Opinión Nacional

Crisis de gobernabilidad

Cuando Hugo Chávez apareció en la escena política venezolana, no fueron
pocos los que saltaron de la emoción: intelectuales, profesionales y por
supuesto el pueblo. Existió una sensación de admiración tremenda, por que
al fin hubo quien señaló directamente y sin temor alguno a quiénes eran
considerados como culpables de la crisis de nuestra democracia.

Uno de los ángulos más interesantes de la justificación de la intentona
golpista del 4F de 1992 fue precisamente la intromisión de los partidos
políticos en la institucionalidad militar. Para las Fuerzas Armadas era
aberrante depender de las cúpulas partidistas al momento de los ascensos.

La penetración de los partidos políticos en la institución militar, fue
entre muchos otros motivos relacionados con la gobernabilidad, un factor
decisivo para que los militares se decidieran a atentar contra un gobierno
legalmente constituido, producto de un proceso electoral absolutamente
lícito, que posteriormente al ser cuestionado en su legitimidad, fueron
activados mecanismos institucionales y constitucionales, para resolver la
inestabilidad en que degeneró dicho régimen.

La ausencia de gobernabilidad la venimos padeciendo desde hace mucho
tiempo. La consolidación de la democracia venezolana se produjo como
consecuencia de un pacto entre las fuerzas políticas y sociales luego de la
caída de Pérez Jiménez: el Pacto de Puntofijo. Debido a las amargas
experiencias de la dictadura, la clase política venezolana entendió que
sólo unidos bajo unas reglas de juego claras, era posible echar a andar la
democracia en nuestro país.

Sin embargo, la posterior ruptura del pacto, nos llevó a la conformación de
un modelo político donde el bipartidismo nos condujo por un embudo a un
sistema de conciliación de élites, bajo cuya estructura, el clientelismo
político y el populismo pasaron a ser las características predominantes del
sistema político venezolano.

La institucionalidad se resintió, inevitablemente. Los partidos acordaban
los cargos más importantes, el Fiscal General de la República (aun cuando
era una regla no escrita que el Fiscal General no fuese un representante
del partido de gobierno), el Contralor General de la República, el
presidente de la Corte Suprema de Justicia, según cuotas, llegando a lo más
insólito: ¡se debatían las fichas correspondientes a las corrientes
internas de cada partido¡

Esto nos llevó a un quiebre de la institucionalidad, que se manifestó en la
poca confiabilidad en la democracia como régimen de gobierno.

El deterioro fue aumentando porque la sociedad no encontró los canales de
participación -secuestrados por los partidos políticos- que le permitieran
manifestar su posición, resignándose a un papel intermitente en cada
elección nacional, regional y local.

Los esfuerzos de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado
(COPRE), por ofrecer la visión de un país moderno al que podíamos aspirar,
fueron quizá la oportunidad más clara de apostar a un cambio, sin embargo
faltó la voluntad política de ejecutarlos.

El comienzo del fin lo marcó la ruptura del bipartidismo con la reelección
de Rafael Caldera. El paso siguiente con toda lógica, fue el triunfo de
Hugo Chávez, pues en ello se resume el desprecio del país por una clase
política corrompida por el poder.

La llegada de Chávez a la primera magistratura nacional generó amplios
temores y expectativas. Para muchos fue un castigo, para otros la esperanza
de un cambio. Hoy estamos ante un enorme fraude, pues para uno y otro
sector, el balance debería ser el de una transformación política a la que
llaman proceso, que consiste en la destrucción de un sistema político para
sustituirlo por un modelo por el que se debaten algunos en calificarlo de
revolucionario, autoritario, facista o castro-comunista.

Aquellos que creen en el llamado proceso lo interpretan como la posibilidad
de darle al pueblo el poder de decisión. Los que lo critican señalan su
compromiso con la implantación de un régimen totalitario.

