Doctrina Lara

El diputado William Lara, ministro de Comunicación e Información, está haciendo historia, no sólo por los importantes roles políticos que ha desempeñado, a partir de 1999, después del triunfo del Polo Patriótico en diciembre de 1998. Fue miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, diputado y presidente de la Asamblea Nacional, correspondiéndole juramentar al entonces vicepresidente Diosdado Cabello –amigazo de Orlando Castro Llanes- como Presidente Encargado de la República durante aquellas angustiosas horas de golpe y contragolpe en abril de 2002.

Antes, compartió con el mismísimo Luis Miquilena roles dirigentes en el CTN del MVR y le correspondió dirigir la conspiración institucional ordenada desde Miraflores para salvarle el pellejo al jefe partidista y parlamentario, ministro y hombre de negocios, durante el juicio del “Caso Micabú”, en torno al cual fraguaron una mayoría exculpadora en el Tribunal Supremo de Justicia.

Es el mismo William Lara, periodista (UCV) y magíster en Ciencia Política (USB), cuyo concepto de la libertad y la democracia está tomando forma desde su desempeño en la cartera de Comunicación e Información, sin desprenderse de la jefatura partidista en el MVR. Nace lo que pudiéramos llamar la “Doctrina Lara” para la implantación del abuso de poder, la coacción y el descaro como forma de aplicación groseramente ventajista de las políticas públicas, violando la Constitución y las leyes.

Esa “Doctrina Lara” le permite articular una política comunicacional sectaria y excluyente con recursos del Estado (de todos los venezolanos) absolutamente fundida con la política del MVR, partido al cual dirige siendo ministro del gabinete ejecutivo del presidente Hugo Chávez. Para nada le importa la letra constitucional: “Artículo145. Los funcionarios públicos y funcionarias públicas están al servicio del Estado y no de parcialidad alguna…” “Artículo 141. La Administración Pública está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas… con sometimiento pleno a la ley y al derecho.” Menos le preocupa –gracias a la concentración abusiva del poder- lo establecido en el artículo 139 constitucional: “El ejercicio del Poder Público acarrea responsabilidad individual por abuso o desviación del poder o por violación de esta Constitución o de la ley.” La impunidad del régimen da para todo.

Sabe perfectamente el ministro Lara, que ni la Fiscalía General de la República ni el Consejo Nacional Electoral –menos la Asamblea Nacional o finalmente el Poder Judicial- pueden, hoy, obligarlo a parar el desmadre en el que está metido hasta las orejas. Se muestra goloso y sabroso, gozoso del abuso de poder, queriendo pontificar una doctrina que no tiene nada de novedosa: Lenin y Goebbels son reconocidos clásicos en el ámbito de la comunicación y la información, y en el ejercicio unipartidista del poder con buena dosis de coerción por la fuerza y una omnipresente impunidad en cuanto al abuso de poder aplastando a los contrarios. Mucho más atrás viene Nicolás Maquiavelo, en el siglo XVI europeo, cuyas brutales constataciones de la manipulación y el sometimiento de los contrarios siguen siendo doctrina para políticos inescrupulosos, en el siglo XXI.

EL CONFESIONARIO
• PEDRO CARREÑO, diputado por el estado Barinas y presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, está sobreactuando en el rol que le asignó su partido MVR en la supuesta “guerra a muerte contra la corrupción” proclamada en diciembre pasado por el presidente Hugo Chávez Frías, días después del tsunami político del 4D, cuando decidimos abstenernos y votar nulo nada más y nada menos que el 82% de las y los electores inscritos en el Registro Electoral. Lo aplaudiríamos, si el mismo Carreño no viniese de actuar diligentemente –también por instrucciones del MVR y junto a otros diputados y diputadas que no quiero nombrar- como encubridor político de dos emblemáticos “dirigentes del proceso”: Hernán Grüber Odreman, acusado por múltiples presuntos delitos de corrupción administrativa en la Gobernación del Distrito Federal, hoy procesados por la Fiscalía del Ministerio Público, la cual produjo la imputación respectiva, y por la Contraloría Metropolitana de Caracas; y Eduardo Manuitt, gobernador del Estado Guárico, contra quien han llovido acusaciones por presuntos actos de corrupción, abuso de poder y violación de derechos humanos, y cuyo expediente parlamentario –aprobado por la respectiva comisión, en la cual resaltó la actuación beligerante de la diputada Iris Valera (MVR-Táchira)- reposa en una gaveta sellada por la complicidad de las dos últimas Juntas Directivas de la Asamblea Nacional, ambas presididas por el diputado Nicolás Maduro. Está muy bien que se investigue y enjuicie a los choros chavistas civiles y militares (activos y retirados), pero sin excepciones: ¿Los “chivos” del chavismo, asquerosamente enriquecidos con los dineros del pueblo, no van a ser investigados y enjuiciados? A algunos los quiero ver “autoinvestigándose” junto a sus mafias integradas por testaferros y testaferras de sus círculos amistosos, familiares, partidistas y grupales.

