El cerco
A Hugo Chávez se le ha venido estrechando el cerco que le tendió la sociedad democrática desde mediados del año pasado, cuando quiso imponer a sangre y fuego unas leyes, especialmente la de Tierras, parecidas a las que Fidel Castro implantó en Cuba. Hasta la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, donde se suponía que el Comandante tenía mayoría, abandonó, al menos temporalmente, al jefe del Estado. La procuradora Marisol Plaza, a nombre de Chávez, introdujo un recurso de nulidad contra la disposición transitoria de la Ley del Poder Electoral recientemente aprobada por la Asamblea Nacional, que dejaba en sus cargos a los miembros de la actual Directiva del CNE, hasta que la Asamblea Nacional designara las nuevas autoridades. Convencida de que la Sala Constitucional, obediente como había sido hasta ahora, complacería al Presidente, la doctora Plaza se remitió al (%=Link(«http://www.tsj.gov.ve»,»TSJ»)%) para pedir que esta disposición se declarase inconstitucional. Pero erró los cálculos. La Sala, en un gesto de inusual independencia, no la admitió, mostrando un signo más de la enorme debilidad del antiguo hombre que se ufanaba de tener todo el poder en sus manos.
La fragilidad que hoy muestra Chávez es el resultado de un largo y paciente trabajo, en el que él mismo ha colaborado con gran entusiasmo en algunos momentos. A comienzos de su disparatado gobierno hablaba sin cesar del “poder constituyente” que reside en el “soberano”. En nombre de ese poder barrió la Constitución de 1961. La llamó “moribunda” el día de la toma de posesión el 2 de febrero de 1999. Apoyado en una decisión de la desaparecida Corte Suprema de Justicia, se valió de un referéndum consultivo, figura no contemplada en esa Carta, para aprobar la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, tampoco prevista en aquella Constitución. A ese referéndum consultivo-aprobatorio le dio carácter vinculante. Después de elaborada la nueva Constitución, como si el mundo fuese a acabarse, decidió someterla a un nuevo referéndum, esta vez sí aprobatorio, sin que el país hubiese discutido y asimilado los grandes cambios que el constituyente, formado casi en su totalidad por gente afecta a Chávez, había introducido en esa Carta Fundamental. Parecía que la prisa era para que entrara en vigencia el nuevo marco constitucional. Pero, resulta que la velocidad ocultaba otro propósito: imponer indefinidamente un régimen transitorio y supraconstitucional que le permitía apoderarse de todos los poderes públicos. Es decir, Chávez da un golpe de Estado institucional y se adueña del país a partir de un referéndum consultivo, no previsto en el ordenamiento legal, al que le confiere carácter vinculante.
Ahora, cuando producto de sus garrafales errores al frente del Gobierno, el soberano consigna más de dos millones de firmas pidiendo su renuncia; ahora que su fuerza se ha erosionado, que lo abandonaron sus antiguos aliados y que todas las encuestas revelan la pérdida de popularidad, incluso en los sectores más pobres del país, el antiguo golpista habla de “fraude constitucional”, “golpe de Estado constitucional”, y demás lindezas parecidas, para tratar de justificar sus incongruencias. Busca como refugio el artículo 72 de la Constitución, que se refiere al referéndum revocatorio. Señala que a un referéndum consultivo, artículo 71, no se le puede dar contenido revocatorio. Se olvidó del “poder originario” y del “carácter supraconstitucional” de las demandas del pueblo. Antes el soberano podía hacer lo que se le antojara, incluidas actividades inconstitucionales e ilegales como invadir fincas, ocupar inmuebles vacíos, atacar la propiedad privada. Ahora dice que más de dos millones de hombres y mujeres de todo el país no pueden pedirle que se vaya y nos deje vivir en paz, cuando el derecho a la tranquilidad es una de las conquistas civiles y democráticas más antiguas de la humanidad, y una de las exigencias más sanas que un pueblo puede demandar de quienes ejercen el mando.
El que un pueblo pida el adelanto de los comicios o la renuncia del mandatario para dirimir agudos conflictos políticos, es perfectamente lícito. En Italia e Israel, por ejemplo, las crisis de legitimidad suelen resolverse con consultas electorales que propician cambios en las alianzas y en los actores políticos. Aquí en Venezuela las gigantescas marchas que se han dado desde el 23 de enero pasado, y los dos contundentes paros cívicos, el del 10-D y el del 21-O, que en cualquier otro lugar del planeta habrían provocado la caída del Gobierno, sólo han servido para que Chávez intente torcer la voluntad popular, inventando argucias y valiéndose de estratagemas que muestran cómo todo su discurso anterior sobre la soberanía popular, no era otra cosa que un artificio para valerse del poder con fines personales.
A Chávez las patrañas lo han puesto al descubierto. El pueblo le está cobrando sus incongruencias. Su margen de maniobra se reduce cada vez más. Está condenado a acatar la voluntad popular de medirse en un referéndum consultivo y aceptar los resultados que de allí salgan. Esta fue la ley que él impuso en el pasado. Ya no cuenta incondicionalmente con el TSJ, el CNE, la Asamblea Nacional y las Fuerzas Armadas. Por añadidura, tiene colocado en la sien el gatillo del paro cívico indefinido, último recurso de la sociedad para salir de un engreído comandante que quiso ser autócrata.
