Autor intelectual
Que la señora Luisa Ortega haya perdido la chaveta y redactado una propuesta de ley más propia de una dictadura fascista que de una comunista, no le quita responsabilidad, pero en el fondo ella estaba cumpliendo un mandado: silenciar, criminalizar a los medios. Que también en la Asamblea Nacional los diputados hayan sufrido un repentino y masivo ataque de amnesia puede ser un detalle folklórico y hasta cómico del asunto si no fuera porque cada vez que la señora Luisa Ortega decía una barbaridad, un exabrupto, se paraban y aplaudían histéricos.
Pero a los pocos días, luego del escándalo a escala internacional y de las protestas locales, «el comandante mandó a parar», en la AN nadie había visto, nadie oyó nada. «Luisa Ortega, Luisa Ortega, me suena»; «ley de delitos mediáticos aquí en la AN, no, nunca se ha hablado de ese tema».
Que la señora Lina Ron con 25 motorizados, armados de pistolas y bombas lacrimógenas que sólo pueden adquirir los cuerpos policiales, asaltara Globovisión no puede verse como un hecho aislado y que se resuelve con la supuesta prisión de la asaltante. Vale la pena recordar la existencia de la sentencia de la CIDH que relaciona el discurso violento del jefe del Estado y de altos funcionarios públicos con los ataques a los medios, en general, y contra este canal de noticias en particular.
Que el teniente Diosdado Cabello haya resuelto cerrar de un plumazo 234 emisoras de radio, sin el debido proceso y con la argucia de una supuesta democratización del espectro radioeléctrico, sólo puede engañar a los desprevenidos que confunden culto a la personalidad con socialismo, aunque quizá sea más claro para quienes identifican culto a la personalidad con socialismo del siglo XXI. En cualquier caso, todos oímos nítidamente «Diosdado estoy esperando».
Que en la AN, totalmente de espaldas a la ciudadanía y desatendiendo el mandato constitucional de la consulta pública durante el proceso de aprobación de las leyes, tiemblen ante el toque de diana del comandante y que de rodillas en tierra nos impongan una ley electoral que viola los artículos 63, 162, 186 y 293 de la Constitución y transfiere absoluta discrecionalidad al poco confiable Consejo Nacional Electoral para garantizar la permanencia del oficialismo en el poder no ha sorprendido a nadie siendo este ente electoral parte de la comparsa. Como muestra un botón: todavía el jefe máximo no ha promulgado la ley y ya el CNE publicó un remitido cantando loas al nuevo instrumento legal, burlándose de las peticiones ciudadanas que le reclamaban su ominoso silencio y su obligación de cumplir con la disposición constitucional de garantizar «la aplicación de la personalización del sufragio y la representación proporcional» (artículo 293).
Que la Asamblea Nacional, arrodillada en tierra, apruebe una ley orgánica de educación que desnaturaliza la misión pedagógica de la escuela, violenta la autonomía universitaria, impone un pensamiento único y el control por consejos comunales politizados en el mejor (o peor) estilo de los CDR cubanos, obedeciendo la orden que la constriñe a tenerla lista para el inicio del año escolar, es apenas otra raya para un tigre que en realidad es un gatito bien domesticado por su amo. ¡Miau…! Que en el acto aniversario de la Guardia Nacional los y las representantes de los poderes públicos hayan aplaudido delirantes cuando alguien dijo que metería el acelerador de la revolución, del socialismo, no es sino un maravilloso «ritratto di famiglia in interno» del poder público (sic) de Venezuela A partir del 2 de diciembre de 2007 cuando el pueblo soberano de Venezuela rechazó el proyecto inconstitucional de reforma de nuestra Constitución y el poder constituido se resiste a obedecer la soberanía popular allí expresada, los venezolanos vivimos en un estado de crispación, de incertidumbre, zozobra e inquietud que compromete el futuro pacífico de la nación. Hemos intentado un rápido compendio de los autores materiales de las sistemáticas violaciones de la Constitución y de los cómplices que atentan contra la paz de la República. Ellos, en su momento, más temprano que tarde, responderán al artículo 25 de la carta magna: «Todo acto dictado en ejercicio del poder público que viole o menoscabe los derechos garantizados en esta Constitución y la ley es nulo, y los funcionarios públicos y las funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa (…) sin que le sirvan de excusa órdenes superiores».
Sin embargo, no perdamos de vista al autor intelectual.
Sobre todo cuando, dentro de muy poco tiempo, aparezca con su cara de santico leyendo poemas de amor.
