otro en el tiempo

Son múltiples y variados los hechos criminales que en cada momento de ocurrencia y dada las derivadas responsabilidades directas exigibles a todo lo largo y ancho de toda la estructura de dirección, conducción, supervisión y mando –político y técnico– de todos y cada uno de los órganos de ejecución material de las operaciones y medidas de policía, que han obligado y obligan aún a intervenir en definitiva al máximo eslabón de responsabilidades en la Administración.

Ese, quien, desde sus posiciones dirigentes, por vía de consecuencia y derivado del hacer de sus fieles, queda a la descubierta; si bien no como autor inmediato puesto que no estaba en el momento del crimen; sí potencialmente como instigador o autor mediato, dependiendo ello de la relación directa y comunicación entre y con el o los ejecutores del crimen en el antes, en el durante o en el después de la matanza y que –actividad para expertos– eventualmente pueda ser puesta en evidencia, sea por obra de las investigaciones, sea por obra o el decir de uno u otro autor inmediato arrepentido; o, en la menor de las probabilidades y dado los particulares desempeños individuales, quedó ayer y queda hoy, registrado como el cómplice necesario.

Ese, quien ordena, dispone, instruye, castiga y/o premia a su entorno de subalternos en función de las labores para cubrir el crimen, y bajo cuya determinante responsabilidad, por hacer o por dejar de hacer, queda sustentada la supuesta garantía de impunidad absoluta para los ejecutores inmediatos y, en especial, para los cuadros de mando intermedio.

Allí, en esos extremos, es donde los detalles o circunstanciales evidenciadas –en hechos, voceados o silenciados por testigos o dolientes– y luego por los medios que los difunden en el momento. Son esos mismos los que imponen acción e instrucción precisa puesto que esos dichos deben ser rápidamente asumidos y voluntariamente y a conciencia ajustados, modificados, adulterados, contaminados, desaparecidos para luego sea, ser difundidos oficialmente o sea silenciados con artimañas. Por cierto, en conductas cada vez más complejas y que de una y otra forma van dejando en evidencia, indelebles vestigios del complejo de responsabilidades en juego.

Justo como en el cuento aquel de los hermanos Grimm: Hansel y Gretel.

Sólo que no son migas de pan

Esos son los extremos que deben ser tomados bajo el control del gobierno central, de seguida y expresamente limitados los desempeños técnicos del personal en las investigaciones criminales, en las actividades del ministerio fiscal, en la designación de jueces, en las controladas audiencias de los juicios, especialmente, en las decisiones y/o condenas de la instancia jurisdiccional actuante y la de apelación: Ejemplos irrefutables, los hoy titulares de las Embajadas de Venezuela en la Santa Sede y España.

Se trata de la dirección y manejo del complejo de circunstancias en función del forcejeo en la negociación para encubrir el crimen.

De las manipulaciones, cambios y silencios definitivos al estilo del 27F, como en los Pozos de la Muerte, como en El Amparo, como en el caso Danilo Anderson o el de los Paracachitos.

Paralelamente, de aquellos y estos profusamente compensados silencios tanto en el caso de las víctimas como el que atañe a los testigos y, por ese concomitante camino, tanto autores inmediatos y mediatos como a investigadores, fiscales y jueces –cuyas vidas dependen, a veces de su silencio– quienes obtienen buenos dividendos en el reparto.

Son esas precisas decisiones políticas, que si bien nada tienen de política, si han tenido, tienen y tendrán siempre, todo de los desempeño propios a los jefes de bandas o pandillas de criminales.

Y es allí donde se estanca por el circunstanciado momento el escándalo, hasta que uno nuevo lo cubre con su actualidad; y eso, mientras se tenga el poder porque luego, nadie puede garantizar que los acuerdos políticos de hoy, destinados a mantener el ya compensado silencio de ayer y de hoy, tengan vigencia mañana; menos, cuando el asunto eventualmente trascienda las fronteras y tenga como elegida sede para dirimirlo, y a investigadores, fiscales, testigos y tribunales, no controlados.

Qué culpa tiene la estaca si

Lo delicado del asunto no viene dado por uno u otro hecho criminal, por una u otra masacre, individualmente considerada e independiente del número de víctimas o de asesinados; lo delicado y actual del asunto está en un trascendente ángulo de observación; pero que quizás hasta ahora sea el ángulo menos observado por los interesados de parte y parte: Gobierno, funcionarios, dolientes, jueces, fiscales, funcionarios de investigación criminal, políticos de un bando y del otro, y hasta por los medios de comunicación.

