Asfixia presupuestaria
La «malversación» de los supuestos y extraordinarios presupuestos aportados por el Ejecutivo a las universidades públicas autónomas en estos últimos doce años, es de las matrices de opinión más lesivas en contra del presente y el futuro de nuestro país. Las autoridades rectorales, el núcleo de vicerrectores administrativos, las facultades y escuelas de Economía y las asociaciones gremiales, han sido las principales fuentes de aclaratorias y de rechazo ante esta falsa aseveración.
Sin embargo, la gravedad de la asfixia presupuestaria para este año fiscal 2011 se acentúa a niveles de gravedad sin precedentes. Entre otras consecuencias, resaltan los míseros e indignos sueldos y salarios, la descomunal deuda que sostiene el Gobierno con las universidades por diversos rubros, la apropiación de valiosos incentivos como el PPI o los aportes tipo Locti y la devastadora resolución de negar las divisas para nuestros laboratorios, bibliotecas y numerosas sedes físicas. El funcionamiento vegetativo acabaría con el promisorio proceso inicial de transformación y actualización académica, institucional y operativa que se encuentra en progreso en nuestros centros universitarios democráticos.
Ilustremos con cifras globales y, aunque parciales, no menos concretas. El breve análisis de los montos fiscales básicos del lapso 2000/2011 (publicados en la Gaceta Oficial a principios de cada año), sin incluir los legendarios «créditos adicionales» y otros aportes, revela que el Ejecutivo ha dispuesto de 1,09 billones de bolívares fuertes. Para el año 2000, el presupuesto nacional fue de 17,8 millardos. Las universidades recibieron 1,2 millardos (6,7% del nacional). A la UCV se le asignaron 235 millones (1,3 %). Para este año fiscal 2011, la Asamblea Nacional le aprobó al Ejecutivo un mínimo de 204,2 millardos. Todas las universidades públicas recibirán apenas 8,8 millardos (4,3% del nacional). A nuestra UCV se le asignaron otra vez 1,3 millardos que representan 0,62% del presupuesto de la nación.
Peor aún, casi 90% está destinado a gastos de personal.
No existe previsión alguna para honrar las normas de homologación que rigen desde 1982 los incrementos salariales del sector universitario o las ingentes deudas acumuladas, sino que el presupuesto «calcado» de los años anteriores, se hace insostenible por varias guillotinas adicionales: la profunda devaluación del bolívar con un diferencial cambiario inalcanzable, una inflación acumulada superior a 500% en los 12 años (la inflación no cesa con las 12 campanadas del año que se va) y la manipulación al momento de depositar dozavos, otras partidas fiscales o congelar las muy esenciales divisas. Una vez más, el presupuesto está calculado con el precio del barril de petróleo en menos de la mitad, pues se ubica entre 90 y 100 dólares americanos.
Con el respaldo de la opinión de nuestros expertos en las áreas financieras, económicas y sociales, sugerimos a los parlamentarios democráticos estudiar con la celeridad del caso el ajuste del presupuesto nacional fundamentado en un barril calculado en 70 dólares americanos. La ley contemplaría aplicar el incremento a las áreas prioritarias de alimentación, salud, educación, hábitat y seguridad ciudadana a escala nacional.
No existe impedimento alguno. También hacemos un llamado a los sectores democráticos de nuestras propias comunidades universitarias a dejar sin efecto conflictos laborales que perjudican y debilitan notablemente nuestras instituciones. Es una necesidad impostergable cerrar filas en la lucha por presupuestos justos y en la defensa invariable de la soberanía y de la autonomía de la universidad venezolana.
