El derecho a la democracia

Como consecuencia de la serie de atentados contra los Derechos Humanos que ha habido en nuestro país, sobre todo a lo largo de estos últimos cuatro años, se ha afirmado que la democracia en Venezuela atraviesa su peor crisis desde la caída de la última dictadura. Ante la evidencia de esa patética realidad, para algunos parece esfumarse la idea de que para construir e instaurar un régimen democrático en Venezuela de nada valieron los sacrificios realizados por miles de hombres y mujeres (incluso muchos que sufrieron cárcel, exilio y llegaron hasta ofrendar sus vidas), no solamente bajo la égida de Pérez Jiménez sino durante los duros años de la primera reconstrucción nacional en los albores de la era democrática y en la época de la hegemonía de los partidos tradicionales, esto es, desde 1958 hasta diciembre de 1998.

Si bien es cierto que en los últimos años de vigencia del sistema iniciado desde la huida del último dictador se advirtieron elocuentes signos de deterioro, debido –fundamentalmente- a la presencia de grandes fallas, errores e inconsecuencias que motivaron el aparecimiento de un exacerbado clientelismo político, el acoso de la corrupción administrativa y mengua en la concepción de políticas públicas más acordes con las exigencias, cada vez más crecientes, de los sectores más pobres de la sociedad, también no es menos cierto que el planteamiento populista de nuevo cuño, presentado como “venta de ilusiones” no era el método o vía más indicados para el necesario y conveniente cambio de rumbo que exigía la fuerza de las circunstancias. El tema del agotamiento -gradual y progresivo- de ese esquema de acción política, como consecuencia de la señalada serie de abusos e inconstancias, es materia que demanda preocupación y análisis en planteamientos y artículos especialmente concebidos para ello; sólo en esta entrega mencionamos ese punto como elemento que auxilia, de entrada, esta reflexión. Por de pronto, conviene puntualizar el hecho (insoslayable) de que para Venezuela en mala hora llegó el turno del populismo envuelto en ropajes de un nuevo Mesías quien vino precisamente –con premeditación y ventaja- a burlarse de los mejores deseos del pueblo, en especial de los sectores menos favorecidos socialmente.

Ante esa realidad, es conveniente recalcar el quid de esas ideas que tienden a solidificar el verdadero ideal democrático. Aún su esencia y motivación es el principal objetivo hacia el cual deben encaminar sus afanes, programas y proyectos los sectores progresistas para sacar a este maravilloso país de la triste situación en que se encuentra, producto de la más elocuente acción populista de que se tenga noticia en la Patria de Bolívar, asaz empeño que ha logrado colocarnos en los sitiales más bajos en los cuadros de las estadísticas, no sólo las meramente económicas sino en los indicadores que, de un modo u otro, reflejan el grado de desarrollo en todos los aspectos. Es más, los grandes problemas nacionales (para los cuales se prometió milagrosa solución), han crecido y adquirido dimensiones monstruosas, tales son los casos –por apenas citar unos pocos- del incremento del desempleo, la voraz redimensión de la corrupción, la desatención de los más elementales servicios públicos, la vulneración de la economía, la caída del valor de nuestro signo monetario hasta niveles jamás sospechados, la descomposición de la estructura judicial del país y el predominio de la inseguridad a todos los niveles.

Ante esa caótica situación, es necesario y oportuno hacer que el pueblo (sobre todo las nuevas generaciones) aprenda a reconocer a la democracia no sólo como la mejor forma de gobierno sino como el mejor sistema de vida en sociedad. Es urgente renovar los esfuerzos para enseñar que sólo la democracia ofrece la mejor protección para toda la gama de los Derechos Humanos y en el que el conjunto de ciudadanos puede plantear, reclamar y exigir (con la fuerza de la Constitución y la Ley como única arma de convicción) para que el gobierno ayude, respalde y atienda plenamente las necesidades más ingentes de todos los estratos de la población, en especial las provenientes de los sectores menos favorecidos en la distribución de la riqueza; es decir, sólo en democracia el gobierno actúa en pro de la Justicia Social y en defensa de la persona humana y su dignidad. En tal virtud, se necesita un gobierno fuerte, es decir, aquel equipo de dirección de los asuntos públicos que se caracterice primeramente por ser respetuoso de la Ley, defensor de los Derechos Humanos y, esencialmente, el mejor garante del Bien Común; se requiere un gobierno que se valga de los supremos principios y valores que le permitan desarrollar sus facultades, deberes y funciones en defensa de la libertad en todas sus expresiones y que, por tanto, se convierta (el gobierno) en el mejor instrumento para la defensa de la seguridad, soberanía e integridad territorial de la Nación. En otros términos, es urgente y necesario que el pueblo aprenda a reconocer y respaldar la lucha para instaurar y solidificar un verdadero régimen de libertades, en el que se asegure la igualdad, la paz y la justicia.

En ese empeño y propósito, debe tenerse en cuenta que el pueblo tiene un derecho de especial significación, trascendencia e importancia, el derecho a vivir en democracia, el derecho a la democracia. Por tanto, si el pueblo sabe que tiene pleno derecho al gobierno democrático, debe afincar sus ideales y afanes para asegurar ese medio y, al mismo tiempo, finalidad para afianzar el camino hacia el progreso integral y armónico de la Nación. Ese progreso no será tal si no se garantizan los Derechos Humanos.