Desde nuestra particular perspectiva –y dependiendo de las capacidades técnicas que se habiliten, del serio compromiso para la toma y aceptación de los riesgos y la derivada voluntad para la acción puestas en juego en su momento– hasta el treinta de junio del año 2002 y en los detalles y extremos de cada particular caso criminal objeto de observación (listados al final y motivo de esta nota), en función y atención al cuerpo de leyes vigentes en estos 20.000 días: Podían y debían eventualmente ser considerados cada caso individualmente y en consecuencia, investigación, juicio y condena, sujetos estaban y están en exclusivo, a las evidencias y a las constataciones materiales y circunstanciales que una acusación privada o derivados de la acción del ministerio público lograra construir y hecho incorporar como prueba a uno y otro juicio y en las audiencias en uno y otro caso.

… el sapo salta y se ensarta

Mas cuando queda a todas luces evidenciada y establecida la posibilidad de construir y reconstruir hechos, personajes, métodos y circunstancias que revelarían de una potencial o cierta sistematización en los desempeños individuales y colectivos en cada masacre, tanto en la concepción, en la planificación, en la organización y dependencia o sujeción directa a un determinado escalón de decisión política y técnica; luego, en el financiamiento, en la selección, entrenamiento, en el equipamiento, en la asignación de misiones, en el encuadramiento, dirección, conducción y supervisión de la ejecución de unas y otras matanzas, y que sobre ello se incorporen en las audiencias testimonios y los detalles, documentados o no, sobre los procesos de preparación y de la específica toma de las decisiones ejecutivas, el asunto cambia de perspectiva.

Si ayer fue el Cejap, guindado en expreso, misionado, dirigido y coordinado por un específico funcionario quien por sobre sus mandos estructurales regulares –como quedaría luego establecido en los saraos para la celebración de resultados–, tenía acceso directo por sobre éste al vértice superior de la columna de mando de la Fuerza Pública; hoy, son unas llamadas FBL (Frente Bolivariano de Liberación) que si bien no forman oficialmente parte de la estructura administrativa regular del Estado, si, públicamente ha sido definidas y operan como fuerza armada paramilitar y parapolicial.

Fuerza para estatal estructurada y dependiente en línea directa de las decisiones presidenciales, y que además cuenta con la aceptación y el reconocimiento tácito de toda la estructura de mandos de la Fuerza Pública, y que son organizadas, encuadradas, dirigidas, pertrechadas, financiadas, conducidas y supervisadas, y no casualmente, por aquel mismo sujeto que lo hizo antes en el Cejap y que ahora, como el llamado “Rambo Venezolano”, sólo responde a las instrucciones y rinde cuenta a ese mismo vértice superior de la columna de mando de la Fuerza Pública.

El mismo quien en el ejercicio de su cargo como Ministro del Interior en abril del 2002, desde su Despacho y por celular, ordenaba tanto los suministros destinados a los francotiradores ubicados en las azoteas alrededor del Palacio de Gobierno, mientras con precisión ordenaba nuevos asesinatos: “… Bájame otra mano de cambur…”

El mismo funcionario a quien en su momento el juez de la causa en el caso de la masacre de El Amparo, coronel Angel Edecio Zambrano Chaparro, dictó medida privativa de libertad y de sometimiento a juicio y de inmediato y por orden expresa del mismo Presidente de la República, tanto el juez fue despojado de la causa como revocada la decisión.

El mismo sujeto quien en nombre del gobierno y por delegación expresa y pública, negocia con las FARC, con las ELN; quien bajo ese mismo paraguas negoció personalmente la entrega de rehenes en Colombia; quien con la actividad precisa de sus socios o cómplices de su pasado criminal, negoció el pago del rescate y la liberación de Mely Carrero, el pago del rescate y la liberación de Richard Boulton (por cierto, donde misteriosamente se extravió, en un pase de manos entre Miguel Dao Dao y Henry López Sisco, el primer abono del pago del rescate, entregado a la policía por la madre de la víctima)

El mismo quien desde esa privilegiada posición y como vocero presidencial, además de planificar y ejecutar bajo esa dirección y mando las operaciones clandestinas –asesinatos o desapariciones incluidas–, tiene autoridad delegada suficiente como para negociar, acordar y decidir dentro y fuera de las fronteras del país, con los representantes oficiales de gobiernos extranjeros y/o con aquellos propios a las fuerzas irregulares alzadas en armas, operando o no dentro y fuera del territorio venezolano.