• DESDE EL SENIAT reclaman el pago de horas extras, especialmente a quienes trabajan por las noches y madrugadas. Se quejan de que las bonificaciones anunciadas por el superintendente José Vielma Mora son recibidas indiscriminadamente por quienes solo cumplen horario de oficina hasta las 4:30 p. m.; y además: “El dinero de los bonos y los aumentos, llegan de la tesorería, luego comienzan a aparecer inconvenientes de calculo (¿Es posible con herramientas informáticas?) que retrasan el pago, mientras ese dinero se encuentra en algún lado ¿Colocado?… ¿Sabrá Vielma que el Seniat es el único organismo del área pública financiera que no tienen ningún tipo de apoyo para el financiamiento de vivienda para sus funcionarios?, ¿Es eso significativo al ver los sueldos?”
• LA FISCALÍA BANCARIA a Nivel Nacional en Materia de Salvaguarda con
Competencia Especial en Bancos Seguros y Mercado de Capitales, Bajo el
Expediente Número F.B.S.N.N. – 0125 – 2.002, abrió investigación contra
la institución financiera C. A. Central Banco Universal, por el presunto desvío de recursos de los ahorristas hacia las empresas Promociones Tirreno, C. A.,
Vista al Valle, C. A., Inversiones Pompilio, C. A., y A. F. C. ALLIED FUND CORPORATION, A. V. V., con sede en Araba, cuyo representante legal
es el ciudadano Bernardo Vera Medrano. En las tres primeras empresas aparecen como representantes legales Alejandro Gómez Sigala y Omero Antonio Isquiel, quienes a su vez son los principales
accionistas y directivos de la C. A. Central Banco Universal, en la cual ejercen la Presidencia y Vicepresidencia Ejecutiva, respectivamente. Así mismo, ante la Fiscalía XXII en Materia de Salvaguarda con Competencia Especial en Bancos Seguros y Mercado de Capitales del Estado Lara, Expediente Número: 13F22 – 0131 – 2.004, se le sigue a las empresas A. F. C. ALLIED FUND CORPORATION A. V. V., y C. A. Central Banco Universal una investigación por las continuas y reiteradas daciones de pago que viene recibiendo la empresa arubeña de parte de la mencionada institución bancaria, “una verdadera centrifuga financiera,
en perjuicio de los ahorristas”, según el diputado al Consejo Legislativo del Estado Lara, Nelson Pineda Colmenares, quien ha consignado “todas las pruebas en Copia Certificada”.

• PARA SUDEBAN: el presidente del Banco Industrial de Venezuela, Luis Rafael Quiaro, había viajado a Viena antes de que se reuniera la Junta Directiva para aprobar el Balance General de Publicación del BIV correspondiente al mes de Abril, publicado en el viernes 12-05-06 en los diarios Últimas Noticias (Pag. 38) y VEA (Pag. 18). Ese detalle no fuera importante si hubiese habido reunión en su ausencia, bajo la conducción de un “Presidente Encargado”: el problema es que el martes 10 de mayo (ya Quiaro estaba en Viena) fue convocada una reunión de Junta Directiva del BIV para cumplir con ese requisito de ley, con la asistencia de los directores suplentes Angel Scarano y David Blanco. LRQ había firmado antes, dejó el documento sin discutirlo formalmente y agarró sus maletas rumbo a la multilateral de Europa y América Latina, realizada en la capital austriaca. El Balance General publicado en ambos diarios apareció firmado por LRQ, presidente del BIV, Jhonny José Rangel Contreras, vicepresidente de administración, Natalia Arévalo, vicepresidenta encargada de la división de contaduría y José Rafael Pinto García, Auditor Interno.

• ACUSAN AL GANADERO GUILLERMO VARGAS de arremeter, “bajo un techo de impunidad, contra el humilde pueblo yukpa de Chaktapa, en esta oportunidad el lunes 1º de mayo del 2006, quemándoles las casas y todos sus enseres, gritando que mataría al dirigente indígena Sabino Romero Izarra, si éste no se lleva de una vez por toda a su gente más allá de las montañas del cerro Piyistaco ubicado entre las márgenes sur del río Yaza y norte del río Tukuko en la parroquia Libertad del municipio Machiques de Perijá del estado Zulia.” Los informantes refieren una larga confrontación, por más de veinte años: “Muertos, asesinatos, sicariatos, quemas de casas y conucos, acusaciones de los indígenas contra Guardias Nacionales, efectivos del Ejército, policías, fiscales del Ministerio Públicos de Machiques, diputados indígenas y no indígenas de la cuarta pero también de la quinta república llenan las páginas del acontecer cotidiano del periodismo y de la vida de estas cuatro comunidades Caribes ubicadas en el piedemonte de la Sierra de Perijá…” ¿Y el Poder Ciudadano? ¿Y el Gobierno Nacional? ¿Y la Gobernación del Zulia? ¿Y la FAN?
• LA COMUNIDAD DENUNCIA la paralización de las obras de construcción del Centro de Diagnostico de Barrio Adentro, ubicado en el Municipio Puerto Cabello dentro de las instalaciones del terminal de pasajeros. Adelantada en un 90%, la obra está parada desde marzo y debió ser entregada en febrero: “No entendemos el por qué tanto misterio con la misma y no se inaugura de una buena vez”.

• EL CORREO DEL CARONÍ enfrenta una embestida brutal por parte de la Gobernación, el Consejo Legislativo del Estado Bolívar y la Alcaldía de Ciudad Guayana. Un presunto problema de titularidad del terreno sobre el cual fue construida la edificación en la que funciona el importante diario guayanés –uno de los más importantes y emblemáticos de la prensa regional venezolana-, está siendo utilizado por el gobernador Francisco Rangel Gómez como opción retaliativa sin precedentes en el país. Expreso mi solidaridad con los editores, periodistas, reporteros gráficos, demás trabajadores y la vasta legión de lectoras y lectores de ese diario, ante esta disparatada agresión contra la libertad de expresión y el derecho a la información. La maniobra es tan burda como peligrosa e inaceptable. ¡Amarren a sus locos!