El estado de derecho y la perpetuación del poder

Estado de Derecho significa imperio de la ley, estado de legalidad o rigor de la ley.  Aunque estos términos parecen distintos todos tienen aspectos en común. En efecto, cuando se habla de un estado de legalidad implícitamente se está haciendo referencia a leyes “justas”, no a los caprichos de los gobernantes convertidos en ley.

Cuando se habla del imperio de ley sucede lo mismo, no se trata de la obediencia ciega a cualquier tipo de ley ni de la imposición de la misma en contra del debido proceso. Cuando se habla de Estado de Derecho se hace referencia a nociones íntimamente ligadas a los conceptos de libertad, democracia, restricciones al poder estatal y respeto a las libertades básicas.

Estos términos, de una u otra manera, resaltan la importancia del cumplimiento de la ley, de limitar la discrecionalidad de las autoridades, de la protección de los derechos básicos y del gobierno de las leyes y no de los hombres. 

Medir el Estado de Derecho no es una tarea sencilla. Los Indicadores de Gobernabilidad del Banco Mundial son una buena guía al respecto. Según estos indicadores, la cuantificación del Estado de Derecho se centra en medir las percepciones ciudadanas en torno al grado de confianza que tienen en las leyes y su cumplimiento, específicamente en lo que respecta a la calidad de las decisiones que toman los tribunales que imparten justicia, de los procedimientos policiales, del cumplimiento de los contratos sociales y del ejercicio de los derechos de propiedad, así como la prevalencia del crimen y la violencia.

Aunque la definición del Banco Mundial no es perfecta, sin duda muestra el desafío que Venezuela tiene por delante. Ciertamente, pareciera que seguimos empeñados en ir en la dirección contraria, es decir la ampliación de los poderes discrecionales de las autoridades en lugar de buscar cómo limitarlos; generar incertidumbre en torno a la protección de los derechos de propiedad en lugar de promover la certeza jurídica; favorecer cambios constantes en las reglas del juego en lugar de hacerlas más estables y predecibles.

La relación entre el desarrollo económico y el Estado de Derecho es bien conocida: a mayor y mejor protección de los derechos de propiedad, cumplimiento de los contratos, estabilidad de las reglas del juego y la eficacia y prontitud del sistema legal, mayor desarrollo económico. No obstante, es evidente que vamos en la dirección contraria.

Por otro lado, en la Venezuela actual existe una clara e indudable intención, por parte del presidente Chávez, de eternizarse en el poder producto de la ambición y el mesianismo. A lo largo de nuestra historia republicana, los gobernantes de turno, con alguna que otra excepción, han buscado afanosamente concentrar el poder político y eternizarse en el Gobierno.

La concentración del poder permite el ejercicio del mismo sin límites ni controles eficaces. Esto garantiza el abuso de autoridad, que se administre el erario en secreto, a espaldas de la población, sin transparencia ni rendición de cuentas y que se actúe en provecho propio, valiéndose del terror de Estado para amedrentar, silenciar o destruir a la oposición política, así como a los disidentes y críticos del régimen.

La ambición y el mesianismo son la clave de la perpetuación del poder. La ambición es el deseo ardiente de poseer riquezas, fama, poder u honores; en tanto que el mesianismo es el sentirse el líder, el héroe, el caudillo, el salvador, el libertador, el benemérito de la patria. Los métodos para perpetuarse en el poder que se han utilizado son varios: la reelección, la prolongación del período de funciones, el autogolpe y la sucesión de parientes.

La reelección presidencial ha sido el método más apetecido toda vez que a través de elecciones (generalmente amañadas), el gobernante sigue en el ejercicio del poder político, incluso por tiempo indefinido.

De ahí, el porqué de que el constitucionalismo venezolano haya venido insistiendo tanto en la defensa de la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia, incluso como un deber ciudadano.

Se dice que la diferencia entre un político y un estadista estriba en que el primero se preocupa de la próxima elección, en tanto que el segundo de la próxima generación. Entonces es tiempo de busquemos estadistas.