Falsa constitución socialista

Al fin el régimen ha comenzado a mostrar el bojote de lo que entiende
por socialismo. No hay nada que sorprenda a quienes hemos escrito sobre
el tema. La novedad consiste en hacer explícitos los puntos centrales
del proyecto de dominación que ha llamado en forma manipuladora reforma
constitucional. El proyecto es la implantación de una democracia
socialista (art. 158), una economía socialista (art. 112) y un estado
socialista (art. 318), que no caben en la constitución vigente.

Soberanía sin elecciones. La democracia socialista ha quedado definida
en forma concreta y terrible al expresar que la soberanía, depositada en
el pueblo, se ejerce a través del poder popular, el cual no nace del
sufragio ni de elección alguna. Este es uno de los meollos
antidemocráticos del proyecto. Si no hay elecciones para el ejercicio de
la soberanía, no puede haber democracia real. En la expresión
«democracia socialista» evidentemente sobra la palabra democracia, y lo
que queda como residuo es el innombrado comunismo. En el contexto de
esta concepción, la reelección indefinida del presidente se convierte en
carta blanca para una potestad vitalicia sin apelación al voto popular.

Economía sin libertad. La economía socialista está a su vez fundamentada
en la eliminación de los principios de libertad de trabajo y de empresa,
y de uno de los atributos esenciales de la propiedad privada que es la
capacidad de disposición, sin la cual no se puede vender, hipotecar o
heredar. Tampoco el alquiler cabe cuando queda limitada al uso y
consumo, y la propiedad sobre las cosechas queda evidentemente en
entredicho, así como el ingreso por intereses, y hasta el proceso de
acumulación de capital o inversión. Incluso queda por carambola
eliminado el mercado como mecanismo para la transacción libre de
derechos de propiedad. Programáticamente, además, se dan los
lineamientos para la construcción de «empresas» socialistas en un marco
que adelanta la progresiva ocupación previa y expropiación o compra de
las empresas privadas, y de expansión de empresas propiedad directa o
indirecta del Estado.

El gobierno real pasa a ser un nuevo gobierno paralelo. El estado
socialista está definido a lo largo del entramado de casi todos los 33
artículos. Allí se descubren al menos cinco dimensiones. Una es el
gobierno paralelo y centralizado conformado en lo geográfico por
territorios, provincias, distritos y ciudades federales, engalanadas con
regiones especiales militares, dirigidos por autoridades civiles y
militares designadas desde la presidencia. Otra es que la Administración
pública queda subordinada como instrumento del poder a los gobernantes y
no al servicio de los ciudadanos, y en paralelo se monta la
administración «informal» de las misiones, dirigidas y financiadas,
seguro con preferencia, desde la cúpula del poder. Una tercera es la
definición ideológica de la fuerza armada y su comando directo por el
presidente, a nivel de cuerpos, componentes y unidades, y en toda la
escalera de promociones. Otra es la capacidad para celebrar tratados
internacionales y ser ratificados por parte del jefe de estado, sin
pasar por el poder legislativo. Una quinta es el dominio directo sobre
las reservas internacionales y la moneda nacional.

La constitución socialista que se quiere aprobar liquida a la democracia
basada en el voto, que es la única posible. La sigue llamando
democracia, pero cualquier democracia que no esté basada en el voto no
es democracia. Sella la sentencia de muerte del aparato productivo
privado, basado en la eficiencia y la competitividad, y lo sustituye por
un aparato productivo burocrático que no va a tener ni eficiencia ni
competencia (la cual está prácticamente prohibida), lo que significará
menos producción (escasez en otras palabras) y precios más altos en los
mercados alternos (los que aparecen por efecto de la escasez). Aunque lo
llama un nuevo modelo productivo, es un viejo modelo, a la cubana, y
altamente improductivo.

Sin libertad no hay Constitución. Sin democracia tampoco. Ni siquiera
una Constituyente puede liquidar la libertad y la democracia, ni la
propiedad privada como derecho humano ni las elecciones como esencia del
ejercicio de la soberanía popular.