Caos vial e ingobernabilidad
Ningún otro hecho ocurrido en Venezuela en los últimos 25 años, es tan sintomático de la grave crisis de ingobernabilidad que padece la república, como el deterioro, agravamiento, inhabilitación y probable derrumbe, del viaducto de la autopista Caracas ˆ La Guaira. Ello ha servido para evidenciar palmariamente la crisis del país, pero sobre todo la incompetencia del actual régimen. Desde 1984, cuando se tenía certeza de los graves daños que aquejaban a la obra, han pasado por el ministerio de transporte y ahora infraestructura, 18 ministros; es decir que en 21 años dieciocho equipos diferentes tuvieron en sus manos la problemática del viaducto y nada hicieron. Eso da a 0,85 ministros por año en todo ese período, comenzando por el inefable Juan Pedro del Moral, portugueseño y dueño de guantes Tamanaco, que fue el ministro que duró más tiempo en el cargo, con cuatro años al frente del ministerio, y continuando con nombres como Fernando Martínez Motola, Rodolfo Smith y militares como Orozco Graterol. En el período chavista en 7 años, seis ministros tuvieron el problema en sus manos y fueron incapaces de hacer nada para impedir su debacle y por ello tienen mayor culpa, ya que tuvieron tiempo suficiente para construir una vía alterna y evitar el colapso que antes era previsible, pero que entonces era una certeza. En esta lista de honor está el delfín de Chávez, el furrialero Diosdado Cabello, y Julio Montes posterior estelar ministro de la vivienda. La tragedia del desastre del viaducto le corta a Venezuela el acceso a su aeropuerto y a su puerto más importante ¡menuda cosa! y tiene una connotación política, económica y social inconmensurable. Además de la falla gerencial de los equipos humanos que pudieron haber solucionado el problema, es evidente la falta de mecanismos serios de planificación estratégica, de previsión de problemas, de seguridad nacional y de visión de un Estado moderno. Este desastre es impensable en cualquier país desarrollado, donde una estructura puede ceder por graves accidentes naturales, por saboteo terrorista e incluso por fallas estructurales, pero nunca por desidia de los gobiernos, como es el caso que nos ocupa. La obra majestuosa y cincuentenaria, fue concebida como una visión futura de país; sirvió al desarrollo nacional y en pago los gobiernos sucesivamente la abandonaron. Sin una política de mantenimiento preventivo de obras físicas los gobiernos sólo se preocuparon del día a día; pero algo más, nada hicieron por impedir la proliferación de barrios aledaños que con sus efluvios contaminantes corroyeron la estructura de la roca en la que se afincaba el puente. Claros en las consecuencias a largo plazo que el urbanismo precario y azaroso traería sobre la obra, los gobiernos se desentendieron del asunto, haciendo gala de un rigor improvisatorio reñido con todo intento serio de planificar responsablemente una gestión de gobierno que le diera a sus ciudadanos la posibilidad cierta de vivir en un país desarrollado y moderno. En 1996, teniendo claro que no había otra opción, y que el colapso era sólo cuestión de tiempo, se licitó la concesión de la autopista por 30 años, en cuyo contrato se estipulaba que la empresa ganadora construiría un nuevo viaducto, inversión que recuperaría del cobro de peaje en el período de duración del contrato. Pero he aquí que el nuevo gobierno revolucionario objetó el contrato, impidió la sinceración del cobro del peaje y aprovechó una huelga de gandoleros para congelar, por gaceta, la tarifa. Esto hizo que la empresa se retirara, demandara a la nación en un tribunal internacional, juicio que ganó, y Venezuela quedara sin la obra. Si el viaducto se cae, simbolizará en la mente de todo venezolano, el desmoronamiento del régimen, por ello pretenden dinamitarlo.
