El Poder Electoral: Encrucijada de la democracia venezolana

El próximo mes de agosto se celebrarán en Venezuela las elecciones de los miembros de las Juntas Parroquiales y Concejos Municipales. A quienes les parece de poca importancia el referido proceso eleccionario se les olvida que casi inmediatamente después comenzarán los preparativos por parte del ente comicial para las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional; y luego las elecciones presidenciales del 2006, hecho que marcará la carrera para lo que se convertirá en la elección del siglo.

A pesar de la participación de los partidos políticos, gobierno y oposición, en la contienda electoral de agosto, la sociedad civil no parece emocionarse con el referido proceso; y es que están aún frescos los recuerdos del referéndum revocatorio como para exigirle a la viuda, joven aún, que piense en un nuevo pretendiente.  
La vida política venezolana parece diluirse entre quienes prácticamente han tirado la toalla y manifiestan su desinterés en participar en evento político alguno; quienes llaman afanosamente a la abstención; quienes propugnan la desobediencia civil; quienes critican a quien democráticamente se atreva a emitir una opinión; quienes bajo cualquier circunstancia consideran un deber votar; y quienes justifican su participación en dichos procesos electorales a fin de demostrar por enésima vez el fraude electoral, o para “defender los espacios políticos.”
Todos tienen una razón para hacer o no hacer lo que los otros desean; pero pocos explican a sus compatriotas, y al mundo en general, lo que significa votar en un ambiente en que quien ejerce su derecho no sabe a ciencia cierta para dónde va su voto; y qué pasa cuándo el  “umpire,” en vez de ser el árbitro, está más bien esperando la señal del manager del equipo contrario.

A pesar de ser el voto la máxima expresión de la soberanía popular, en Venezuela el mismo dejó de ser un deber para convertirse en un derecho por efecto de la nueva Constitución.  En otras palabras; que quien ejerza ese derecho, lo hace por su convicción democrática, y no como consecuencia de las presiones constitucionales ni legales que pudieran existir.

Pero quienes ejerzan su derecho al voto, candidatos y electores, deben conocer las circunstancias, tanto objetivas como subjetivas, vinculadas a su derecho al sufragio, así como las consecuencias que generará para el resto de los venezolanos el que ese voto se desvíe, o simplemente se evapore.

El Artículo 292 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que el Poder Electoral se ejerce por el Consejo Nacional Electoral como ente rector; y que son organismos subordinados de éstos, la Junta Electoral Nacional, la Comisión de Registro Civil y Electoral y la Comisión de Participación Política y Financiamiento.

El Poder Electoral forma parte de los cinco Poderes Públicos reconocidos expresamente por la Constitución Bolivariana como consecuencia de lo acordado en la Asamblea Nacional Constituyente del año 1999, aprobada por el pueblo mediante referéndum.

De los cinco Poderes Públicos a que hacemos mención; todos, menos el Poder Electoral, fueron legitimados o re legitimados en su oportunidad.

Debemos recordar que como consecuencia del establecimiento de la nueva Constitución de la República, el propio Jefe de Estado exigió la relegitimación de todos y cada uno de los Poderes Públicos, comenzando por el Poder Ejecutivo en la cabeza del Presidente de la República y siguiendo por el Poder Legislativo, el Poder Judicial, hasta llegar al Poder Ciudadano.  Curiosamente, a diferencia de los casos anteriores, no hubo interés en re legitimar al Poder Electoral, el cual si bien se iniciaba como un Poder autónomo, sus órganos principales, tal y como lo establece la Constitución venezolana, ya existían para la época.