Irrefutable

Jamás podrá negarse, ayer u hoy, que todo este complejo de circunstancias cada vez más evidente en una u otra de las operaciones criminales, son consecuencias o el derivado de la expresa voluntad política en el hacer y en el dejar hacer.

Fueron, son y seguirán siendo mientras no se jueguen esos hechos criminales, desempeños y conductas manifiestas luego en las privadas y/o en las públicas declaraciones y posiciones oficiales adoptadas frente a una y otra masacre por parte de los representantes y responsables en funciones de Estado, ubicados y juramentados en los más altos niveles de decisión de la Administración venezolana.

Cuando ello se hace suficientemente notorio, evidenciado sin dudas en los hechos públicos y voluntarios del gobierno, el asunto va adquiriendo y adquiere verdaderamente, ribetes de catástrofe política, tanto para quienes tienen o dicen tener en sus manos el poder político como para quienes, desde el bando contrario, se dicen oposición política o forman parte de la camada de colaboracionistas del régimen; sean o hayan sido éstos a la sazón y en cada particular momento y caso de matanzas sujetas a consideración, autores inmediatos, autores mediatos, instigadores, simples cómplices o encubridores en una cualquiera fase del antes, del durante o del después de uno u otro crimen colectivo, o masacre de seres humanos.

Conclusión

Corresponderá en su momento a los expertos en la investigación criminal ese arduo y tedioso trabajo para la búsqueda, identificación, recopilación y depuración de las evidencias; así mismo a los especializados funcionarios del ministerio público y a quienes pretendan asumir una u otra acción privada, si fuere el caso, la pertinente sustanciación de hechos evidenciados; por su parte a los estudiosos y expertos en derecho penal, la construcción del caso y la muy bien elaborada argumentación que sustente con suficiencia y fuerza indeclinable, las pretensiones legítimas que pudieren ser demandadas a y de una sana administración de justicia.

Queda en manos de todos ellos que esta causa penal tan compleja y delicada se lleve alguna vez adelante dentro de las fronteras y bajo el régimen jurídico vigente en Venezuela, o que, a falta y deficiencia de unos y otros, los interesados, dolientes y deudos, acudan ante otros, y lo intenten por ante instancia supranacionales,

A cada quien, ayer y hoy, sus responsabilidades políticas, jurídicas, administrativas, sociales y ciudadanas en cada momento del hacer en esta comunidad de moradores de un territorio, y sólo será en ese momento, y en el momento en que la justicia no siga siendo la moneda de negociación de impunidades entre los delincuentes o criminales salientes de un gobierno y los entrantes de otro, cuando podremos hablar en Venezuela de país y de sociedad, y sólo después podrán y podremos, unos y otros, aspirar a reconocernos y tratarnos como ciudadanos.

Antes no

Mientras tanto, completemos todos a la una los 20.000 días de masacre tras masacre sin investigación, ni juicio ni condena.

Mientras, sigamos escuchando y prestando atención a los políticos en gobierno y los que dicen estar en la oposición antes y ahora colaboracionistas incluidos por supuesto, en sus rimbombantes promesas y discursos sin sustancia, dirigidos al pueblo, por el pueblo y para el pueblo; pero que jamás han estado ni están dispuestos a asumir los riesgos del conflicto, a la aplicación del denodado esfuerzo por la construcción de una sociedad de ciudadano y su sempiterna y dinámica negación a rendir cuenta por los hechos de ayer, y por los del hoy.

Justamente allí, en la negación a rendir cuenta está el campo de negociaciones a espaldas de los ciudadanos; ni gobierno, ni oposición, ni colaboracionistas, están dispuestos a perder sus privilegios; allí unos y otros, aterrados por los derivados, negocian con el futuro del país.

130 asesinados por cada 100.000 habitantes en la capital; 150 mil asesinados en diez años, en el lapso, no menos de 15.000 de ellos por funcionarios policiales en supuestos enfrentamientos.

Sigamos contemplando entonces impávidos, cómo con el asesinato de uno y otro de nuestros hijos, de los suyos o de los otros, del de allá o del de más acá, muere un país, se desangra la nación y se desintegra un gentilicio con el exterminio del futuro.

No asumamos de una vez por todas la ciudadanía plena con sus riesgos, retos, deberes y derechos en ejercicio y garantizados por la solidaridad humana sustentada en un cuerpo de leyes que se cumplen, y aceptemos entonces, seguir siendo tratados como pueblo por quienes se dicen o se pretenden, ayer y hoy, dirigentes, pero que sólo han estado y están dispuestos para el disfrute de los signos exteriores del poder.

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