Opinión Nacional

El buen gobierno y la enmienda constitucional

Los teóricos del régimen deben haberse estrujado los sesos para innovar sobre la tesis del buen gobierno y utilizar la hipótesis como justificación de los designios reeleccionistas del presidente. Lo primero que viene a la mente es que si lo que hemos estado viviendo durante los últimos diez años constituye un “buen gobierno”, entonces sería realmente preocupante imaginarse lo que sería un mal gobierno.

De acuerdo con el argumento oficialista, la enmienda es necesaria para permitir al pueblo la continuidad de un buen gobierno, lo que justificaría la necesidad de enmendar la Constitución para eliminar los límites constitucionales impuestos por nuestra tradición republicana a los propósitos continuistas del poder ejecutivo. El argumento resulta tan inconcebible que llamaría a risa sino fuese tan trágico.

El gobierno actual llegó al poder con el más grande respaldo popular que presidente alguno haya tenido anteriormente y se ha beneficiado de la bonanza petrolera más extraordinaria de la historia del país. Sin embargo, en vez de utilizar ese inmenso capital político y financiero para enderezar el rumbo de desarrollo del país y abandonar las anteriores prácticas gubernamentales, ha derrochado la última década en el empeño de hacer realidad una “revolución socialista” que nadie le ha encomendado y que sólo ha servido para enriquecer a algunos a expensas del erario público. Para ello se ha dedicado a crear una demagógica ilusión de bienestar social y económico, y a tratar de instaurar una “revolución socialista” que sólo resulta viable si el odiado capitalismo le sigue comprando su petróleo a un precio lo suficientemente alto como para poder seguir costeando la función. En el curso de ese propósito, ha destruido sistemáticamente la capacidad productiva, ha tratado de aniquilar a la indispensable clase media y ha hecho hasta lo imposible por cerrar las puertas a la inversión extranjera, reduciéndola hasta niveles insignificantes, creando así un ambiente económico de zozobra y desesperanza que en nada puede contribuir a la inversión y dedicación al trabajo que el país necesita.

Una ojeada al desempeño del régimen en el ámbito económico y social pone de manifiesto la pérdida sostenida del poder adquisitivo, la inflación más alta del continente -mundialmente superada sólo por Etiopía, Zambia y Zimbabwe-, la aceleración de la fuga de capitales, la diáspora de jóvenes profesionales en busca de oxígeno y oportunidades, un creciente endeudamiento público, un manejo discrecional de los fondos públicos sin control alguno, el abandono de la infraestructura física, el deterioro de los servicios de salud y educación, numerosos indicios de corrupción administrativa, pleitos con nuestros dos principales socios comerciales y el abandono de décadas de avance en acuerdos de integración, para reemplazarlas por entelequias sin sentido.

En el ambiente político y jurídico, el ejercicio del régimen puede dar cuenta, entre otros logros, de más de cien mil muertes violentas, una agobiante inseguridad jurídica y personal, el permanente amedrentamiento de la disidencia política, la tolerancia de grupos armados de choque, la utilización de listas de exclusión política, el uso de un permanente discurso de división y de odio, el hostigamiento a periodistas y medios de comunicación, la alineación con regímenes reconocidamente totalitarios, el alarmante deterioro de nuestra imagen internacional ante gobiernos y organismos internacionales, la entrega de la soberanía nacional a otros países, el contubernio y apoyo a grupos terroristas extranjeros, y más recientemente la pretensión de aislarse del sistema hemisférico de defensa de los derechos humanos

Si después de todo esto alguien intenta hacernos creer que lo que hemos vivido en la última década constituye un “buen gobierno”, entonces debemos haber perdido todos el juicio.

Un buen gobierno es aquel que promueve un crecimiento económico verdadero, genera empleos productivos, mejora el poder adquisitivo de sus ciudadanos, fomenta una verdadera educación, maneja los dineros públicos con transparencia, vela por el imperio de la ley y la justicia, se esfuerza por desarrollar la economía nacional y, entre otras cosas más, gobierna para todos los ciudadanos, no sólo para una parte de ellos.

Por el contrario, un gobierno con una concepción maniquea del universo, cuyo objetivo central es la división del país en dos bandos aparentemente irreconciliables, que actúa sobre la base de ideologías, mas no de ideas, que se niega a reconocer la existencia de la disidencia, que evade permanentemente el diálogo mediante la violencia o el recurso a frases hechas y vacías de contenido, que desconoce los resultados de la voluntad popular cuando ésta le vence en una elección y que lleva a cabo prácticas abiertamente fascistas y acusa de ellas a la disidencia, difícilmente puede considerarse un buen gobierno.

Defender igualmente la idea de la reelección con el argumento de que ésta existe en otras latitudes, haciendo mutis de que en esos países imperan sistemas parlamentarios que pueden incluso destituir al presidente, no es sino propaganda deshonesta. Como lo es también el obviar mencionar el funcionamiento efectivo en esos sistemas políticos de una sólida institucionalidad controladora de los eventuales desafueros del poder ejecutivo.

En Colombia, por ejemplo, se está pensando igualmente en la reelección presidencial, a contrapelo también de su ordenamiento constitucional, lo cual no parece tampoco prudente, pero al menos se entiende. Los colombianos piensan que el presidente debería continuar una labor aclamada por la inmensa mayoría, no porque la propaganda oficial así lo afirme, sino porque los resultados están a la vista de cualquier observador objetivo. Los colombianos consideran que su presidente ha hecho un buen gobierno, con logros fácilmente comprobables. Pero, además hay un detalle importante: si Uribe logra ser reelegido por un tercer período gobernaría durante doce años, mientras que en Venezuela eso significaría veinte años.

Es por ello que las recientes declaraciones del presidente resultan patéticas, cuando dice que debe darse “al menos, 10 años más” al frente del gobierno, que no pretende quedarse “para toda la vida”, que le quedan cuatro años y afirma que no puede irse “a la mitad del camino, como cruzando un río”, pues “se necesitan 30 años para echar las raíces del proceso revolucionario».

Ante este panorama cabe preguntarse lo siguiente: ¿Puede considerarse realmente sensato afirmar que la pasada década perdida es el resultado de un “buen gobierno” y sobre esa base argumentar y justificar que el país necesita todavía más de lo mismo?

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