Cambios malignos con fines perversos
El término revolución procede de la astronomía, concretamente del libro de Copérnico publicado en 1543; el propio Kant llamará a su obra «giro copernicano»; pero no es sino hasta Gabriel Bonot, Abate de Mably, 1765-1788, que se cambia el sentido inicial de catástrofe hacia el sentido de logro de un orden político nuevo. En Venezuela, el término de revolución, acuñado con su nueva aceptación por la Revolución Francesa, ha dado un nuevo giro hacia un significado que implica la destrucción de un orden social, y se usa como comodín para cualquier cosa o desafuero que se le ocurra al Gobierno.
Así, una colcha de retazos jurídicos doctrinarios fundidos en 350 artículos, en donde no se observa ningún logro que implique un nuevo orden de cosas, es calificada como Constitución revolucionaria. La tesis de los cinco poderes, un supuesto invento de nuestros constituyentistas, ya existía en la Constitución de Taiwán, por ejemplo. Todas y cada una de las supuestas novedades son incorporaciones ya hechas con anterioridad por algún texto o importadas desde las esferas doctrinales o jurisprudenciales. No existe nada nuevo que fuese producto de la creación o fabricación del intelecto de los constituyentistas, salvo la incorporación del comodín que servirá al Gobierno como pretexto apologético de todos sus desafueros, como lo es el calificativo de “bolivariana”.
No es difícil apreciar la forma de conciencia que se manifiesta en la elocuencia con que se pavonea el Gobierno con esa palabra bolivariana: Cuanto menos espiritual es, más habla del «espíritu bolivariano», cuanto más muerto e insípido es su discurso, más usa las palabras «revolución bolivariana», cuanto mayor egoísmo y vacía altanería revela, más que nunca muestra en su boca la palabra «pueblo bolivariano».
Pero con el pretexto “bolivariano”, el Gobierno realiza cambios malignos para conseguir determinados fines perversos, tales como los cambios operados en nuestra misma Constitución (el período constitucional), la creación de Ley Mordaza, los cambios para la Ley de Educación, y la reforma del Código Penal, con la finalidad de reinsertar la legislación en los principios contenidos en los dogmas arcanos no escritos propios de este Gobierno, cuales son: la idolatría al jefe de Gobierno, en donde el amor al “Führer” se convierte en un concepto jurídico; la penalización de la disidencia política, y el castigo a sus adeptos por indiferencia, comedimiento y deslealtad a ese jefe.
Pero también el Gobierno maneja una serie de variables que utiliza como medios para lograr fines inconfesables, tales como: a) la destecnificación de PDVSA con el fin de vencer la resistencia de utilizar a la empresa como medio para insertar a la República de Cuba dentro del mercado latinoamericano vía Venezuela, e importar de esa isla la tecnificación de los instrumentos de control e ideologización de la sociedad, para distribuirlos por todo el continente (recordemos, que al igual que Texto venezolano, la Constitución cubana en su artículo 1º califica a ese país como democrático); b) la reforma de la Ley del Banco Central, con el objeto de facilitar el uso a discreción de los dineros públicos con la finalidad de atomizar a nuestra sociedad, para facilitar el proceso de ideologización, y para exportar el concepto de bolivarianismo en la desestabilización de otros países del continente, debido a que los dineros del presupuesto han sido agotados por derroche, tanto los provenientes de los ingresos petroleros y no petroleros, como de las utilidades cambiarias, de los ahorros contenidos en los recursos del FIEM y de los provenientes del incremento colosal de la deuda interna y externa; c) la discriminación política con la finalidad de secuestrar la voluntad de parte de la sociedad y castrar la disidencia; d) el intento de desmantelamiento de la Guardia Nacional y la DISIP, relegándolos en sus actividades propias, interviniéndolas con funcionarios cuya misión es putrir al militar o policía de carrera, con la finalidad de sustituirlos con técnicas policiales adoptadas del G2 cubano, cuyos miembros ya operan en Venezuela, tales como Julio Casas Regueiro y Wilfredo José Rodríguez; e) la creación de la Ley de Tierras, con el fin de ir confiscando la propiedad privada de los venezolanos para hacer y lograr una sustitución oligárquica; f) los cambios en la metodología de medición de las estadísticas del Gobierno, con fines mediáticos y de ilustrar una imagen hacia el exterior en donde el Gobierno aparezca triunfante en los índices de desempleo, pobreza, desnutrición, etc.
Todo esto ha sido factible por el control absoluto de las instituciones del Estado por parte del Gobierno, lo que no sería factible dentro de un sistema democrático, aunado a las circunstancias de riqueza súbita que ha experimentado este Gobierno, que le ha permitido derrochar hasta la saciedad ingentes sumas de dinero para lograr sus propósitos, y mantener una falsa expectativa de riqueza en sus seguidores.
Sin embargo, lo que no puede cambiarse con técnicas metodológicas, por más que se intente, son las cinco mil empresas cerradas en el país, es el desempleo galopante que bordea el 55% de la masa trabajadora, es el incremento desmesurado de la pobreza, y son las muertes provocadas por la desnutrición, eso no lo pueden borrar de la mente y alma del noble pueblo de Venezuela, porque aunque se desnaturalicen las instituciones impidiendo de esa forma el que la sociedad pueda tener puentes de interrelación con el Gobierno, precisamente para denunciar y frenar todos estos desafueros, aunque se mantengan totalmente confinados al margen de la realidad nacional, el grito del pueblo tarde o temprano hará temblar las barreras que lo separan de sus gobernantes, y desarmará las bayonetas que conforman ese circulo impenetrable que acordona al Gobierno al margen del pueblo de Venezuela.
