Opinión Nacional

Buenas Intenciones

Aunque las charreteras y los uniformes dominan la atención y la agenda inmediata del país, en un clima en el que la obstinación pelea cuerpo a cuerpo con la paciencia ciudadana que espera y desespera por el fin del trance chavista, la economía sigue su curso, arrojando señales sobre las razones que, más temprano que tarde, marcarán el punto de inflexión de esta crisis.

Ronda en el ambiente (probablemente ya un hecho cuando usted lea estas líneas) la posibilidad de que el gobierno prorrogue por un mes más la inamovilidad laboral, asumiendo que la medida busca defender a la clase trabajadora de los diabólicos y bandidos empresarios que parecen empecinados en quebrar empresas.

Detrás de esta fábula oficial se esconde, como en otras ocasiones, la tradicional concepción de todo gobierno y especialmente éste, creador de polarizaciones y extremismos, de que aunque se esbocen planes perfectos y ambiciosos, pese a que se defienda el matiz pretendidamente social, humano y popular de todas las medidas oficiales, la fastidiosa y empecinada realidad de los hechos, se empeña en destruir cual marea macabra, los castillos de arena retóricos de la “revolución”.

Las expectativas negativas sobre el país, la crisis fiscal, el desempleo y la imposibilidad de generar al menos un microinstante de tranquilidad, confianza y seguridad jurídica e institucional a la inversión nacional y extranjera, impiden la reactivación económica del país. Cualquier proyecto, medida, sueño, devaneo o intento de coherencia en el ánimo declarativo de cualquier ministro o funcionario oficial, se esfuma y deviene vacuo papel higiénico tan pronto la lengua del señor Chávez empieza a salivar cualquier disparate del tipo “nuestra estrategia económica está aquí en la Constitución Bolivariana”.

La Constitución es texto normativo y fundamental por excelencia, concreción filosófica que describe un deber ser, un proyecto de nación. Un presidente de la República, jefe del gobierno, transitorio funcionario representante del Estado, tiene como meta principal en una democracia no sólo diseñar, esbozar o soñar, sino aplicar, instrumentar, realizar, concretar y ejecutar las decisiones y políticas que en función de la coyuntura y de las necesidades colectivas, resuelva los problemas mediatos e inmediatos de la gente, y creen riqueza, trabajo y bienestar a largo plazo a quienes votaron y no votaron por él, es decir, a la nación toda.

Pero gobernar, resolver problemas, en el más proactivo, pragmático y dinámico significado del término, parece tarea indigna y oprobiosa a la majestad del Presidente, a quien una sesión de mutuo jalamecateo pseudorevolucionario con Fidel seguramente le eriza la piel como Tobías Nobrega explicando las necesidades de financiamiento del próximo año nunca lograría.

La creación del Banco del Pueblo y el de la Mujer, los decretos de estímulo a la pequeña y mediana empresa, el apoyo discursivo a la gestión cooperativa, el anuncio de un Ministerio de la Economía Social, la Ley de Microfinanzas, por mencionar algunos, son evidencias supuestas del tinte “humano”, “social” y “popular” de defensa de los pobres que enarbola el gobierno, que se derrumban y desvanecen en un nanosegundo cuando leemos en la prensa que una sub-comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional ha presentado un informe según el cual se han detectado 44 irregularidades en el Banco del Pueblo; cuando el investigador Luis Pedro España afirma que “entre 67 y 70% de los hogares venezolanos se encuentra en pobreza de ingreso, lo que representa un incremento de 10% este año con respecto al 2001”; cuando se revisan diariamente las cifras del número de empresas cuyo cierre anuncian, cual estadística fúnebre, los distintos voceros gremiales; cuando hasta el propio Ministro Ramón Rosales invoca más flexibilidad al decreto de inamovilidad; cuando se constata que el paradigma económico asumido en el alto gobierno parece descansar en el elogio del buhonerismo y la informalidad como perfectas manifestacioes de productividad, generación de empleo y estabilidad laboral, y en el conuco y la cría de gallinas platabanderas como piedras filosofales de cualquier política económica; y cuando se conoce la particular concepción demagógica y populista según la cual la revolución censura a la riqueza, y propugna una democratización de la pobreza, al tiempo que se aplican medidas olorosas a neoliberalismo y se desmonta cualquier vestigio institucional de las medidas, planes o programas sociales aplicados años atrás para aliviar coyunturalmente a los sectores más pobres del país.

La discusión mundial sobre el futuro del capitalismo y los matices del modelo económico vigente, así como la emergencia de nuevas formas de entender y asumir el crecimiento económico están a la orden del día. No obstante, las buenas intenciones no son suficientes para decretar la felicidad revolucionaria y la defensa de los pobres.

Ojalá no sea tarde para evitar el empeoramiento de la situación, en todos lo órdenes del país, ni para que las buenas intenciones puedan convertirse en hechos tangibles y provechos para los venezolanos. Parece, sin embargo, que el tiempo se ha acabado. Y la paciencia civil y militar también.

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