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Desde hace varios años hemos reclamado la eliminación del débito bancario. Ese impuesto, que Chávez ha aplicado durante seis años y que fue establecido por Caldera en su segundo gobierno, es inconstitucional e injusto. Es un abuso que a los ciudadanos cuyos ingresos están exentos de pagar impuesto sobre la renta, debido a los miserables salarios que devengan, el gobierno los despoje de parte de sus escasos ahorros a la hora de realizar transacciones bancarias. Igual atropello constituye que a alguien que ya ha cancelado sus impuestos, bien municipales, bien sobre la renta, y que ha cumplido como contribuyente, el Estado le chupe la sangre en cada operación bancaria que realice.
Esa insistente solicitud de suprimir el débito bancario fue una de las ofertas que enarbolaron los candidatos que postulamos recientemente a la Asamblea Nacional. Al igual que se comprometían a legislar para recuperar un justiciero régimen de exenciones al IVA y al impuesto sobre la renta, reivindicaciones en las que se ha perdido terreno en estos últimos años, cuando como consecuencia de la eliminación de muchas de esas prerrogativas la clase trabajadora y las clases medias han visto disminuidas su capacidad de ahorro y de consumo.
Esta exigencia no ha sido irracional ni antojadiza. Vivimos un momento de ingresos petroleros altos y estables, hasta el punto de no contar el Estado con proyectos suficientes para absorber esa masa de dinero. Tanto así, que el gobierno ha presentado con habilidad propagandística la compra de bonos a otros países, Argentina entre ellos, y la acción política, los casos de Bolivia y Cuba, como programas de una estrategia continental solidaria, cuando en verdad no han encontrado cómo inyectar esos fondos a la economía nacional sin desatar un proceso inflacionario que complicaría aún más nuestra situación política y económica. Con tanto real, pues, ninguna justificación tenía el débito bancario.
Por todo esto, celebramos el anuncio que el Presidente Chávez hiciera hace pocos días, relativo a la anulación del referido impuesto. Es una decisión que hace justicia. Es una buena y oportuna medida.
También hemos reclamado que se instrumenten mecanismos que resuelvan la exclusión que viven quienes habiendo cancelado centenares de cotizaciones al Seguro Social, son sin embargo tratados como un cero a la izquierda por no llegar a la cotización N° 750. Por años hemos dicho que lo correcto es que a quienes están en esos casos, se les pague su pensión de acuerdo a lo que hayan cancelado en sus años como trabajadores. No es justo que si usted ha pagado 680 cotizaciones, ó 545, se le trate como si nunca hubiese pagado una. Lo correcto es establecer proporcionalidad entre lo que se ha cotizado y lo que después se recibirá como beneficio.
Aunque el Presidente no se refirió específicamente a este mecanismo, reveló que instrumentará acciones para que se haga justicia con quienes están en estos casos y para que puedan volver a cotizar quienes tienen cuotas pendientes con el IVSS. Esta es otra novedad que llama nuestra atención y merece todo nuestro apoyo.
Por supuesto es menester que no haya dilación administrativa después de los avisos presidenciales y que no se ofrezca como excusa que mientras el Jefe del Estado tiene la determinación de actuar, los funcionarios son incapaces de llevar a la práctica las medidas necesarias, o que son “infiltrados” del pasado. Esperamos que a esas buenas palabras le suceda la acción eficiente de la burocracia pública.
