Opinión Nacional

Duro golpe a las libertades

El cierre de las transmisiones abiertas de Radio Caracas Televisión es un duro golpe a las libertades democráticas, especialmente a la libre expresión del pensamiento y al derecho a la información plural, oportuna y veraz. La única justificación que tiene el gobierno del presidente Hugo Chávez, es la retaliación política e ideológica en contra de los propietarios, gerentes y trabajadores de RCTV.

Adicionalmente, constituye una amenaza abierta a todo el espectro comunicacional de Venezuela, acosado por las tenazas legales, reglamentarias, financieras y publicitarias de un gobierno sectario, arbitrario y monopartidista. La reacción mayoritaria de la nación, en contra de la restrictiva medida gubernamental es masiva y evidente. Chávez se coloca así, al margen del espíritu democrático, plural y tolerante de los venezolanos y venezolanas. Craso error.

Poco a poco, el país va reaccionando contra las arbitrariedades de Chávez y su entorno. Igual ocurre dentro de la FAN, y en la mente y el corazón de quienes están sintiendo el torniquete monopartidista puesto en marcha. Solo resta recordar que Venezuela no es un cuartel.

EL CONFESIONARIO

• DANIEL JOSÉ FERNÁNDEZ GUERRA «fue apresado en la Parroquia Candelaria el día 2 de Mayo, por la Policía Naval, por el supuesto delito de estar pegando afiches ‘subversivos’. Permaneció encarcelado en la DIM hasta el 15, cuando ‘tratándose de un indiciado’ de Jurisdicción Militar fue trasladado a El Rodeo, que no es una cárcel militar.» Su defensor es el abogado Pedro Berrizbeitia. Al momento de escribir esta columna, estaba pendiente la decisión inicial del tribunal. ¿De qué se trata? ¿Comienza una etapa de represión política judicializada? ¿La justicia militar será reinstalada como herramienta para castigar, violando la Constitución, a civiles opuestos al gobierno, como ocurrió en la década de los años sesenta del siglo XX?

• EL ABUSO DE PODER Y LA COACCIÓN son evidentes en el esfuerzo gubernamental por impactar con una alta cifra de «preinscritos» en el PSUV. Todos los recursos del gobierno y del Estado están volcados, contrariando la Constitución de la República, a favor del nuevo partido oficialista. La orden es terminante: quien no se inscriba sale del gobierno o recibirá una fuerte dosis de congelamiento de sus aspiraciones como funcionarios del Estado o beneficiarios de las políticas públicas. Trabajadores de la Asamblea Nacional (Poder Legislativo) están sintiendo el peso de la coacción, sienten temor, pues saben que si no se inscriben en el PSUV, puede ser despedidos de un plumazo. Igual ocurre en registros y notarías, después de la directriz ministerial impartida «en secreto» en la famosa reunión de Fuerte Tiuna; el sector educativo no escapa a la furia sectaria, desde el ministerio de Educación y el Ipasme, se presiona a los educadores, funcionarios administrativos y obreros.

• EN LO DEL PSUV, resalta el empleo ventajista de los recursos del Consejo Nacional Electoral (Poder Electoral) a favor de una organización política inexistente, sin personalidad jurídica, y por tanto al margen de la legalidad. Los promotores oficiales del PSUV y los rectores y rectoras del CNE pueden caer en enjuiciamiento penal por abuso de poder, peculado de uso y malversación de recursos públicos. La Fiscalía General de la República debe asumir el problema constitucional y legalmente, para asentar un precedente definitivo de control de la legalidad y de los márgenes de responsabilidad de los altos funcionarios del Estado. Desde ese punto de vista, el PSUV nace moralmente inhabilitado, independientemente del respeto y reconocimiento que merecen las y los venezolanos que voluntariamente han manifestado su deseo de formar parte de «el partido del Presidente». Además, su abolengo es autocrático, depende de la voluntad de una sola persona, en este caso cargada de autoritarismo, militarismo y visión monopartidista, dependiente de los recursos del gobierno y del Estado.

• RÓMULO ORTA C., representante profesoral ante el Consejo Universitario de la UCV, presentó nueve consideraciones sobre el Hospital Universitario de Caracas (HUC). «1.- La defensa del Hospital Universitario de Caracas, como centro académico para la docencia, la investigación y la asistencia, así como del papel directivo que legalmente les corresponde a la UCV y su Facultad de Medicina en ese centro hospitalario, tiene siempre que ser asumida y conducida como una política de defensa de la Autonomía Universitaria. En consecuencia, la pérdida parcial o total por la UCV de la condición académica del HUC y del antes referido rol directivo de la UCV en el fondo significa un menoscabo de la Autonomía Universitaria, situación que los universitarios no podemos ni debemos aceptar. Los sueldos del personal académico de la UCV que labora en el HUC, así como del resto el profesorado universitario, están absolutamente desfasados de la realidad desde hace muchos años; por esas razones el personal universitario en funciones académicas en el HUC tiene una contratación de muy bajo tiempo de dedicación (medio tiempo o tiempo convencional). No es verdad que el personal académico abandona diariamente sus responsabilidades en el HUC, lo que ocurre en la mayoría de los casos es que sus tiempos de contratación son muy bajos por lo no atractivo de las remuneraciones universitarias. Debería la representación del Ministerio de Salud en el HUC ocuparse de plantear estas situaciones ante el Presidente de la República. La situación para la UCV y la Autonomía Universitaria es tan grave que es necesario que, la información y la discusión sobre ese tema (se abra) a toda la comunidad, la UCV y su Facultad de Medicina han mantenido una buena disposición de diálogo con el Gobierno Nacional, que la UCV ha exigido que se cumplan las normas constitucionales que obligan a su participación en el diseño, ejecución, seguimiento, evaluación y cambios en las políticas de salud del Estado venezolano, sin embargo, la actitud gubernamental se ha caracterizado sistemáticamente por descalificar, hostigar y excluir a la UCV y a su Facultad de Medicina.»

