Opinión Nacional

Acto revolucionario

Existe una diferencia ideológica entre ir a las elecciones y tomar el poder.

Lo primero significa asumir el gobierno para el usufructo del poder. Esto en
sí es un acto burocrático. Es darle continuidad a la reforma. Es tolerar la
vigencia del sistema político de democracia representativa. Mientras que
tomar el poder es un acto revolucionario. Es colocar el gobierno al servicio
del pueblo. Es darle viabilidad a la democracia participativa y directa. Es
consolidar el poder constituyente. Por lo tanto, los dos actos en cuestión
presentan diferencias conceptuales radicales. Tienen implicaciones de fondo
en lo que respecta al método y objeto para dirigir la sociedad.

En estos momento se hace mandatorio pasar a la ofensiva para profundizar la
revolución. Es ahora cuando se necesitan los actos revolucionarios, tanto en
su concepción ideológica como en su materialización concreta de la práctica.

El acto revolucionario se hace tangible con la toma el poder regional y
local. Ir al mando de los entes descentralizados para colocarlos al servicio
del pueblo. Tal como lo establece «el gobierno se transforma en instrumento
del pueblo». Buscar las gobernaciones, alcaldías, consejos legislativos y
demás órganos del poder local es ser consecuente con el Proceso. Esta es la
línea a seguir para ascender un nuevo escalón en la ruta hacia la
revolución. Tomar el mando de la gestión pública en los estados significa
materializar el cuerpo primario de los preceptos del poder popular. Es la
acción de la democracia directa.

No obstante, hay que aclarar que esa conquista tiene que hacerse con base en
la creación del poder constituyente. Llegar a ocupar estos cargos públicos
de elección popular es transformar el ejercicio del mando. No es para
repetir los esquemas burocráticos del usufructo del poder, tal como lo es
actualmente. Incluso, muchos de quienes gobiernan en los estados y en las
alcaldías del país, en nombre de la revolución, no se apegan a los
postulados del proceso, ni a la prédica ductora del Presidente.

Instalarse en los gobiernos regionales y locales es para luchar por el bien
común. Es reemplazar el modo de gestión del usufructo personal, por el de la
prosperidad de todos. Eso implica: (i) gobernar para el pueblo por medio de
la satisfacción de las necesidades colectivas e individuales del pueblo;
(ii) transferir la toma de decisiones a las comunidades organizadas en el
ámbito de su competencia; (iii) establecer el método de rendición de cuentas
ante las organizaciones comunitarias; (iv) darle consistencia a los mandatos
constitucionales de cogobierno (estado-pueblo), a través de las asambleas
populares, consejos de planificación local y proyectos de prosperidad para
el pueblo; (v) propiciar la vía constituyente para la transformación de las
estructuras rígidas que aún no se ajustan al nuevo modelo político.

Pero, crear el poder popular y luchar por su instauración demanda: (i)
identificación plena con el pueblo; (ii) ideales revolucionarios y (iii)
conciencia de servicio a la causa emancipadora. Si no se siente esto en el
alma, si no se ha incubado en el corazón, ni se ha practicado el bien común
fundamentado en el amor al prójimo, será muy difícil alcanzar las metas
revolucionarias. Sin espíritu revolucionario el pragmatismo corruptor
continuará vivo. Por lo tanto, solo la conciencia del colectivo logrará la
determinación de los líderes que se identifican con sus luchas. Es ahora
cuando se necesita la desintegración de las cúpulas y la eliminación de la
imposición a dedo. Es ahora cuando este método antidemocrático debe dar paso
al de las decisiones en asambleas y desde la base.

La toma del poder adquiere un nuevo sentido de lógica en el pueblo. Los que
aspiran su dirección, que asuman la revolución y luchen por ella. Luchen por
el poder popular. Procedan con base a lo que indica el acto
revolucioario.

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