Si atendemos a la realidad de los hechos, Hugo Chávez comenzó por repudiar
la Constitución de 1961. Con una tenacidad incuestionable, nos condujo a
una serie de procesos de consulta que parecían interminables: el Referéndum
Consultivo del 25-04-99, el Referéndum Aprobatorio del 15-12-99, las
Elecciones Presidenciales de 2000, las Elecciones Municipales y el
Referéndum Sindical.

Hasta ese momento estaba operando el desmontaje de una estructura de poder
que hacía inviable la implantación de su proyecto político. Su promesa era
que una vez culminada la fase política, comenzaría inmediatamente la
económica.

Sin embargo, en el transcurrir de la etapa política, el presidente fue
arremetiendo contra algunos sectores con tal contundencia que, los medios
de comunicación social, otrora factores importantes en su proyección
victoriosa, pasaron a ser enemigos del proceso.

Por supuesto, que en el camino se fueron quedando los partidos políticos,
dejando a la sociedad a merced del proyecto revolucionario. Los resultados
electorales daban cuenta de una tremenda incapacidad de respuesta por parte
de los sectores contrarios al proceso, no en balde opinaban algunos
analistas que Chávez necesitaba con urgencia de una verdadera oposición.

Una vez alcanzado el soporte institucional y constitucional, todos
esperábamos la activación de la propuesta económica. Sin embargo, los
planes de desarrollo parecían inexistentes frente a la enorme atención que
recibía el Plan Bolívar 2000, que era el centro de las políticas públicas
desplegadas por el gobierno. No tardaron en aparecer denuncias de malos
manejos de los recursos destinados a dicho plan. Con ello quedó al
descubierto la poca voluntad del gobierno de hacer buena su palabra de
luchar contra la corrupción.

Las debilidades del gobierno para conducir el Estado eran evidentes: el
desempleo fue en aumento, la ausencia de incentivos para la inversión
privada, la inexistencia de políticas públicas coherentes, la inseguridad
personal y jurídica, fueron configurando un panorama sombrío para un
verdadero cambio.

Los antagonismos se fueron acentuando con la promulgación de un conjunto de
leyes en el marco de la Ley Habilitante, que en algunos casos se llegaron a
interpretar como violatorias del derecho a la propiedad privada.

La falta de instituciones independientes comenzó a ser más que una
presunción. El poder legislativo operando como una aplanadora; el poder
judicial respondiendo a los intereses del ejecutivo, el poder ciudadano con
representantes del presidente y el poder electoral como apéndice del
gobierno.

La fragilidad institucional fue profundizando la brecha entre quienes
defienden el proceso y quienes lo adversan, sin embargo no fue sino hasta
2001 que se comenzó a formar un frente opositor: el decreto 1011 sobre la
Supervisión Educativa marcó el inicio de movilizaciones de la sociedad
civil contra acciones concretas del gobierno.

Hacia finales del año la voluntad de luchar contra lo que se consideraba
como acciones inconstitucionales del gobierno se manifestó con el primer
paro cívico nacional del 10 de diciembre, luego vendrían otras
movilizaciones, como la del 23 de enero de 2002, emblemática por ser la
primera gran demostración del músculo social opositor.

En el marco del segundo paro cívico nacional convocado por la oposición,
sucedieron los hechos de abril que todavía hoy conmocionan al país. En este
escenario los acontecimientos se desarrollan con tal velocidad que se
despide a unos altos ejecutivos de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA),
líderes del paro petrolero, se comete una terrible matanza de manifestantes
el 11 de abril, el ejército desconoce la autoridad del Presidente Chávez,
se nombra un Presidente Interino, Pedro Carmona Estanga, se produce una
ruptura del hilo constitucional al disolverse los poderes y se devuelve a
la Presidencia a Hugo Chávez.

Estos hechos llevaron al gobierno y a la opinión pública internacional a
catalogar a la oposición como golpista. Los países latinoamericanos
condenaron los hechos, EE.UU. y España reconocieron al gobierno interino
velada o abiertamente, por lo que fueron señalados como cómplices.

