El Engendro
Este fin de semana la oposición se dispone, nuevamente —por tercera vez en menos de un año— a recoger firmas para solicitar un referendo revocatorio del Presidente de la Republica. Esas firmas, millón y medio de ellas, forman parte de las tres millones y medio que fueron entregadas en el mes de diciembre de 2003 y que fueron arbitrariamente desconocidas o eliminadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE). De esta manera, con esa acción absolutamente parcializada, el CNE demostró que no solo es el CNE que mas ha atentado contra el derecho al voto de los venezolanos, sino que ya no queda la mas mínima duda de que el régimen de Chávez Frías controla todos los poderes y recursos del Estado.
Son muchas las cosas que se pudieran hablar con respecto a este tema. Desde evaluar como se ha llegado a este proceso, que sin duda alguna es el proceso electoral más viciado del que hayamos tenido conocimiento, hasta de los posibles escenarios o especular con respecto a las acciones y reacciones del Gobierno o la oposición. Podríamos hablar de las perspectivas ante uno u otro resultado, etc.; pero prefiero enfocarme en la significación primaria de ese hecho, el del dominio gubernamental sobre el máximo ente electoral, descaradamente parcializado y sesgado.
Con el control del CNE, el Gobierno agrega una “joya más a su corona”. Entre las cosas que el régimen de Chávez Frías controla a su antojo esta la industria más importante del país, la petrolera, que genera el 90% de las divisas que el país produce. No contento con este poder, el Gobierno, con un nivel de reservas superior a los 10 mil millones de dólares —el equivalente a un año de importaciones— estableció hace un año y medio un control de cambios y redujo en un 50% la venta de divisas para importaciones del sector privado, con lo cual obliga a que gran parte de las mismas y otras transacciones internacionales se hagan al precio del dólar del mercado negro, con las consecuencias que esto trae sobre los precios y la inflación, que castiga más duramente a los sectores populares, en nombre de los cuales el Gobierno dice actuar.
Controlada ya la Asamblea Nacional (AN), el Poder Ciudadano (Fiscalia, Contraloría y Defensoría del Pueblo), el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Consejo Nacional Electoral, arremete ahora contra los últimos resquicios de independencia de algunas instituciones, como el Banco Central de Venezuela (BCV), insultando a sus directivos y llamándolos “oligarcas”, “residuos” de lo que él Presidente Chávez llama la cuarta república, sin reparar en que fue él mismo quien nombro al actual directorio del BCV. Todo esto con la única finalidad de preparar el terreno para tomar control sobre las reservas internacionales —duplicadas por el absurdo control de cambios— y hasta ha “sugerido” a la Asamblea Nacional que de ser necesario modifique la Ley del organismo para que esto sea posible.
El régimen, a través del Gobierno central controla además el “situado constitucional”, que es la cuota del presupuesto que corresponde a las Gobernaciones, que no tienen ingresos propios o muy escasos, y a las Alcaldías, que solo perciben ingreso por concepto de impuestos municipales. De esta forma restringe los recursos a Gobernaciones y Alcaldías dominadas por la oposición.
No contento con todo ese poder, esta tratando de controlar a las policías municipales, que dependen de las alcaldías y Gobernaciones, impulsando una ley de Policía Nacional, allanándolas o quitándoles las armas, como ocurrió hace un más de un año con la Policía Metropolitana de la Ciudad de Caracas. A pesar de dos sentencias favorables a la Policía, por parte del Tribunal Supremo de Justicia, que obligan a devolver las armas a la Policía, de la cual el Gobierno ha hecho caso omiso, arrojando como resultado el incremento vertiginoso de la criminalidad en la ciudad de Caracas, hoy una de las ciudades más peligrosas del mundo. Las cosas han llegado a tal extremo que algunos invasores de edificios y propiedad privada, promovidos por el Gobierno, declaren a la prensa que no les preocupa que el Gobierno les retire ahora el apoyo, porque ellos están mejor armados que la policía.
Como ya sabemos, hace casi dos años, con base en una disposición constitucional, según la cual el Presidente de la República puede ser “habilitado” para legislar, la Asamblea Nacional concedió esta capacidad al Presidente Chávez Frías —por segunda vez desde que asumió la presidencia-— para que este legislara. Con esta segunda “habilitación”, aun a pesar de haberse vencido su plazo antes de ser utilizada, el Presidente presentó y publicó en Gaceta Oficial más de 50 leyes que cambiaron todo el ordenamiento jurídico del país, sin que la Asamblea nacional las conociera previamente, como estaba establecido en la Ley, y sin que las considerara. Por supuesto, todos los recursos de amparo introducidos ante el TSJ no han sido considerados o han sido desechados.
El último desafuero, cuya muestra la tenemos en la Gaceta Oficial (Gaceta Oficial Nº 37.942 del 19 de mayo de 2004), fue la modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. De acuerdo con la Constitución Nacional las leyes orgánicas deben ser aprobadas por las dos terceras partes de la Asamblea. El Gobierno, que ya no cuenta con esa mayoría, aprobó esta ley con mayoría simple, para así cambiar la composición del Tribunal, incrementar el número de magistrados y volver a controlar el Tribunal, cuyo control había perdido. Esta posibilidad se amplia ahora toda vez que la Sala Constitucional del TSJ por tres votos a dos aprobó que esto sería “constitucional”, puesto que ya la Constitución establece que la Ley del TSJ es orgánica. (Otra de las “peculiaridades” de nuestro sistema jurídico es que en Venezuela lo que dice la Constitución no es lo que dice la Constitución, sino lo que esta sala dice que dice la constitución)
Pero no solo fue aprobada por mayoría simple, sino que además se impidió la discusión a fondo de su articulado, agrupando ciento cincuenta artículos en veintitrés, e incluso modificando en secretaria y en el equipo de redacción los textos aprobados en la propia Asamblea. De esta manera y de un plumazo, se elimina la diferencia entre las leyes en Venezuela y se abrió una grieta en el sistema judicial.