• PIDEN INVESTIGAR el Contrato No. 4600014534, por un monto de Bs. 158.245.378.243,oo, entre PDVSA y la empresa Constructora Interbolivariana, S. A. (RIF J-308356972), para «Suministro y operación de treinta (30) equipos de perforación y rehabilitación de pozos Plan Siembra Petrolera». Fue aprobado el 21-07-2006, por la Junta Directiva, y los denunciantes formulan estas críticas: «La empresa Constructora Interbolivariana, S.A. no está inscrita en el SNC (Servicio Nacional de Contrataciones). Esto implica que al otorgársele la Buena Pro no se conocía su capacidad técnica, ni financiera, ni de contratación. Adicionalmente no hay información en el R.A.C. (Registro Auxiliar de Contratistas) de PDVSA. El objeto de la empresa se refiere a Obras de Ingeniería, Alcantarillado, Electrificación, Desarrollo de Planos de Urbanismos, Construcción de Viviendas, Inversión de Bienes Inmobiliarios, Equipamiento de Edificios y Otros. En dicho objeto no reflejan actividad en el área de perforación. La empresa contratista no actualizó sus datos ni en el 2005 ni en el 2006. Los balances del 2004 reflejan una utilidad en perdidas neta de menos Bs. 303.147.487,63. A la fecha de la selección de este contratista no se podía saber si tenía la capacidad técnica legal y financiera para realizar el servicio solicitado. A la empresa no se le solicitó fianzas que garantizaran a PDVSA el fiel cumplimiento tanto de la obra como el pago del personal que se contrate Ningún funcionario y/o ente del estado , ni la Junta Directiva de PDVSA tiene la facultad para violar los procedimientos establecidos en la Ley de Licitaciones ¿Qué movimiento extraño se estará gestando cuando observamos que el representante legal y accionista de la empresa Héctor Pérez (C.I. 6.563.945) firmó contra el Presidente?… La empresa de maletín Constructora Interbolivariana S.A. tiene 5 socios de los cuáles 4 son colombianos: Viloria Barraza Vivian Patricia (32.786.952 ), Aburrada Asaad Camilo (9.264872), Bolívar García Collantes (79.122.458) y Galán Barrios Fredy (8.664.851) y los dos últimos caballeros son los representantes legales de ASOVIS y FUNDESO que están suspendidos por 10 años en Colombia, por estafa en la construcción de la Urbanización Mundo Feliz de Galapa Atlántico. Por otro lado, Galán Barrios es director del Partido Liberal de Colombia Y este es solo un caso!
Investiguen el resto de los contratos de los famosos taladros del «intocable» Luis Vielma Trabajadores de Pdvsa asqueados de tanta basura y de tanta humillación»

• LA SALIDA DE LUIS QUIARO de la presidencia del Banco Industrial de Venezuela, puede facilitar las investigaciones de varios hechos presuntamente irregulares, tras los cuales deben actuar más diligentemente la Contraloría General y la Fiscalía General de la República. Reitero que no prejuzgo. Sí creo, que toda denuncia bien fundamentada o con alto grado de verosimilitud, debe ser investigada y procesada judicialmente, para evitar que continúe el desangramiento de los recursos públicos.

• LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA acaba de emitir un pronunciamiento dirigido al ministro de Finanzas, Rodrigo Cabeza, en el cual hace un recuento de las incidencias de los procesos judiciales en Estados Unidos por demanda en contra del BIV, por parte de Esperanza Matos de Saad, quien en 1998 fue procesada por presunto lavado de dinero («Operación Casa Blanca») junto con otros tres funcionarios de la Agencia del BIV en Miami. El largo recorrido, cuyas incidencias resumiré la próxima semana, está por concluir. La PGR llegó a la siguiente decisión: «Con fundamento en los argumentos de hecho y de derecho arriba esgrimidos y por considerar conveniente a los intereses patrimoniales de la República, este Órgano Asesor recomienda al Ministerio del Poder Popular para las Finanzas que instruya al Banco Industrial de Venezuela, C. A. a no celebrar la transacción en los términos analizados». Se refiere a un propuesto acuerdo de resarcimiento a favor de Matos de Saad y sus abogados, pero se basan en que al haberse la demandante «declarado culpable de la comisión de un delito («estructuración», en USA), no le corresponde el resarcimiento de los honorarios pretendidos». Igualmente, recomiendan «esperar a que ocurra un pronunciamiento judicial definitivamente firme».

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