La oposición se vio sola y a la deriva, pues remontar esa cuesta iba a ser
muy difícil. Sin embargo, el gobierno ha sido errático para aprovechar el
viento a su favor, pues aun cuando la opinión pública internacional se
niegue a aceptarlo, este gobierno tiene un dossier de violaciones a los
derechos humanos, a la constitución y las leyes, que tarde o temprano,
tendrán que ser reconocidas: medios de comunicación y periodistas con
medidas cautelares por parte de la Corte Interamericana de los Derechos
Humanos (CIDH), asesinato de los manifestantes del 11A, ajusticiamientos
por parte de cuerpos de seguridad del Estado, asesinatos de la Plaza
Altamira, agresiones a manifestantes por parte de efectivos militares.

Es difícil para otros países comprender cómo un presidente electo de forma
legítima puede desarrollar su mandato de manera ilegítima. La respuesta
puede estar en la naturaleza de su proyecto político.

En 1992 Hugo Chávez decía que la tragedia de Venezuela era la terrible
manipulación de los partidos políticos de las instituciones. Nuestra
realidad hoy día es mucho más grave, pues ya no son los partidos políticos
los que tienen el monopolio del poder en nuestro país, sino que éste se
concentra en las manos de un solo hombre: el Presidente de la República.

Gracias a una muy hábil técnica matemática, la Asamblea Nacional (AN) quedó
en manos del gobierno, de tal forma que quien legisla es el Ejecutivo. El
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tiene una mayoría claramente
identificada con el gobierno, para quien sentencia. El Poder Ciudadano
tiene en el Fiscal General de la República al primer Vicepresidente
Ejecutivo de la República; el Contralor General de la República, no
encuentra delito alguno, si se trata de funcionarios del gobierno y el
Defensor del Ciudadano, quien vergonzosamente es calificado de «defensor
del puesto».

¿Dónde quedaron las críticas al modelo político venezolano que mediatizaba
la voluntad de la sociedad? El vehículo de participación política de este
proceso pareciera ser los llamados Círculos Bolivarianos, que para algunos
sectores, son el brazo armado de la revolución.

¿Cómo interpretar la subordinación de todas las esferas de la vida pública
nacional a los intereses del proyecto político del presidente? Recordemos
los intentos por intervenir la Universidad Central de Venezuela (UCV), la
arremetida contra el sector de la Cultura Venezolana, los intentos por
romper con el modelo organizacional de PDVSA y el más grave de todos, la
conversión de la Fuerza Armada Nacional (F.A.N.) en un ejército al servicio
del proyecto político del presidente.

¿Cuál es la diferencia con el modelo puntofijista? ¿Qué beneficios le ha
traído a la nación estos cuatro años de gobierno revolucionario? ¿Qué
cambios se han operado para mejorar las condiciones de vida de todos los
venezolanos?

Si hay algo positivo de toda esta crisis es que los venezolanos han
reconocido que no son otros lo que deben participar para decidir el rumbo
del país, la abstención quedará en el recuerdo; que no se trata de esperar
por el mesías porque en cada venezolano hay un líder en potencia, todos los
días se demuestra que este es un pueblo valiente y luchador, ¿por qué
esperar por un salvador?

La lucha por recuperar espacios de coexistencia pacífica seguirá hasta
demostrar que sólo mediante el consenso, el reconocimiento del otro y el
respeto hacia el disenso, sean la base de la convivencia nacional.

El futuro político de Venezuela está signado por la participación activa de
la sociedad, en todos sus niveles y expresiones; va a ser muy difícil
devolver a la gente a sus casas, pues de ahora en adelante, la sociedad
política deberá aceptar que la sociedad civil va a compartir espacio y
responsabilidades que antes le eran negados. Los errores y aciertos del
futuro no serán exclusividad de la clase política. Ahora Venezuela se
dirige hacia la construcción de una nueva nación, el parto está cercano, ¡a
prepararse para ese alumbramiento con fe y esperanza¡

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