El viernes negro de 1983

EL viernes 18 de febrero de 1983, el gobierno del presidente Luis Herrera Campins se vio obligado a suspender la libre convertibilidad del bolívar, proceder a una devaluación y establecer un control de cambio. Luego de una historia de más de 50 años de prestigio del bolívar como una de las monedas más fuertes y confiable del mundo, aquella fecha marcó el fin de una era de estabilidad económica, baja inflación y prudencia fiscal. Van a ser 30 años de aquella fecha y lo lamentable es que las causas que llevaron al colapso del régimen de cambiario venezolano siguen presentes, fundamentalmente los enormes excesos fiscales que comprometen no solo el alto ingreso petrolero, sino el endeudamiento por todos los medios posibles.

Más importante que narrar en detalle los errores de política económica y las circunstancias internacionales adversas que llevaron a colapsar el régimen de libre convertibilidad del bolívar en 1983, es recordar las causas y consecuencias de la pérdida de la estabilidad económica. En 1978 Venezuela tenía ya serias dificultades fiscales y de balanza de pagos. Los bienes de capital para grandes proyectos de inversión pública eran parte de las importaciones, pero las cuentas en rojo y la presión inflacionaria señalaban la necesidad de cambios de política económica. Sin embargo el alza sostenida del precio del petróleo de 11,91 $/b en 1978 a $29,42 en 1981 parece haber paralizado la voluntad política de enfrentar los problemas macroeconómicos.

Las causas internas del viernes negro se encontraban en el desorden fiscal y la sobrevaluación del bolívar, destacando la acumulación descentralizada de deuda externa por empresas y entes financieros del Estado. En 1974 se reformó la Ley Orgánica de Hacienda Pública y la Ley de Crédito Público, entre otras leyes del área financiera, para facilitar el uso rápido de los recursos fiscales. Ninguna de estas medidas perjudiciales fue revertida luego, por el contrario el endeudamiento público descentralizado e irresponsable continuó. El orden fiscal venezolano instaurado durante la dictadura del general Juan Vicente Gómez y mantenido por sus sucesores se derrumbó entre 1974 y 1983; y 30 años después los excesos fiscales continúan, ahora a la escala de cientos de miles de dólares.