Alguna razón muy poderosa ha debido existir para que el único Poder Público que garantiza el ejercicio de la soberanía popular no fuese tratado de la misma forma que los demás Poderes; y más aún cuando éste tiene por objeto funciones tan importantes como la reglamentación de las Leyes Electorales; la declaración de nulidad de los procesos electorales; la organización, administración, dirección y vigilancia de los procesos electorales; y el mantenimiento, organización, dirección y supervisión del Registro Civil y Electoral.(Art. 293 Constitución de la República)
Todas las ramas del Poder Público son importantes; lo es la rama Ejecutiva representada por el Presidente de la República y los Ministros del Despacho; lo es la Judicial a manos del Tribunal Supremo de Justicia y los demás Tribunales del país; lo es el Poder Legislativo representado por la Asamblea Nacional. Lo es también el Poder Ciudadano representado por el Consejo Moral Republicano constituido por el Defensor del Pueblo, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República; pero no lo es menos, el Poder Electoral, cuyo representante máximo es el Consejo Nacional Electoral
La misma Constitución establece expresamente la obligación del Consejo Nacional Electoral, de garantizar “la igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia y eficiencia de los procesos electorales.” (Art. 293. Constitución. In fine)  Esas garantías de “igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia y eficiencia, solamente pueden lograrse, según lo precisa la misma Constitución en su Artículo 294,  si los órganos del Poder Electoral, entre ellos el CNE, “se rigen por la igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia y eficiencia de los procesos electorales”

Esta situación es tan cierta, que a los fines de garantizar el cumplimiento de cada una de estas condiciones, la propia Constitución establece una serie de requisitos y procedimientos para integrar al Consejo Nacional Electoral.

En efecto, el Artículo 296 de la Constitución de la República señala que el CNE estará integrado por cinco personas no vinculadas a organizaciones con fines políticos; las cuales serán designadas por la Asamblea Nacional y deberán ser postuladas bajo el procedimiento que allí se señala.

Para asegurar estas condiciones de igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia y eficiencia de los procesos electorales, se requiere de ciertas condiciones mínimas que faciliten no sólo el cumplimiento de estas exigencias, sino el respeto a los principios antes transcritos.

Pero;  ¿Cómo pueden lograrse tales condiciones sin que las mismas lleguen a convertirse en un obstáculo para el cumplimiento de las funciones del órgano electoral?
¿Qué garantía existe para que los rectores del CNE, designados por la Asamblea Nacional, actúen con imparcialidad, objetividad y transparencia?
No es imposible que personas designadas bajo las más estrictas condiciones, y de acuerdo a un riguroso procedimiento, actúen en base a principios mezquinos y se aparten de la letra de la Constitución, actuando con total subjetividad. No obstante, la práctica ha determinado ciertas condiciones elementales que tratan de garantizar que el funcionario se comporte de acuerdo a los lineamientos señalados en la Constitución y Leyes de la República. Una de estas formas es mediante el otorgamiento al funcionario de estabilidad y permanencia en el ejercicio de su cargo; y esto sólo se logra a través de su designación por parte del órgano competente, en este caso la Asamblea Nacional, y bajo los requisitos y procedimientos establecidos en la Carta Magna.   
La provisionalidad en los cargos públicos en general es uno de los mayores vicios que alimenta cualquier tipo de irregularidades, al depender el funcionario público del beneplácito de quienes detentan el poder para mantenerse en el cargo. Esto es una constante en cualquier funcionario que dependa del visto bueno de un tercero para el reconocimiento de su estabilidad. Pero en el caso de los rectores del Consejo Nacional Electoral, a quienes a su vez les corresponde avalar los designios del pueblo soberano en el momento de la escogencia de quién deba dirigir los destinos de un país, la situación es aún mucho mayor y de inimaginables consecuencias.

Resulta imposible aceptar que miembros transitorios ejerzan funciones de árbitros electorales, salvo que dicha transitoriedad dependa de la transitoriedad misma de todo un gobierno por situaciones excepcionales. Es por esto que en ninguna parte del mundo se acepta el riesgo de ser arbitrados por quienes carecen de legitimidad para hacerlo. La posibilidad respecto a la  parcialidad y falta de autonomía es demasiado peligrosa para aceptarlo, ya que las consecuencias de su mala acción o de su fracaso, corren en contra de toda una nación. 
En búsqueda de su legitimidad:

El Consejo Nacional Electoral por intermedio de la mayoría de sus miembros, cuatro de ellos vinculados ampliamente con el partido de gobierno; y una en representación de cierto sector opositor, todo ello en abierta violación de la Constitución de la República, la cual exige total ausencia de parcialidad política, (Art. 296) conoce fehacientemente la realidad de su composición política, así como su falta de legitimidad. Prueba de ello radica no sólo en las permanentes declaraciones de su Presidente, quien frente a ciertas denuncias realizadas por algunos miembros de la oposición respecto a la necesidad de designación de los rectores definitivos por parte de la Asamblea Nacional, ha alegado la existencia de “intereses políticos” vinculados con dichas denuncias.

