Defensa de un debate público: Guaitarilla y el estatuto antiterrorista

Lo sucedido en Guatarilla puede representar una entrada perfectamente
clara a los oscuros aspectos que entraña el estatuto antiterrorista. Porque lo claro, según el ministro Uribe, es «lo confuso e incompleto». Mientras lo confuso del estatuto terrorista, es la poca claridad y confusión que tienen sus alcances. Con lo que el círculo de nuestro pobre sistema se cierra en una especie de fuga hacia el eterno retorno del absurdo.

Nuestra obligación, sin embargo, es denunciar esa suerte de trivialidad. Y
llamar a las cosas por su nombre. Primero, el presidente pone a fuego con
sentido de responsabilidad el carácter de urgencia sobre la claridad de
los hechos. Ni más faltaba. En un ambiente de graves expectativas
internacionales sobre la violación a los derechos humanos y la
implementación en el Congreso del estatuto antiterrorista, el mandatario
está obligado a ello. Y más, porque lo sucedido conserva toda la fisonomía
aparente de una mezcla de intereses que expresan algo infame en el corazón
de estos hechos.

Segundo, se trata necesariamente de ofrecer la mayor claridad en la
información a fin de que la confianza del ciudadano se ofrezca dentro de
un espíritu ilustrado y con un amplio debate político. Es parte de nuestra
peor desgracia. Recordemos toda el despliegue de valor que tuvo el
presidente Uribe cuando sucedió la masacre del gobernador de Antioquia y
el ex ministro Gilberto Echeverri. Un enfático llamado a la transparencia
frente a los hechos, que de poco o nada sirvió.

Si con buena o mala fe se encubre toda la maquinaria de detalles que
tuvieron tan fatal desenlace, estamos ante el grave riesgo ver mermada la
confiabilidad que pueda ofrecer el estatuto antiterrorista, y todas las
medidas que pretendan justificar como bueno el modelo de seguridad
democrática del actual mandatario. Lo uno lleva a lo otro. Porque si al
Ejército se delegan funciones de policía judicial y atribuciones del poder
fiscal para practicar levantamiento de cadáveres, compilación de pruebas e
informes de balística. Si bajo condiciones de excepción, la Policía puede
también tomar medidas conducentes a restringir las libertades ciudadanas.

Y la Policía cuenta con uno que otro narco o jefe de sicarios. Aprobar un
estatuto de tal envergadura es como haber firmado una patente de corzo al
Verdugo.

Tercero, llegamos a la almendra. El verdadero asunto en el caso de
Guaitarilla, está representado por la posible condición indefensa de los
ciudadanos frente a las acciones de la fuerza pública y el riesgo de un
manejo manipulado y mentiroso de la información. El peligro de un estatuto
antiterrorista en manos de fuerzas superpoderosas, justificadas por la
amenaza del terrorismo. Más allá, la incertidumbre de un Estado que se
puede ver exacerbado por el mismísimo factor que combate. Una democracia
no puede darle a sus gobernantes, gratis, semejante poder.

Los incidentes de Guaitarilla pueden desenvolver, a favor o en contra, el
tipo de cambios que este gobierno tiene que darle a la institucionalidad
militar. Y mostrar cómo y bajo que presupuestos, legales y políticos,
tendrá lugar el estatuto antiterrorista. Romper el círculo infernal de
connivencia que puedan tener algunas unidades con el crimen organizado, y
dotar a los ciudadanos de plenas garantías frente a cualquier asomo de
atropello a sus derechos fundamentales.

Nada fácil. Pero no imposible para el presidente Uribe Vélez. En la guerra
contra toda forma de terrorismo, el Estado siempre debería equivocarse a
favor de la libertad. La mejor resistencia que se puede oponer a quienes
causan los conflictos violentos, es seguir teniendo una sociedad libre. El
mayor golpe a los secretos intereses de quienes ordenaron la masacre de
Guatarilla es que la verdad se haga pública. Tiene razón Navarro Wolf, lo
sucedido merece un debate nacional. Y no porque este sea un ideal, sino
porque dejaría un precedente vigoroso de autoridad institucional y
transparencia.

Los temores sobre el estatuto antiterrorista están cifrados en el
desequilibrio entre seguridad y libertad. Y sobre quienes pueden inclinar
la balanza a favor de un sistema de gobierno con mayor seguridad en manos
de fuerzas oscuras y pavorosas. La necesidad de que haya una amplitud de
argumentos sobre el tema en manos del ciudadano común es una
responsabilidad de quienes debemos hacer de la información veraz un motivo
de interpretación rigurosa.