2005: Un buen año para la participación ciudadana
La participación ciudadana será un eje fundamental en la dinámica del sistema político venezolano. En el ámbito legislativo, en los proceso electorales, en la conformación de la instancias territoriales de participación, en el sistema judicial o en el marco de la descentralización; los factores políticos (oficialismo y oposición) y, los sectores avanzados de la sociedad civil se debatirán en torno al tema, este 2005. ¡Así que mucha atención! Pues del resultado de ese debate dependerá el grado de democracia, de apertura y de pluralidad que adquiera esta “República Bolivariana” de los albores del siglo XXI.
La participación ciudadana en la agenda legislativa
La Asamblea Nacional procesará un conjunto de leyes que modelarán de manera directa e indirecta el “sistema de participación protagónica”, contemplado en la Constitución de 1999. La Ley Orgánica de Participación, se encuentra todavía en discusión; al igual que la nueva Ley Orgánica del Poder Público Municipal. La primera es importante porque allí definirá las condiciones de funcionamiento y alcance de las Asambleas de Ciudadanos como instancias de participación y protagonismo popular; entre otros aspectos. Y la segunda que buscaría modificar en forma sustancial la gestión del sector público en el ámbito municipal y local. Pero además, dentro de la “cartera legislativa pendiente” también se encuentran la ley del Consejo Federal de Gobierno y aquella referida al Fondo de Compensación Interterritorial; por si fuera poco también está en mora, la Ley de Hacienda Pública Estadal (devuelta por el Ejecutivo Nacional). Este conjunto de leyes conforman un amplio menú legislativo en el cual los factores políticos tendrán la última palabra; y donde la sociedad civil pudiera hacerse presente para modificar ciertos contenidos; mediante la negociación, la presión y la movilización.
Los procesos electorales de 2005 como eventos participativos
El ámbito electoral contiene este 2005, tres contiendas de distinta magnitud y alcance. La primera de ellas, es el revocatorio a realizarse sobre nueve diputados de la oposición democrática. Este evento tiene; según los expertos unos resultados previsibles, salvo que la oposición política decida pelear, por esos espacios que, en algún momento ganaron política y socialmente. El segundo enfrentamiento, contempla la elección de las Juntas Parroquiales y de los Concejales en unos 335 municipios del país. Estos comicios estrictamente locales exigen que los partidos políticos y la sociedad civil, eleven la calidad tradicional de sus candidatos a los cargos en juego. Y es que los aspirantes a cargos públicos en este nivel (o en cualquier otro ámbito político-territorial) requieren no sólo de su “probada e incondicional militancia” sino también de cierta preparación profesional y de una actitud ética un tanto más correcta que la usualmente conocida. La tercera contienda electoral determinará una nueva composición del Poder Legislativo Nacional para los próximos cinco años y, que por lo tanto abarcará el presente período gubernamental y buena parte del próximo gobierno (2007-2013). Ahora bien, y está claro que, el objetivo central de las confrontaciones electorales mencionadas será obtener un mayor grado de control sobre esas instancias (y por lo tanto, de hegemonía para impulsar políticas); por parte de alguno de los bloques ideológico-políticos actualmente en colisión en Venezuela. Para algunos expertos como Luis Vicente León o incluso para publicaciones especializadas como Venezuela Analítica (Analítica.com), la oposición tendría que abordar estos procesos electorales sobre una plataforma unitaria so pena de sufrir otra derrota. Sin embargo, existe otra visón por parte de operadores políticos sobre el tema. Partidos políticos como “Primero Justicia” y “Visión Emergente”, no consideran necesaria la unidad (salvo que sea liderada por ellos;, por supuesto), para obtener un triunfo en los comicios legislativos locales y nacionales. Otras organizaciones guardan silencio pero realizan contactos y encuentros en búsqueda de consensos. En todo caso, y al margen de ciertas presunciones, en el campo opositor comienza un interesante reagrupamiento (ideológico y político) que quizás le permita competir con el bloque oficialista, en mejores situaciones en un mediano plazo. Un elemento adicional en este campo está referido al Consejo Nacional Electoral (CNE), -su árbitro natural- seriamente cuestionado no sólo por la calidad en la organización y gestión de los procesos electorales previos, sino también por las características muy particulares de su “imparcialidad, objetividad y transparencia”.
La red de instancias territoriales de participación
Las instancias de territoriales de participación ciudadana son los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas (de 23 entidades federales, más uno correspondiente al Distrito Capital), los Consejos Locales de Planificación de Planificación Pública (335 en todo el país, de los cuales se han instalado aproximadamente 200), y por último, los Consejos Parroquiales (desconozco la cifra oficial) e incluso los Consejos Comunales de Planificación (en una cantidad mucho más indeterminada). Cabe agregar, que esta compleja redecilla de instancias de participación -aún en construcción-, constituye uno de los pivotes de la “nueva democracia participativa”. Desde allí se aprobarían planes de inversión, se organizarían las comunidades, se impulsarían proyectos provenientes de las mismas; y se controlaría la gestión de los poderes públicos regionales y locales. Las instancias territoriales para la participación, constituyen toda una innovación y un mandato legal, pese al rechazo ideológico de algunas organizaciones políticas e incluso comunitarias y no gubernamentales vinculadas a una visión excesivamente conservadora de la Venezuela de hoy. En este contexto, la sociedad civil tendría que jugar un papel estratégico y fundamental haciendo valer sus derechos en unos espacios que le pertenecen por mandato constitucional. En la medida que las entidades comunitarias, vecinales, temáticas y no gubernamentales (con o sin fines de lucro) se involucren en el desarrollo de esta red institucional para la participación ciudadana, la calidad de la nueva democracia para el país tendrá mayor pluralidad, tolerancia e inclusión social. De lo contrario, se correría el riesgo de establecer en nuestra nación un régimen tumultuario.
