Asamblea Nacional (R.I.P.)

Las diputadas Cilia Flores e Iris Valera son dos
expresiones una reposada, y la otra exaltada- de la
muerte progresiva e indefectible de la actual Asamblea
Nacional, convertida en una dependencia del Poder
Ejecutivo, sin brillo ni potencial propio. Nada
personal: a ambas las respeto y valoro en su justa
dimensión, pues esfuerzos valiosos han protagonizado,
a su manera. El problema es de fondo, e involucra a
todas y todos los miembros de la AN, a nuestra
población y, muy especialmente, a quienes nos
dedicamos a lo público, a pensar y actuar en política
(no en politiquería ni en los negocios sucios que
arruinan la lucha social y política). Sus antecedentes
inmediatos están en la naturaleza de la Asamblea
Nacional Constituyente de 1999 (su forma de elección,
componentes, actitudes y propósitos) y en su principal
producto, la Constitución vigente.

No me cansaré de reiterar que el peor condimento de
nuestra Constitución es la hipertrofia
presidencialista que le inocularon los constituyentes
de 1999: hicieron de la figura del Presidente de la
República un cuasi-monarca, con tal potencial de poder
que hizo de la representación popular nacional, la
Asamblea Nacional, un Poder Legislativo prescindible.

De hecho, el Jefe del Estado está capacitado
constitucionalmente para legislar en Consejo de
Ministros, previa autorización de la AN, en cualquier
ámbito de la vida republicana, desde el militar hasta
el cultural, lo económico o agrícola, lo
científico-tecnológico o lo policial.

La Constitución de 1961, en su artículo 190 referido a
las atribuciones del Presidente de la República,
establecía:
³8º.- Dictar medidas extraordinarias en materia
económica o financiera cuando así lo requiera el
interés público y haya sido autorizado para ello por
ley especial.

Esta sabia previsión constitucional fue considerada
insuficiente por los constituyentes de 1999, y le fue
eliminada la restricción a la materia económica o
financiera, decretando la prescindencia del
parlamento nacional, dado que su competencia esencial
en el cuadro interactivo de los Poderes Públicos es la
reserva legislativa, la cual sólo debe ser delegada
temporal y limitadamente en situaciones excepcionales
y bajo estricta observación parlamentaria.

Esa previsión octava del 190 constitucional de 1961,
fue aplicada recurrentemente desde el gobierno de
Rómulo Betancourt (1959-1964) y su presentación al
Congreso de la República, inicialmente, era prolija,
pormenorizada punto por punto y ley por ley objetos de
modificación. Es lo que conocemos en Venezuela como
Ley Habilitante, pues es el Poder Legislativo el que
habilita (autoriza) al Poder Ejecutivo (Presidente en
Consejo de Ministros) a legislar excepcionalmente.

Luego, como todo en el régimen bipartidista
consolidado en Venezuela a partir de las elecciones de
1973 que dieron un rutilante triunfo a Carlos Andrés
Pérez (1974-1979), las leyes habilitantes fueron
creciendo en cobertura, de hecho, y en delegación
facilona por parte del Congreso, hasta que
prácticamente se llegó a descargar en el Poder
Ejecutivo la materia legislativa, a comienzo de cada
período presidencial. Así fue con los últimos tres
presidentes: Carlos Andrés Pérez (1989-1993), Rafael
Caldera (1994-1999) y Hugo Chávez Frías (1999-2000,
2000-2007 y 2007-¿?).

En la Constitución vigente, la habilitación del
Presidente para legislar en Consejo de Ministros, es
abierta:
Artículo 236.- S 8) Dictar, previa autorización por
una ley habilitante, decretos con fuerza de ley.²
Entiéndase, en todas las materias, un exabrupto. Pero,
así fue y es la responsabilidad de los constituyentes
de la época.

Esa es la base del nuevo zarpazo político en
desarrollo, en contra de la independencia y el
equilibrio entre los Poderes Públicos, reducidos
peligrosamente al influjo del Jefe del Estado; y ahora
más, con la gravísima constitución de la Comisión
Presidencial para la Reforma Constitucional en la que
la presidenta del Poder Legislativo, el Fiscal general
de la República y el Defensor del Pueblo (Poder
Ciudadano) y la presidente de la Sala Constitucional
del Tribunal Supremo de Justicia pasaron a ser
subalternos del Presidente de la República.

Materia tan delicada como la militar le será entregada
(o es solicitada por el Ejecutivo) al Presidente y su
alto mando militar, quienes se cobrarán y darán el
vuelto, fabricando un suprapoder exclusivamente
dependiente del Jefe del Estado, de por sí ya
lesionada constitucionalmente la potestad legislativa
sobre la vigilancia, el control y las decisiones
atinentes al cuerpo militar de la República. Sólo un
ejemplo, pero todo lo demás, en la solicitud de
habilitación, es igual: el Presidente podrá
reorganizar el Poder Ejecutivo (escapando al control
legislativo, lo que también fue prácticamente
eliminado en la Constitución de 1999); reformular las
pautas del transporte terrestre, aéreo y naval;
reducir o eliminar la relativa independencia del Banco
Central de Venezuela; normar las políticas del saber
científico y los desarrollos tecnológicos; innovar en
cuanto a la función social de la propiedad; y hasta
cambiar la división político-administrativa de la
nación, exabrupto mayor, competencia básica de la
Asamblea Nacional (Estados y Territorios), los
Consejos Legislativos regionales (municipios) y los
Consejos Municipales (parroquias). No escaparon tres
áreas sensibles que revelan el fracaso de la gestión
Chávez, durante sus primeros ocho años de gobierno:
delincuencia y política carcelaria, infraestructura y
vivienda.

