Caracas entre la improvisación y la planificación
(%=Image(6489423,»L»)%)Entre una política pública participativa y bien estructurada, y el lanzamiento de globos de ensayo hay diferencias abismales. Es la eterna confrontación entre planificación e improvisación. Nos acostumbramos a ambos estilos, esperando con resignación, observando como la ausencia de políticas públicas eleva la vulnerabilidad de Caracas.
Hoy, cuando la emergencia habitacional requiere de los mejores esfuerzos del Estado, del sector empresarial y de organizaciones sociales, hay más globos de ensayo circulando en cualquier dirección que políticas coherentes para atender un desafío de tan vastas magnitudes. Lo peor es que más de uno de esos globos ha estallado por la presión de las pasiones humanas desbordadas, fuera de control para medir los daños colaterales.
Si continúa imponiéndose la tesis de ensayar soluciones efectistas por sobre políticas públicas serias, concertadas, que debería liderar el órgano rector responsable de la política habitacional en el país, los resultados no sólo generarán mayor caos, sino que además contribuirán a exacerbar los ánimos de las familias que claman por un techo propio. Lo triste del caso es que la protesta de quienes se cansaron de esperar promesas, que sobreviven a su drama en refugios sólo por esa tremenda fortaleza inherente a los venezolanos, tiene sobrada justificación.
En aras de un populismo exagerado y de fórmulas irreflexivas se orquestaron las invasiones y expropiaciones de inmuebles al mejor estilo “far west”. Pero la mayor ligereza se produce con la amenaza sobre los Campos de Golf, con la pretensión de construir viviendas de interés social en los terrenos más caros de Caracas. Por ese camino se violentan la Constitución y las Leyes, entre ellas, la Ley de Expropiaciones por Causa de Utilidad Pública y Social.
La vía de las expropiaciones es desesperanzadora para los damnificados, el estrato que supuestamente está en la primera línea del beneficio inmediato de viviendas. En Caracas, donde se concentra el 23% de la población nacional, existe un déficit estimado en 400 mil unidades, lo cual significa que si la Alcaldía Mayor ha expropiado 4.000 inmuebles, podrán beneficiar sólo a 20.000 personas. Y no serán precisamente los más sufridos, los que llenan planillas todos los días, que van a tener acceso a viviendas. La nómina de la alcaldía es de 65.000 personas, y resulta que bomberos, policías, y docentes también aspiran a ser propietarios de esos inmuebles, aun sin ser parte de la emergencia.
Hay otros 700 inmuebles en la lista de nuevas ocupaciones. Se podría dar techo a otras 3.500 personas, pero ¿que pasará con los casi dos millones de caraqueños sin techo que quedarán por fuera de la fórmula facilista de la expropiación? Significa ni más ni menos que la Alcaldía Mayor no tiene interés por resolver la carencia habitacional, porque con estas acciones está entrabando el derecho a la vivienda propia o alquilada.
La crisis es más profunda y hay que enfrentarla con responsabilidad. No es atropellando la propiedad privada, ni generando pánico colectivo que se va a reducir el déficit. La solución es trabajar en dos frentes: construir masivamente en los terrenos definidos por el MINVH; y detener la producción informal de viviendas en las áreas inestables, para que no se repitan los desastres de Nueva Tacagua, La Silsa, Casalta y tantos barrios que han sucumbido. Venezuela tiene una de las cifras más altas del mundo en informalidad habitacional, con un 77%, superada sólo por Brasil y Filipinas que tienen un 86%. Y la mayor parte de los ranchos y viviendas en zonas de alto riesgo están en Caracas.
Es trabajando y no despojando de su propiedad a quienes han luchado por su patrimonio familiar; es generando confianza en los inversionistas; es evaluando las propuestas para reurbanizar Caracas, sin que ello signifique la asfixia de la ciudad, que se pueden ir gestando respuestas valederas a tan compleja situación. Para ello se requieren políticas públicas coherentes, sobre todo participativas, y desechar la improvisación.
(*) Economista. Director General del Centro Inmobiliario Profesional (CEINPRO)