Esta respuesta por parte de la máxima autoridad del organismo electoral no deja de ser cierta. Evidentemente que la solicitud de designación definitiva de los miembros del CNE, hágala quien la haga, obedece a la necesidad de adecuar la actuación del órgano más importante del Poder Electoral, al acto político más trascendental de la vida ciudadana, como lo es el ejercicio del derecho al sufragio. Tal y como lo establece la Constitución de la República en su Artículo 63, el voto es un derecho de carácter eminentemente político. (“De los derechos políticos…el sufragio es un derecho. Se ejercerá mediante votaciones libres, universales, directas y secretas…”)
A diferencia de las críticas emanadas de los miembros del Consejo Nacional Electoral, no sólo la solicitud de cambio de las autoridades electorales actualmente provisionales por unas definitivas es política; sino que mal podría ser de otra naturaleza al pretenderse con el logro de la designación de las nuevas autoridades, el libre ejercicio del derecho político más importante que ciudadano alguno puede pretender, como lo es el derecho al sufragio como manifestación de la soberanía popular.

El organismo electoral no sólo no se ha conformado con procurar desprestigiar a quienes se han atrevido a denunciar su falta de legitimidad; sino que no ha perdido oportunidad de maniobrar frente a la opinión pública nacional e internacional mediante su participación en distintos eventos oficiales, tratando de demostrar una legitimidad que no posee. Uno de los ejemplos lo pudimos apreciar durante la V reunión del Consejo Electoral Andino, celebrada en la ciudad de Caracas, la cual concluyó el pasado 14 de abril y en donde se dieron cita los representantes de los organismos electorales de la comunidad andina. En este importante foro se discutieron medidas en torno a la necesidad de definir mecanismos de colaboración horizontal y asistencia técnica entre los distintos entes comiciales de la región.

En dicha reunión, se precisó entre otras cosas, la asesoría que el Poder Electoral venezolano prestará en el desarrollo de sistemas de votación de tercera generación, así como en materia de identificación de los electores mediante impresiones digitales e implementación de cuadernos electrónicos de votación. De igual manera se acordó la participación de los técnicos del Tribunal Supremo Electoral Andino en el  proceso de auditoria internacional del Registro Electoral venezolano que realizará el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEI) antes de finalizar este año.

Demás está decir, que en tal evento, con excepción de un conocido partido político opositor, no hubo más voces que se alzaran para recordarle a los miembros de los organismos electorales de la comunidad andina, que el Consejo Nacional Electoral venezolano, lejos de ser un ejemplo en tan importantes avances tecnológicos como los antes señalados, mal podría haber actuado como anfitrión frente a sus homólogos andinos cuando ni siquiera posee la legitimidad necesaria para representarse a si mismo.

Paradójicamente a la única queja realizada frente a los representantes de estos organismos electorales, la misma resultó contradictoria al verificarse que junto con la denuncia de transitoriedad y politización de nuestro ente electoral, existían toda una serie de justificaciones relativas a la necesidad de participar en los eventos electorales venideros por parte del grupo político denunciante.

No es de extrañar la impresión que se habrán llevado los representantes andinos respecto a los avances tecnológicos, y a la impecable actuación del CNE nuestro.

Esta situación contradictoria a la que hacemos mención ha sido una constante en los partidos políticos de oposición: Por un lado pretenden denunciar la configuración y actuación irregular del máximo representante del Poder Electoral; pero por otro lado, avalan con su actitud la actuación ilegítima e irregular de un órgano como el CNE venezolano. Así lo ha visto el mundo entero durante las pasadas elecciones regionales; y así lo sigue viendo actualmente.