El régimen se dispone ahora a: aprobar una llamada Ley de Contenidos o Ley Mordaza para controlar los medios de comunicación social y restringir la libertad de expresión; aprobar una modificación del Código Orgánico Procesal Penal que le permite convertir en delito común las protestas políticas y las manifestaciones, con la finalidad de “criminalizar” la disidencia política; la Ley del Banco Central de Venezuela, que le permita modificar el directorio a su antojo y disponer de las reservas internacionales; la Ley de Policía Nacional, con la finalidad de controlar las Policías Municipales y aquellas que dependen de las Gobernaciones.
Pero a pesar de todas estas razones, se ha hecho muy difícil caracterizar al presente Gobierno, al régimen de Chávez Frías y encerrarlo en una definición tradicional de “dictadura”.
Este es un gobierno electo democráticamente, pero no es democrático. No es un Gobierno que respete a las minorías; ni la disidencia política, pues busca “criminalizarla”, no existe ningún tipo de balance de poderes, ni rendición de cuentas, ni investigación parlamentaria, etc.
Es un Gobierno, que promovió a tambor batiente la aprobación de una Constitución, que el mismo ha violado repetidas veces; incluso, intrauterinamente, antes de haber nacido, antes de haber sido promulgada, por la forma en que se ratifico el actual Tribunal Supremo y la forma en que se seleccionaron los comités que evaluarían las credenciales de algunos magistrados y altos cargos de funcionarios del Poder Ciudadano, y más recientemente del Poder Electoral.
No es tampoco un “dictadura”, en el sentido tradicional y clásico de este término, pero es un gobierno de marcado carácter autoritario y represivo; que tiene mas de 40 muertos por los que nadie ha respondido; que tiene presos políticas, mas de una docena en el Estado Táchira, dos generales disidentes, uno de ellos con orden de libertad por parte del TSJ, orden que el poder ejecutivo no acata; que tiene preso un Alcalde de la oposición, bajo orden de la Fiscalía afecta al Gobierno, por orden de un juez, también afecto al Gobierno y a pesar de que el TSJ dictamino que el caso estaba viciado, que debía se repuesto y que en todo caso, los alcaldes deben ser juzgados en libertad.
No es un Gobierno popular, a pesar de que clama serlo, pues claramente el 70% de la población del país lo rechaza; pero es un gobierno populista, que sin ningun rubor, el propio Presidente clama que sus programas sociales más recientes tienen una clara finalidad electoral y que eso le garantiza un resultado favorable en caso de realizarse un proceso revocatorio.
Es una “revolución” a pesar de que no se ha promovido ningún cambio estructural profundo, simplemente se ha desplazado a algunos sectores de la clase media y alta, de cargos de poder, para ser reemplazados por partidarios del Gobierno y se mantienen incólumes y mucho más elevados, todos los signos de corrupción que asolaron a la democracia durante los últimos 40 años.
Es un Gobierno que habla de derechos humanos, pero es el Gobierno venezolano que más acusaciones de violación de los mismos tiene desde 1958 y el único que ha sido demandado por tal razón ante tribunales internacionales, lo que lo convierte en algo muy parecido a los clásicos “gobiernos gorilas” militaristas latinoamericanos, de los año sesenta y setenta.
Es un gobierno de inspiración socialista, de corte marxista, inspirado en el castrismo y admirador del maoísmo, pero que no oculta su admiración por los gobiernos militaristas y con una ideología nacionalista y una carencia de doctrina que más lo asemeja a los gobiernos fascistas que a los gobiernos socialistas de principios del siglo 19. Sin embargo, pregona un internacionalismo y un anti “imperialismo” más propio de los gobiernos de ideología comunista y por supuesto esa tendencia inequívoca de los gobiernos comunistas a expandirse y mantenerse no gracias al apoyo popular, sino gracias a las armas y el empleo de la fuerza y la intimidación.
No parece un gobierno nazi, pero maneja sus esquemas de propaganda y publicidad, el manejo de las masas, las frustraciones de la gente y su ideología de la guerra con esquemas muy parecidos a los que emplearon los nazis a finales de los años treinta y principios de los cuarenta del siglo pasado: los mismos mítines masivos, las mismas manifestaciones “espontáneas” de apoyo al régimen y al Gobierno, la misma identificación de enemigos imperialistas y capitalistas que comercian con la guerra, etc.
Por todas estas razones, no cabe la menor duda que nos encontramos, afortunadamente por poco tiempo ya, frente a un engendro; frente a un cruce no mendeliano de “icotea” con “baba” y que canta como “gallo guindao”(1).
(*): Politólogo
(1):Icotea es como los marabinos llaman a las tortugas; las “babas” son los caimanes y el “gallo guindao” era un gallo que se colgaba de una cuerda en las fiestas de San Juan y los jinetes corrían a arrancarle la cabeza.
