Opinión Nacional

Áreas Reservadas

En los años setenta del siglo pasado, algunos amigos me solicitaron que hiciera gestiones para procurar la libertad de un antiguo compañero de estudios de la Escuela de Economía de la Universidad de Chile. Era perseguido por la dictadura de Pinochet y había sido detenido en Argentina, probablemente en ejecución del acuerdo entre los aparatos represivos de los gobiernos del Cono Sur que, como se supo años después, respondía al nombre de Operación Cóndor. Oficialmente su situación era que estaba retenido porque las autoridades no querían su presencia en Argentina, pero cabía la posibilidad de que fuera deportado a un tercer país que aceptara acogerlo. Esta última condición no era difícil de satisfacer, porque en ese entonces Venezuela, una de las pocas democracias que subsistían en el continente, se había convertido en un refugio hospitalario para los perseguidos por los regímenes militares de América Latina. Lo difícil era lograr el permiso de Argentina.

Todavía el gobierno de ese país era democrático y lo presidía María Estela Martínez de Perón, más conocida como Isabelita. Para hacer la gestión yo tenía la ventaja de que había conocido al Ministro de Economía, destacado líder peronista, y habíamos simpatizado. Pensé en consecuencia plantearle el problema, aprovechando que debía viajar a Buenos Aires, donde participaría en reuniones de trabajo en las que él estaría presente. Pero como se trataba de un asunto delicado, antes de hacerlo quise tantear el terreno y lo conversé previamente con uno de sus más cercanos asesores, que era mi amigo. Su reacción fue la siguiente: “No se te ocurra hacerlo. Lo pondrías en un aprieto. El no puede hacer nada. Esa es un área reservada a los militares, en la cual no pueden intervenir civiles, ni siquiera el ministro”.

Ese concepto de “área reservada” me dio muchas pistas. Por ejemplo, me permitió entender la actitud del equipo económico de los Chicago Boys de Pinochet, quienes decían no saber y no querían saber de los crímenes y torturas que cometía el gobierno en el cual participaban. También servía para comprender el caso de muchos colaboradores del gobierno de Juan Vicente Gómez que se mantuvieron al margen de los robos y trapacerías de los familiares y más cercanos allegados del dictador porque se trataba de asuntos que el General se reservaba. De manera más amplia, puede observarse que en los gobiernos autoritarios o personalistas hay áreas prohibidas, a las cuales sólo tienen acceso unos pocos privilegiados. Lo que a menudo degenera en que en ellas las decisiones las toma una instancia inescrutable e infalible. En Nuremberg, por ejemplo, una defensa habitual de los acusados era que ellos nada sabían sobre los campos de concentración.

El problema que crean las áreas reservadas es que para establecerlas deben destruirse las modalidades de actuación legalmente previstas. Cuando esto se hace formalmente se invocan “estados de excepción”, como hizo George W. Bush respecto de Guantánamo a propósito del ataque a las torres gemelas. Otras veces se inventa la emergencia. Pinochet alegaba que el país en el cual, según él, no se movía una hoja sin su consentimiento, se encontraba en estado de guerra civil. En Venezuela, la amenaza de invasión o guerra asimétrica ha servido de excusa para reservar exclusivamente al Presidente el control sobre las milicias, excluyendo en esta oportunidad a la Fuerza Armada prevista por la Constitución. También se ha intentado utilizar la amenaza de magnicidio para justificar medidas represivas.

En las áreas reservadas se concentra el poder y su manejo se hace menos transparente. Porque se obstruyen y relajan los mecanismos de control. El área reservada pasa a ser una caja negra sobre la que nada se sabe. Por eso tradicionalmente se les limitaba a actividades donde se valora el secreto, como el espionaje, o en donde el pudor aconsejaba no asomarse, como las debilidades de los dictadores con sus familiares y allegados. Pero con la destrucción de los mecanismos de control institucionales su uso se ha venido extendiendo. Ahora, bajo el falso nombre de “producción social” PDVSA intenta que se aplique a las actividades más variadas. Y con la excusa de la emergencia económica (que oficialmente no existe) la asignación de divisas ha sido reservada a la voluntad de una sola persona.

Si se extiende esta práctica, puede llegar a convertirse en una epidemia social que abarque desde los casos trágicos a que nos hemos referido hasta asuntos tan triviales como el del gestor que consigue papeles imposibles y cuando uno le pregunta cómo lo logró, responde: “no se preocupe, doctor, déjemelo a mí, yo sé lo que hago”.

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