Entre votar o no votar

Vemos con preocupación cómo un sector de la sociedad venezolana pretende justificar su decisión de participar en las próximas elecciones, amparados en la necesidad de “cumplir con la obligación ineludible de votar,” olvidando que desde la promulgación de la nueva Constitución venezolana tal obligación dejó de existir, para ser reconocida únicamente como un derecho. De igual manera apreciamos cómo estas personas, posiblemente sugestionadas por los mensajes emitidos por ciertos partidos políticos, tildan de “abstencionistas,” y casi saboteadores de la democracia, a quienes basados en las experiencias electorales anteriores; así como conscientes de la ausencia de legitimidad del CNE, han tomado la determinación de no participar en los próximos eventos electorales.

Apreciamos así mismo una tercera postura, mediante la cual algunos venezolanos pretenden no sólo participar en dichos eventos, sino impulsar la participación de otros, bajo la irreconciliable excusa de que si bien “el CNE es ilegítimo y no garantiza el respeto de la voluntad popular, se hace necesario nuestra participación en los futuros procesos eleccionarios.”

Quienes pretenden manejar  a la opinión pública de esta forma, tratando de distinguir entre buenos y malos ciudadanos; al parecer desconocen las gravísimas consecuencias que el otorgamiento tácito de una ilegitimidad inexistente, ocasionará a la democracia venezolana  No valdrá excusa ni justificación de ninguna naturaleza cuando el venidero año la sociedad venezolana aprecie el irregular proceder de un Consejo Nacional Electoral que nos tiene acostumbrados a sus permanentes actuaciones.

Pero lo más grave aún será el verificar que gracias a la actuación de los rectores provisionales del órgano electoral, y a sus decisiones acomodaticias y en flagrante violación de esos principios establecidos por la Constitución de la República que deberían regir a los órganos del Poder Electoral, el actual Presidente de la República será reelegido con un número impresionante de votos, muchos de los cuales provendrán de las innumerables maniobras producidas en el plano de la cedulación irregular de extranjeros, su nacionalización, así como de un registro electoral de dudosa procedencia, entre muchos otros, como ha sucedido en los eventos electorales anteriores.  

Resulta imposible de aceptar; no por razones políticas, sino por razones de técnica jurídica, que se pretenda engañar al electorado venezolano, y a la opinión pública en general, mediante la velada amenaza de que al no participar en los próximos comicios electorales, más que contribuir con la democracia, le otorgaremos todos los poderes al gobierno nacional.

Muy por el contrario de quienes así opinan, la única posibilidad existente en la vida política venezolana actual, para evitar la actuación de un órgano viciado, corrupto e ilegítimo como el CNE, es el desmantelamiento de su fachada frente al mundo; hecho que conlleva de igual manera el dejar al descubierto la infinidad de negociaciones y de omisiones culpables de quienes conforman la Asamblea Nacional, para no haber cumplido con su constitucional e insustituible obligación de designar a los rectores definitivos del organismo electoral.  

Alegar la necesidad de participar para evitar que “otros” llenen los espacios dejados por la oposición; o plantear la posibilidad de referenda para convalidar o no la actuación prácticamente criminal del CNE, no es más que un mecanismo distraccionista de quienes, a sabiendas, o ingenuamente, ofrecen esas alternativas; olvidando que mal podría convalidarse por intermedio de la voluntad popular, lo que carece de valor por mandato constitucional.

Solicitar la sustitución de Cuadernos de Votación por otros; requerir la modificación del Registro Electoral Permanente (REP); exigir el adecentamiento del sistema de cedulación;  inscribir candidaturas a los eventos electorales por venir, o participar en dichos eventos, no son más que actuaciones a las cuales echará mano el propio organismo electoral para demostrar frente al mundo el reconocimiento de su legitimidad por parte de una sociedad que pretende criticarlo.

¿Qué hacer?

La situación en Venezuela es realmente confusa.  Por un lado existen infinidad de venezolanos que entienden la magnitud del problema en puertas; pero por otro lado, muchos esperan a que “otros”resuelvan por ellos lo que la mayoría no se atreve a resolver.

