Constituyente económica
El largo discurso pronunciado por el presidente Chávez sobre el tema económico alivia el encrespamiento que desde que asumió la Presidencia se apoderó de una oposición irracional, a veces hasta ridícula, que encontró en el insulto y la difamación la mejor manera de combatirlo. El rotundo fracaso que sufrieron, la contundencia del triunfo y el convencimiento de que tendremos Chávez por, al menos, seis años más, calmaron los ánimos, la resignación moderó la agresividad, incluso muchas voces, hasta empresariales, dieron loas al discurso tanto por su llamado a concordia, como por la referencia a la política económica a emprender que el Presidente fundamentó en la nueva Constitución y calificó esta nueva etapa como «constituyente económica». Una comisión – ¡ Ay las comisiones! – reglamentará la Carta Fundamental en materia económica previa encuesta desde los pescadores hasta los más empingorotados de los empresarios. Dudo que un pescador sepa cómo hacer de Venezuela una potencia pesquera y menos, cómo nuestros empresarios de siempre puedan revolucionar la economía. Aún recuerdo cómo éstos me atacaron ferozmente cuando ocupé la cartera de Fomento, en l980, y se me ocurrió plantear una economía de mercado, una economía de competencia que rompía los privilegios económicos, implícitos en los mecanismos burocráticos.
Deseo recordar a la Comisión mencionada tres preceptos, sobre los cuales el Presidente no habló, pero están consagrados en la nueva Constitución: Primero: La Cláusula Sexta de la Disposiciones Transitorias del texto constitucional establece: » La Asamblea Nacional en un lapso de dos años legislará sobre todas las materias relacionadas con esta Constitución «, cuyo incumplimiento acarrearía, de acuerdo con el espíritu de esa Carta Fundamental revolucionaria, la disolución de la Asamblea.
Segundo. El artículo 302 estatuye: » El Estado promoverá la manufactura nacional de materias primas provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables». Este concepto, que debe plasmarse en una ley, rompe con el que se impuso en la IV República desde Rómulo Betancourt, es decir, exportar, como política, nuestra materia prima minera, convirtiendo así a Venezuela en un país de corte colonial. Una colonia, clásica o moderna, se caracteriza por ser exportadora de su materia prima hacia las grandes potencias manufactureras. De tal manera que un país subdesarrollado se puede definir, como un exportador de sus riquezas no procesadas y una nación desarrollada un país manufacturero, creador permanentemente de fuentes de trabajo. Veremos como la Comisión tratará este concepto fundamental contenido en nuestra Constitución.
Tercero. Artículo 113: «El Estado adoptará las medidas que fueren necesarias para evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio, del abuso de la posición de dominio de las empresas y de las demandas concentradas (monopsonio), teniendo como finalidad la protección del público consumidor, los productores y el aseguramiento de condiciones de competencia económica.». » La Asamblea Nacional (cláusula decimoctava) dictará una ley que establezca, entre otros aspectos, el organismo de supervisión, control y fiscalización que deba asegurar la efectiva aplicación de estos principios y las disposiciones y demás reglas que los desarrollen». Estas disposiciones fueron inspiradas por la legislación norteamericana – no la de Cuba ni la de China ni la de Libia – vigente en los Estados Unidos desde el siglo pasado y forma parte del secreto del gran desarrollo económico de ese país.
La Comisión de la Constituyente Económica debe profundizar la legislación norteamericana para darle cumplimiento al ineludible mandato de nuestra Constitución.
La revolución económica de Venezuela está contenida en los preceptos enunciados. Ignorarlos, como seguramente lo propugnará el empresariado venezolano y los teóricos del subdesarrollo neoliberal, es traicionar las promesas del Presidente Chávez, desde el inicio de su campaña electoral. Esperemos.
