¿Cuándo cabe una consulta popular ?

Hace algunos días, el pasado domingo 4 de enero, el señor Henry I. Miller publicó en el diario El Nacional un interesante artículo titulado ¿Ha llegado a ser demasiado pública la política pública? — donde discute la conveniencia y validez de los “referéndum” o votaciones públicas para consultar decisiones políticas, cuando tales decisiones se refieren a proyectos públicos con elevados matices científicos y tecnológicos. Habla así que “la ciencia no es democrática” y que “la participación del público… es menos útil …cuando la política gubernamental entraña cuestiones complejas de ciencia y tecnología…”.

Quisiéramos elaborar sobre el tema porque aunque compartimos el principio no podría generalizarse a todos los casos.

La consultas populares o “referendums” (o referenda si prefieren) parecieran mecanismos idóneos cuando la gente está familiarizada o tiene un criterio formado sobre un tema, cuando además la consulta se refiere a un proyecto simple (o de carácter social), que no exige conocimientos profesionales o información oportuna y pertinente.

Dentro de esta perspectiva habrían varios tipos de políticas o decisiones públicas (que incluso se refieren a inversiones) que podrían requerir aprobación antes de acometerlas. Pero otras cuya factibilidad es tan compleja (especialmente algunas obras públicas y las políticas petroleras o energéticas)) que tiene que reservarse a una decisión del Estado, sin consulta.

La población afectada por una obra en muchos casos debe opinar y es su derecho. Se consulta por ejemplo sobre la construcción de un puente (¿Isla de Margarita?) o de una central termoeléctrica (especialmente núcleo-eléctrica). Una persona sin instrucción alguna, un campesino aislado en el monte, sin embargo puede opinar con certeza si quiere revocar al presidente, en cuanto se considera afectado por sus políticas agrícolas, pero no sobre otros temas. Obviamente que las consultas de tipo social, como las que se mencionan sobre el aborto y la eutanasia, podrían realizarse.

Un indio del delta del Orinoco, que hace sólo unos años pensaba que el mundo no existía mas allá de Winikina y sus caños, a duras penas podrá opinar sobre el ALCA, o el ALBA, por ejemplo, cuando ni siquiera muchos profesionales universitarios tienen la información y los conocimientos requeridos para hacerlo.

Evidentemente leer y escribir no es requisito para ostentar una buena conciencia política, como aquél comunista en el film Il Postino, y tampoco hay que llegar al otro extremo, como en los tiempos de Páez, cuando solo votaban los que tenían cuenta en el banco. Pero sí hay que hacer una distinción sobre lo que se debe consultar y a quién. Por que de otro modo se corren varios riesgos, entre ellos manipular a los ignorantes de algún tema por medio de la maquinaria propagandística a favor de tal o cual esquema, con resultados inciertos o equivocados desde el punto de vista del bien común.

Yo diría que se establezca la distinción entre lo simple y lo complejo, lo social, y lo económico o tecnológico, y lo que afecta a mayorías y a minorías, y que solo se consulte aquellas decisiones que estén al alcance de la “sabiduría popular” – dejando los estudios de factibilidad y beneficios/costos a los que saben de eso, que no necesariamente tienen que ser unos tecnócratas. La figura explica esta discriminación.

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Claro, en las ciencias sociales no todo resulta tan simple o cuantitativo, esto solo es una guía global, porque especialmente en el campo político (de baja complejidad tecnológica) existen temas (como los sociales y éticos) que afectan toda la nación y pueden someterse a referéndum, en una guerra de propagandas, en la cual algunos son especialistas. También habría temas de alta complejidad que solo afectan a una pequeña parte de la población.

Así que coincidimos con Miller en el artículo citado, solamente añadiendo estas precisiones. Y tampoco nos consideramos racistas por esto, como aquellos wasps que decían que los pobres son feos.

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POST-SCRIPTUM. “REVOLUCION TECNOTRONICA” Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA.

Se habla del anacronismo de la democracia representativa, que con la electrónica de internet la interposición de representantes entre el poder y el pueblo se hace cada vez más innecesaria, y que paradójicamente, con el ascenso tecnológico se regresa a la democracia antigua, directa.

Pero recordemos que el regreso no podrá ser idéntico. La democracia directa antigua no era posible sino gracias a los esclavos y a los metecos. Privados de los derechos civiles, éstos se dedicaban a las actividades productivas dejando a los ciudadanos consagrarse a la cosa pública. Veblen en su “Teoría de la clase ociosa” señala que lo que califica a la “clase ociosa” no es la vagancia sino el otium de los romanos, es decir la libertad de sus actividades mientras otros trabajan. (Véase “Sociologie Politique” de Roger-Gérard Schwartzemberg, Paris 1971).

Las actividades nobles, dignas de la clase ociosa, se reunían así en cuatro categorías: la política, el arte militar, la clericatura y el deporte o la caza, o sea la siguiente cuarteta: gobernar, matar, rezar (o pensar), jugar. Hoy, al nivel internacional, el equivalente de la ‘clase ociosa’ son los habitantes de los países desarrollados en cuando a la posibilidad de una democracia directa cada vez mayor, fíjense por ejemplo Suiza.

Naturalmente solo ocurre la democracia directa por internet, lo que permite la participación de todos, esclavos o no, pero se supone que en la medida que los países son más desarrollados cada vez hay menos explotados (o sea gente sin internet) y podrán votar en los referéndum.

Al nivel nacional la “clase ociosa” pudiera asociarse –al estilo romano– con la casta política y militar, cuando la “democracia participativa” (o directa) la ejercen los “representantes del pueblo” con cierto otium, o mas bien otium et negotium, o peor puro negotium…

Pero mientras existan los actuales niveles de explotación (incluyendo las mujeres musulmanas e indígenas), más otros excluidos, todo parece indicar que seguiremos con la democracia representativa por muchos años por venir, hasta que la educación nacional permita la participación electrónica directa, y lo demás es pura paja.