La participación ciudadana y la gestión pública
Otra variante de la agenda de la participación social durante el 2005, está representada por el impulso de las posibilidades legales que tiene la población de intervenir directamente en la gestión de las agencias gubernamentales. De hecho, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece expresamente ámbitos de actividad gubernamental donde el Estado requiere de la intervención de la sociedad civil. Entre ellos, podemos mencionar la atención a la familia, a la infancia, a la mujer, a la juventud, a la tercera edad, a los discapacitados, en la prestación de los servicios de salud, de seguridad social, de educación, en materia de ordenamiento territorial, de educación ambiental, de desarrollo científico y tecnológico y del deporte; entre otros.
Esta participación se efectuaría a través de diversas modalidades. Una de ellas, es la establecida en la ley Orgánica de Administración Pública (2001) que determina que los entes estatales deben someter a procesos de consulta obligatoria (más no vinculante), ciertas decisiones vinculadas a su actividad programática. Otra modalidad, es la obligatoriedad de las administraciones públicas (nacional, estadal y municipal) en brindar la información apropiada y oportuna a toda la población. La participación social en la planificación también es contemplada por la Ley Orgánica de Planificación (2001). Finalmente, las posibilidades de descentralización y transferencias de prestación de servicios y programas sociales de la Administración Pública hacia las organizaciones no gubernamentales y las comunidades organizadas, constituye un reto fundamental que debe ser exigido por la población organizada, no solamente como un medio para ejercer su protagonismo; sino para incrementar la eficiencia en la realización de ciertas políticas, programas y proyectos que pudieran funcionar bajo la gestión privada. Un comentario extra debo referirlo a las posibilidades de control que sobre la gestión gubernamental puede realizar la ciudadanía, estipuladas en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (2001) . La contraloría social determina una nueva calidad en las relaciones gobierno-ciudadanía. Y esa “nueva calidad” representa una oportunidad para la sociedad civil de ejercer la efectiva vigilancia de la acción gubernativa en el marco de la ley.
La participación social y la justicia
En materia judicial, el precepto constitucional que establece la participación ciudadana en la selección y designación de los jueces (Artículo 255), no se ha hecho efectivo. La denominada “Justicia de Paz” (1994) constituye otro campo para la participación ciudadana. La Justicia de Paz, impulsada y promovida inicialmente desde los años noventa por el magistrado Alirio Abreu Burelli, se convirtió en un mandato legal fundamental con el proceso constituyente de 1999 (Artículo 258). Hoy, seis años después, la “Justicia de Paz” es una realidad a medias. En ocasiones, sus procesos electivos han sido manipulados y mediatizados por los factores políticos del país (oficialismo y oposición); en otras oportunidades, los Jueces de Paz (convertidos en verdaderos quijotes) no han recibido el apoyo debido ni oportuno por parte de las agencias gubernamentales involucradas ni por la propia sociedad civil. En otras palabras, la sociedad venezolana se encuentra en una mora con este precepto constitucional. En la agenda de las organizaciones sociales no gubernamentales el impulso, la restitución y el fortalecimiento de esta forma de mediación y resolución de conflictos, se nos antoja como un elemento programático de primer orden. En un país caracterizado en los últimos años por la intolerancia, la impunidad y la conflictividad disfuncional, instituciones como la “Justicia de Paz” estarían llamadas a jugar un papel relevante en la construcción de espacios democráticos de ciudadanía, de modernidad y para la resolución de conflictos en un marco de equidad, solidaridad y tolerancia.
La participación ciudadana y los derechos humanos
Otra vertiente en el campo de la acción cívica es la vinculada a los derechos humanos. Y en efecto, en nuestro país organizaciones no gubernamentales; tales como COFAVIC, PROVEA, el “Observatorio de Prisiones” o la Cruz Roja Venezolana; entre otras, han venido actuando legítimamente en defensa de los derechos humanos. Y es que, lamentablemente nuestro ambiente político polarizado, sumado al deterioro institucional y a un sistema de justicia ampliamente cuestionado y en deuda con su propia renovación, han generado situaciones de indefensión que afectan a la mayoría de población del país. De allí, que la acción de las organizaciones cívicas voluntarias en defensa de los derechos humanos se torne relevante en el ambiente hostil e intolerante que aún predomina en Venezuela. El sistema de defensa de la infancia y la adolescencia derivado de la Ley Orgánica de Protección al Niño y al Adolescente (1998), ha sido un importantísimo receptor de las iniciativas de la sociedad organizada. Allí en los Consejos Municipales y Estadales de Protección los representantes de la población, de las comunidades han venido ofreciendo sus mejores esfuerzos en un sector de actividad tan delicado y complejo como la protección de los derechos de esa población específica.
En síntesis, el 2005 presenta una amplia gama de posibilidades, de compromisos y de retos; tanto para la sociedad civil venezolana que se encuentra ávida de protagonismo como para los operadores políticos del país obligados en establecer en nuestro país una mejor democracia. El año comienza y, una nueva institucionalidad puede emerger. Adelante, sin miedo! El presente es de lucha, y el futuro nos pertenece a todos.