Los partidos políticos, organizaciones cuyo objetivo debería ser el servir como eslabón entre la sociedad y el poder, se han olvidado de esa sociedad para buscar el poder. No hay nada que esperar de esos partidos políticos; al menos que algunos de sus líderes comprendan que el jugo de la ganancia no se consigue pactando con quien ni siquiera es capaz de asegurar el respeto de sus pactos, sino en atreverse a hacer ese algo distinto que muchos de los venezolanos esperan. Si alguno de ellos tuviera el olfato político necesario, podría darse cuenta que de su actuación actual, la cual dista mucho del conformismo de participar en unas elecciones; podría depender no sólo la gloria para la historia, sino un triunfo seguro e imponente en unas elecciones transparentes futuras. Pero nada de eso sucederá, y la sociedad tiene que saberlo. 

La sociedad venezolana no puede pasar toda la vida esperando, ni puede permitir que otros elijan o pacten por ella. Tampoco puede permitirse el lujo de descalificar a cualquiera que le diga lo que no les gusta oír; porque todos son necesarios y todos tienen algo que aportar.  La sociedad venezolana, como la de cualquier país del mundo, la configuran hombres y mujeres con talento y sentido común; con ideas críticas y con capacidad para entender que si uno no defiende sus propios intereses, no habrá quien los defienda por uno. Los intereses de la sociedad no son los intereses de los partidos políticos; eso es una realidad en Venezuela. No hay Mesías en puertas, no ha aparecido el caudillo que se enfrente al poder, ni tampoco aparecerá a corto plazo; simplemente porque las sociedades no reproducen líderes, sino que éstos salen de sus entrañas muchas veces sin darse cuenta.

En la medida en que esos partidos políticos tradicionales se han acercado al poder y han dejado a un lado a la sociedad, se han venido creando grupos organizados de intermediarios políticos: las ONG y todo tipo de organizaciones civiles de distinta jerarquía locales.

Este no es un fenómeno sólo de Venezuela; éste es un fenómeno del mundo, y lo podemos apreciar en el “Movimiento de los Sin Tierra” en Brasil; en grupos estadounidenses como Democracy For America; en la
 “Campaña  Vote for Peace” del Reino Unido; y hasta en la “Liga Árabe-Europea.”

Venezuela no puede ser la excepción de tantos movimientos y tantas organizaciones e individualidades que en un momento dado se han atrevido a actuar.

El futuro, si bien es un enigma para todos, puede avizorarse con mirar las experiencias pasadas: un gobierno prepotente y arbitrario que ha demostrado no sólo su incapacidad para gobernar, sino sus tendencias totalitarias; unos Poderes Públicos en manos de ese gobierno arbitrario; y un árbitro electoral, no sólo irresponsable, sino representado por funcionarios temporales con ansias de obtener la aprobación de Su Superior.

El próximo mes de diciembre del año 2006; salvo que la sociedad venezolana le “dé un parao”a los partidos políticos, el Presidente Hugo Chávez irá sólo en la contienda electoral. Quizás; para democratizar su juego político, alguno de sus seguidores, y unos cuantos amigos de la oposición, con su venia, aparenten separarse del poder con ofrecimientos electorales.

Pero nada de esto hará cambiar el curso de los acontecimientos: el Presidente Chávez logrará la reelección con más votos que votantes; y con esto desaparecerá el sueño de libertad de muchos venezolanos. De nada servirán los dimes y diretes, ni las acusaciones entre unos y otros. No valdrán denuncias ante organismos internacionales que mirarán con asombro cómo quienes con su presencia pretendieron convalidar el accionar ilegítimo de un órgano, ahora procuran desconocer su decisión.

Tampoco valdrán falsas esperanzas por elecciones futuras; y cuando al año siguiente el Jefe de Estado presente su Proyecto de Asamblea Nacional Constituyente e incluya la tercera reelección, tal vez algunos despierten, pero evidentemente que será demasiado tarde.

¿Será que tendremos que pagar tan caro para aprender?