Asistimos a una simplificación bonapartista del poder,
con aires autocráticos y monopartidistas, todo
gracias a la complacencia de un coro de aplaudidores
que antes se distinguían por su capacidad crítica, y
también por la carga de ignorancia democrática y
humanista (equilibrio y contrapeso entre los Poderes
Públicos, no hay otra), en el seno de la Asamblea
Nacional.

En política, aciertos y errores se acumulan en
paralelo, como el debe y el haber en la
contabilidad, en la cual el rojo rojito significa
quiebra, tarde o temprano.

EL CONFESIONARIO
? EL 36 ANIVERSARIO DEL MAS (Movimiento al
Socialismo), sirvió el viernes pasado, para un
reencuentro de quienes a partir del 19 de enero de
1971, rompimos con la visión dictatorial del
socialismo y nos formamos en la búsqueda del
socialismo democrático liberador, antiimperialista y
profundamente justiciero. En marzo de 1996, siendo
diputado al Congreso de la República y miembro de la
Dirección Nacional de ese partido, yo renuncié
públicamente al MAS, por motivos ideológicos y éticos,
que con el correr de los años se fueron profundizando,
hasta el desdibujamiento de hoy. Acompañé a mis ex
compañeros de militancia, atendiendo su invitación y
por afectos humanos y políticos que nunca se borrarán
en mi rebelde espíritu. Felicito a su militancia,
actualmente atribulada por los magros resultados del
pasado 3 de diciembre; y a la vez, estimulo a sus
dirigentes honestos y fieles a los conceptos básicos
de la fundación del MAS, para que desarrollen una
discusión ennoblecedora y digna a fin de transformarlo
y reposicionarlo al servicio de la nación y los
desarrollos populares democráticos. Sólo rompiendo con
la corrupción y la derechización podrán resurgir
útilmente, contribuyendo a desarrollar un torrente
político y social alternativo frente al autocratismo
militarista y las pretensiones restauradoras del
neoliberalismo y los factores decadentes del
puntofijismo.

? FREDDY BERNAL, alcalde del Municipio Bolivariano
Libertador del Distrito Capital, tiene sobre su
cabeza, como todos los comienzos de años, la realidad
social, económica y política de la buhonería. No podrá
meterla debajo de la alfombra, como el polvo de casa.

En ocho años de gestión nacional, regional y
municipal, Caracas se ha hundido en el desorden, el
sucio, el abuso y la delincuencia. El tratamiento de
tal caos ha sido irresponsable y demagógico,
electorero. No es que los buhoneros tengan derecho a
invadir, privatizar y destruir los espacios públicos
como plazas, bulevares, aceras, calles y avenidas, en
nombre del derecho al trabajo, pero, a fin de
cuentas, ese vasto conglomerado de compatriotas es
víctima de las injusticias acumuladas y los fracasos
sostenidos de gestiones como la de Bernal, entre
otros, muchos otros. Caracas, siempre lo he dicho, es
víctima de quienes durante décadas han dado la espalda
a la indispensable visión estratégica para el
desarrollo capitalino. Nombres conocidos como Antonio
Ledezma, Aristóbulo Istúriz, Grüber Odreman y Alfredo
Peña suman una montaña de precedentes lamentables en
la victimización de Caracas y sus habitantes. ¿Cuántos
años de fracasos acumulados? Cada vez que paso por la
avenida Nueva Granada y veo (sufro, como todo
transeúnte) esa ofensa a la dignidad que es el
Terminal La Bandera, pienso en esa irresponsabilidad
compartida. El reordenamiento de la ciudad no es
cuestión de slogan publicitario. Requerimos una
nueva cultura de responsabilidad social, solidaridad,
eficiencia y capacidad política y gerencial para
incorporar a nuestra población al proceso de
saneamiento y revitalización urbana para una Caracas
realmente contemporánea, moderna y futurista. Juan
Barreto, alcalde metropolitano, debería ver Caracas
desde el Ávila, observar detenidamente lo que somos y
empinarse por encima de la diatriba enana que
involucra a los alcaldes municipales de Libertador
(Bernal), Sucre (Rangel Ávalos), Chacao (López),
Baruta (Capriles) y El Hatillo (Catalán). ¡Ah!,
también, el presidente Hugo Chávez, sus ministros y el
gobernador mirandino Diosdado Cabello. ¿Y los
diputados y diputadas de Caracas, Miranda y Vargas?
¿Será mucho pedir que articulen conocimientos,
estudios, voluntad y competencias en bien de nuestra
querida Sucursal del Cielos?
? HUMMER AMARILLA perteneciente a un hijo de
papá-gobernador estaría implicada en un crimen
pasional. Así me lo contaron, obviando nombres: la
novia dejó al joven adinerado hijo de papá-gobernador,
quien ofuscado por el despecho le dijo a la muchacha
que si se relacionaba con otro hombre, éste sería
víctima de su furia; ³!Lo mato!², bramó amenazante. Al
tiempo, la joven comenzó relaciones amorosas con otro
muchacho, y a los días éste es sorprendido por unos
homicidas que se transportaban en una camioneta Hummer
amarilla. Está muerto, sus familiares y amigos están
aterrorizados. Todo es silencio Un caso para el nuevo
ministro del Interior y Justicia, Pedro Carreño, la
Fiscalía General y el Poder Judicial. ¿Saben algo?
¡Justicia!!!