Opinión Nacional

Declaración conjunta de los Colegios de Abogados de Venezuela

Los Colegios de Abogados de Venezuela, representados en este acto por sus respectivos Presidentes, habiendo analizado la gravísima situación por la que atraviesa nuestra sociedad, actuando como parte del sistema de justicia conforme al artículo 253 de la Constitución, acordamos manifestar, ante el país y el Mundo que:
Nos hacemos solidarios en la reivindicación de los derechos ciudadanos que ha venido planteando la sociedad venezolana y cuya bandera ahora está siendo enarbolada por el ideario del movimiento estudiantil, con mecanismos de protestas llenos de fraternidad en la búsqueda de los valores y principios de libertad.

Repudiamos la utilización de armas y sustancias tóxicas que están prohibidas expresamente en el artículo 68 de la Constitución, en el control de todas estas manifestaciones pacíficas y rechazamos el abuso policial en las detenciones indiscriminadas y arbitrarias, con imputaciones individuales sobre hechos colectivos.

Exhortamos a los integrantes del Ministerio Público y del Poder Judicial Venezolano, a actuar estrictamente apegados al marco Legal y Constitucional, para garantizar de esta manera el respeto a los derechos de los ciudadanos y, en consecuencia advertir a las autoridades policiales que ninguna persona puede ser objeto de detención por el hecho de ejercer un derecho legítimo y Constitucional, como lo es manifestar pacíficamente.

Repudiamos profundamente los excesos policiales en los que se incurrió durante el desarrollo de las protestas estudiantiles.

Evidenciamos la sistemática práctica de los tribunales penales de impedir el efectivo ejercicio de la asistencia jurídica de las personas, al obstaculizarle a los abogados, inexplicablemente, la oportunidad para conversar con los detenidos e imputados, procedimiento éste que no solo resulta ser violatorio del derecho constitucional al debido proceso, al derecho a la defensa y a los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados, que fueron aprobados en el Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente.

Denunciamos la reiterada violación al principio de presunción de inocencia y al principio de Estado de Libertad, consagrados en la Constitución y el Código Orgánico Procesal Penal.

Por acuerdo unánime de nuestros Colegios hemos decidido crear la Defensoría del Ciudadano, para suplir la inactividad absoluta en la defensa de los Derechos Humanos del Defensor del Pueblo.

Afirmamos que constituye una mancilla indeleble en el corazón del sistema judicial y de protección de los derechos humanos, el que existan presos políticos que continúen privados de su libertad sin una razón jurídica suficiente, violentándose el Derecho al Debido Proceso y a la Defensa, materializándose la Denegación de Justicia, cuando en muchos casos han pasado más de dos años sin que se haya producido el juicio.

Repudiamos igualmente la dramática violación de los derechos de niños, niñas y adolescentes, al ser detenidos como delincuentes, por ejercer su derecho a manifestar, y al ser recluidos en centros policiales, expuestos al público como reos de graves delitos, y al ser incomunicados de sus padres y familiares, sin la debida asistencia social y jurídica.

Rechazamos categóricamente la presión oficialista ejercida sobre el Poder Judicial, producida por un hecho de inusual gravedad que se materializó en un discurso público pronunciado por el Presidente de la República el 24 de marzo de 2007 en el Teatro Teresa Carreño, cuando afirmó sin ambages ni comedimientos que constituía una traición al pueblo, una traición a la revolución, el dictar decisiones judiciales que neutralizaran actos del Gobierno, si estas se hacían de espaldas al líder de la “revolución”, lo que evidencia una vez más la inherencia del Presidente en asuntos que son de la exclusiva competencia del Poder Judicial.

Repudiamos categóricamente el contenido de las decisiones Nos. 956 y 957 emanadas de la Sala Constitucional en fecha 25 de mayo de 2007, según las cuales, mediante torcidas interpretaciones jurídicas, acuerda medida cautelar consistente en la confiscación de los bienes por tiempo indefinido de una persona jurídica que no era parte en el juicio, acto que constituye sin lugar a dudas abuso de poder por parte de la Sala Constitucional además de un error inexcusable de derecho por parte de los Magistrados de la alta Sala al obviar los requisitos legales exigidos por la Ley para hacer procedentes las medidas cautelares; incurriendo en consecuencia en los supuestos de responsabilidad personal tipificados en los artículos 255 in fine y 49 numeral 8 de la Carta Magna, por la clara violación de los artículos 49 numeral 1 y 257 de la Constitución de la República al haber conculcado el Derecho a la Defensa y al Debido Proceso a la empresa propietaria del medio televisivo.

Lamentamos que con estas decisiones judiciales, el país haya dejado de tener una Sala Constitucional capaz de imponer en forma independiente la interpretación de la Constitución y su efectividad, lo que implica que el Texto Fundamental se encuentra herido de muerte, ya que decisiones como éstas, ligan la suerte de la Norma fundamental a la sola voluntad del Presidente de la República, porque se ha impuesto por simple prevalencia fáctica, la interpretación que ha convenido en cada momento, pasando a ser la Carta Magna instrumentalizada políticamente por el sector oficialista, convirtiendo los conflictos constitucionales en fracturas irrestañables del consenso básico que nuestra Constitución estaba llamada a asegurar.

En virtud de las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo de Justicia, donde la Sala Constitucional colude con el Poder Ejecutivo Nacional para perjudicar a un tercero, configurándose de esa manera un fraude constitucional, que contienen errores inexcusables por ignorancia crasa del derecho e incurren en confiscación de bienes y abuso de poder, los Colegios de Abogados de Venezuela, interpondremos por ante el Consejo Moral Republicano, la solicitud de apertura de un procedimiento destitutorio contra los Magistrados de la Sala Constitucional, firmante de esa sentencia, y solicitaremos le sea dado el mismo trato diligente que le dispensaron al procedimiento en la destitución de anteriores Magistrados. Denunciamos que en nuestra Patria no existe Separación de Poderes, no hay Estado de Derecho, ni Justicia, libertad, ni igualdad y en consecuencia de ello la gran conclusión es que en Venezuela NO EXISTE DEMOCRACIA.

Caracas, a los 08 días del mes de junio de 2007

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