Opinión Nacional

El fraude todo lo corrompe

En derecho romano hay un adagio conocido y aceptado por los sistemas jurídicos de nuestro tiempo: fraus omnia corrumpit, en español: el fraude todo lo corrompe.

La característica del fraude es que el mismo proviene de una voluntad de hacer daño a otro u otros a través de actos, conductas, decisiones perversas que causan perjuicios a sus víctimas. En muchos casos, el fraude implica responsabilidad penal de quien lo comete. Los actos jurídicos en los que haya mediado fraude en su formación, pueden ser declarados nulos.

Se dice que los gobiernos derivados de elecciones tienen legitimidad de origen.

El hecho de que un gobierno haya llegado al poder porque en las elecciones una mayoría de los electores votó por ese gobierno voto a favor del mismo puede considerarse como una condición necesaria, pero no es una condición suficiente. En efecto, si en una elección un candidato es declarado triunfador porque, al escrutar y totalizar los votos obtuvo la mayoría requerida por la ley, sin que se haya comprobado fraude en la emisión de los votos, en su escrutinio y su totalización no basta para que se diga que el elegido tenga legitimación de origen. Y es para que en una elección pueda dar lugar a legitimación de origen del candidato elegido, es necesario que en todo el proceso electoral que condujo a la votación, no haya habido fraude. Ahora bien, si  en una elección presidencial, el candidato del gobierno, durante  todo el proceso ha sido favorecido por los actos, las decisiones y la conducta del organismo que administra y controla las elecciones, en detrimento del candidato o los candidatos de la oposición, es indudable que, por parte de ese organismo, ha habido fraude que corrompe todo el proceso electoral. La gravedad de ese fraude y el hecho de que las consecuencias del mismo haya sido alterar la votación, cuyo resultado tal vez habría podido ser distinto de no haber mediado fraude por parte del organismo electoral, en los países donde hay pleno estado de derecho, con  instituciones autónomas e independientes, podría dar lugar a la nulidad de la elección, con base al principio fraus omnia corrumpit.

La elecciones del 7 de octubre en Venezuela se realizaron bajo condiciones muy adversas para la oposición. En ellas hubo actos, conductas y decisiones del organismo electoral que, en muchos casos fueron fraudulentas. Basta con citar algunas: nunca se permitió tener certeza sobre la correcta elaboración del registro electoral permanente; no se pudo auditar la emisión de cédulas de identidad por parte del SAIME; se limitó en grados extremos las inscripción en el registro electoral de los venezolanos residentes en el extranjero e incluso se les dificultó la posibilidad de votar donde estaban inscritos, como fue el caso de los electores de Miami; al candidato de la oposición sólo se le permitieron 3 minutos diarios de propaganda en televisión y radio mientras que el presidente de la República prácticamente no tuvo limitaciones ya que el CNE consideró que sus transmisiones en cadena nacional de radio y televisión no constituían propaganda electoral sujeta a limitación; se permitió que en los organismos públicos se desplegara propaganda a favor del candidato del gobierno, en franca violación de la ley; se cambiaron algunos centros de votación para colocarlos en sitios cercanos a lugares donde era previsible que la mayoría de sus habitantes eran partidarios del gobierno; en el día de las elecciones se colocaron en los centros de votación, puntos de control y supuesta información para indicarles a los votantes el número de mesa que les correspondía y diciendo que sin el papelito que allí entregaban no iban a poder votar, sin que hubiese norma en la ley ni en los reglamentos electorales que tuviese previsto ese control; se utilizaron medios de transporte de instituciones públicas, e incluso de la Guardia Nacional, para llevar a votar a las personas consideradas como voto seguro a favor del presidente candidato; se prorrogó arbitrariamente la hora tope de cierre de las votaciones; se abusó del derecho a votación asistida.

Si se pudiera probar que sin ese fraude el resultado de las elecciones hubiera sido otro, no hay duda de que estuvimos ante un fraude que todo lo corrompió.

Es difícil pensar que, para las elecciones de diciembre, el CNE vaya a abstenerse de esos actos, de esas decisiones y conductas que pueden calificarse de fraudulentas. Ello no obsta para que la MUD, las ONGs y la sociedad civil sigan denunciando vehemente esos hechos fraudulentos, sin que por ello se vaya ni siquiera pensar en no votar.

 

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