En Venezuela, en estos últimos tiempos, lamentablemente los Derechos Humanos han sido objeto de violación mediante el concurso de las más variadas formas que, incluso, en algunas oportunidades ha dado pie para afirmar que “falta poco para decretar el fin del Estado de Derecho y, por consiguiente, el término de la vida en democracia”. De ello dan fe los organismos internacionales y las agrupaciones privadas de gran prestigio que luchan por los Derechos Humanos tanto en nuestro país como en otras partes del mundo. En ese empeño, repetimos, debe tenerse en cuenta que allí donde se garantizan los derechos democráticos, se refuerza la libertad de conciencia, de expresión y de asociación, incluyendo la relativa a la libertad sindical y el respeto a la disidencia. En las democracias genuinas, se respeta y asegura una prensa libre, no se coarta la libertad de expresión ni se persigue a los disidentes, éstos no se ven obligados a buscar asilo o refugio en otras latitudes; tampoco se hace elogio de la violencia ni se vulneran los principios y postulados constitucionales que se refieren a la lógica separación e independencia de los poderes públicos, lo que, de modo alguno, da pie para la concentración del poder político en manos de un solo hombre o de un solo sector o bandería política. De igual modo, es característica de un indiscutible régimen democrático la garantía del debido proceso y, por consiguiente, a tener un juicio justo en los casos en que los problemas y conflictos tengan que ser sometidos a consideración y conocimiento de los tribunales de justicia; así mismo, en una democracia la seguridad personal constituye uno de los principales factores que caracterizan la vida social.

Muchos se preguntan: ¿esas características del régimen democrático están presentes en la actualidad en Venezuela? Ante ese interrogante, muchos afirman que en esta aciaga hora sólo contamos con una libertad menguada por el sólo hecho de que aún podemos expresar por la prensa algo de nuestro criterio u opinión acerca de lo que no nos guste. Sí, en parte puede ser cierto; pero también es cierto que la libertad de expresión está seriamente amenazada como consecuencia del ferviente propósito del gobierno para silenciar o acorralar todo intento de disidencia. La Ley Mordaza apunta hacia esa dirección, su contenido ha sido concebido como uno de los más sentidos intentos del oficialismo para tratar de apuntalarse en el poder, con fines a todas luces de índole autocrática y totalitaria. Ello implica otra tentativa para cercenar la democracia.

Por otra parte, sólo en democracia y sobre la base de respeto a los Derechos Humanos, es factible esperar resultados positivos en lo que atañe al crecimiento económico de la Nación. No se puede garantizar el progreso de una verdadera democracia si desde el gobierno se ponen en práctica directrices orientadas a coartar el libre esfuerzo de los empresarios, comerciantes e industriales. Al respecto, ¿cómo deben calificarse las políticas oficiales que impiden el acceso a divisas para la adquisición de los insumos que necesariamente requiere nuestra industria..? Se acosa y persigue a la mayoría de los empresarios bajo el expediente de que son adversos al régimen. ¿Acaso no tienen derecho a disentir y a proponer ideas y planes distintos a los del gobierno? ¿Será delito exponer libremente su oposición al régimen, máxime cuando es la propia Constitución el instrumento que permite, tutela y ampara esa disidencia? Entonces..? Al mismo tiempo, no olvidemos que con esa actitud el régimen aleja para nuestro país las posibilidades de crear nuevas y más fuentes de trabajo. El régimen niega el derecho al trabajo y a la libre empresa: es decir, atenta contra el sano deseo de progresar y ampliar los horizontes de superación para las grandes mayorías: atenta contra el derecho a la democracia.

Asimismo, si estamos contestes en que la democracia no sólo significa concurrir periódicamente a las elecciones; esto es, si estamos de acuerdo que no sólo debe hablarse de democracia formal o meramente representativa; y que, por lo tanto, debe ampliarse el espectro de participación cívica en la planificación y solución de los asuntos públicos en general, esencialmente en el seno de las comunidades locales, lo cual –a su vez- implica reconocer y proteger la descentralización administrativa y una mayor participación del pueblo, entonces ¿por qué se impide que el propio pueblo se exprese sin fraude o coacción? ¿Por que se imponen trabas para que libremente manifieste su descontento? ¿por qué cada vez que la mayoría anuncia una concentración de protesta en tal o cual sitio (en ejercicio de su legítimo derecho a disentir), adeptos al régimen provocan desorden público, llegando inclusive a contarse víctimas producto de esos desmanes y atropellos? El referéndum consultivo convocado para febrero de este año (una de las formas de participación popular, previstas en la Constitución) fue objeto de ataques por parte del oficialismo hasta impedir su celebración.

El pueblo tiene derecho a una democracia genuina: no basta concurrir a las elecciones, se requiere además respetar los más elementales Derechos Humanos, favorecer el derecho a la disidencia política, garantizar la libertad sindical, respetar los convenios internacionales en estas materias; echar las bases para establecer una sociedad civil fuerte, en la que sólo el imperio de la ley sea el instrumento más idóneo para trabajar, crear y progresar en libertad. Para que el pueblo asegure su derecho a la democracia se precisa de la independencia de los Poderes Públicos (esto es, que no haya la injerencia hegemónica de una rama sobre las demás); se requiere además que se cierre el paso a todo intento de concentrar el poder político en una sola persona o en un solo grupo político; se debe garantizar el derecho a tener ciudadanos informados, sin censura de ningún tipo; así como la libertad religiosa, de enseñanza y de pensamiento, salvaguardar los intereses de las minorías y eliminar todo intento proclive al chauvinismo, al racismo y contra los derechos civiles. Para ello, no basta que tales derechos puedan ser leídos en la Constitución: se requiere un gobierno que los respete y garantice, dando él primero el ejemplo. Solo así, se puede afirmar que el pueblo tiene derecho a la democracia.

* Abogado y Profesor Universitario.