Opinión Nacional

Grave crisis política

El régimen totalitario de gobierno que, progresivamente, ha venido siendo instalado en Venezuela desde enero de 1999 bajo el gobierno de Hugo Chávez Frías pretende, aún en ausencia física de éste, completar el llamado «proceso» hasta un grado de «perfección» semejante al que padece la hermana nación cubana y, del cual, existen otros modelos en el mundo como el de Corea del Norte, Zimbawe, etc.

El instrumento político fundamental del régimen venezolano descansa, fundamentalmente, en una acumulación total de poder en manos del Ejecutivo Nacional que controla, de manera absoluta y en la persona del Presidente de la República, todos los poderes del Estado que estando previsto constitucionalmente, han de gozar de absoluta y plena autonomía, como ocurre en toda democracia verdadera. Sin embargo, el instrumento clave para alcanzar ese logro ha sido el Consejo Nacional Electoral (CNE). La única elección pura y, por tanto legítima, fue la del llamado presidencial en 1999 para llamar, contra lo establecido por la entonces Constitución vigente que era la de 1961, a referendo popular para elegir una Asamblea Nacional Constituyente. Para ese referendo, realizado el 25 de abril de 1999 no se estableció quorum alguno –como se hace en todos los países democráticos del mundo– y la concurrencia de electores fue del orden del treinta por ciento. Ese disminuido electorado aprobó la ya referida convocatoria referendaria.

La siguiente convocatoria a elecciones fue, en el mismo año de 1999, para elegir a los diputados que formarían la referida Asamblea Nacional Constituyente, pero en el proceso electoral se introdujo un mecanismo –llamado popularmente «kino», por su semejanza a la lotería de ese nombre– lo que favoreció visiblemente a los candidatos postulados por el gobierno quienes, así, formaron una desproporcionada mayoría en detrimento del sector opositor. En diciembre del mismo año de 1999, el día quince de ese mes, los venezolanos votaron para aprobar o negar la nueva Constitución aprobada por la mayoría de la Asamblea Constituyente. Precisamente, días antes de tal evento, se había desatado en todo el norte del país un fuerte fenómeno metereológico que afectó casi toda la región norte del país, que es la más poblada. Los resultados de esta elección favorecieron con amplitud la aprobación de la nueva Constitución y el cambio, en ella previsto, de República de Venezuela a República Bolivariana de Venezuela. Como cosa curiosa –para decirlo de manera irónica– el Estado en el que se registró el mayor porcentaje relativo de concurrencia de los venezolanos en esa oportunidad, fue el Estado Vargas, el cual, precisamente, fue el más afectado del país. La abstención, según cifras del CNE fue del 55,62%.

Posteriormente, para el 30 de junio del año 2000, dado que la nueva Constitución impuso la renovación de todos los poderes públicos, el país fue de nuevo a elecciones presidenciales siendo los principales candidatos el Presidente Chávez y su antiguo colaborador en el intento de golpe de Estado del 4 de febrero de 1992, Francisco Arias Cárdenas. Chávez obtuvo el 59,76% de los votos, mientras Arias alcanzó el 37,52%. Sin embargo, diversos exit polls de encuestadoras, así como cifras llegadas a diferentes instituciones y empresas daban resultados que favorecían al segundo, a quien había apoyado la oposición de entonces. En el mundillo de la política se afirmaba que se trataba de un acuerdo entre ambos candidatos convenido.

Lo que sigue es conocido y recordado por todos. En el presente, los venezolanos todos nos encontramos ante la difícil situación que ha generado la enfermedad del Presidente Electo de la República Hugo Chávez Frías. Entre todos los venezolanos, nadie sabe la realidad sobre la vida del Presidente Electo, excepción hecha de la pequeña “cúpula” de la alta dirigencia del “chavismo” que es la única que conoce, realmente, cual es la verdad al respecto.

El 8 del pasado mes de diciembre, el entonces Presidente de la República se dirigió al país todo, por radio y televisión, para, en un acto de sorprendente sinceridad expuso ante todos los venezolanos su preocupación por el riesgo que públicamente confesó en torno a su grave enfermedad. Las palabras y la misma expresión de su rostro revelaron, públicamente y con grandes dudas personales, el destino que podría esperarle. Por esa razón –que seguramente consideraba el Presidente Chávez como lo más probable– se adelantó al futuro y decidió que el candidato presidencial del su partido, el PSUV fuese el señor Maduro, hasta el 10 de enero Vice-Presidente de la República. El Presidente expresó, muy claramente, que en caso de su ausencia definitiva por causa de su salud, fuese Maduro candidato y el Presidente en ejercicio de la Asamblea Nacional se encargara de la Presidencia de la República hasta que se realizaran las elecciones previstas en el Artículo 233 de la vigente Constitución Nacional.

Sin embargo, ausente el Presidente Electo el día 10 de enero del presente año, argucias con incompatibles mecanismos contrarios a lo establecido en la Constitución determinaron que, tanto la mayoría parlamentaria como el Tribunal Supremo de Justicia pasaran por alto lo que determina el texto constitucional al respecto, de manera que el Presidente Electo podría juramentarse como Presidente de la República en cualquier momento cuando le fuera posible hacerlo y que se encargara de la conducción del gobierno el ya ex Vice-Presidente de la República Nicolás Maduro.

Así hemos llegado al día de hoy, 27 de febrero de 2013, sin que la República tenga un conductor legítimo y los venezolanos ignoremos, casi todos excepto la “cúpula” limitada del PSUV, cuál es la realidad de la vida del Presidente Electo el 7 de octubre de 2012; si se recuperará o no de sus males y, ni siquiera, si vive o no, o si está en Venezuela o no.

El ficticio e ilegal “presidente encargado”, aparte de atropellar a venezolanos de todos los sectores, hace afirmaciones sobre sus “visitas” al Presidente Electo cuyo verdadero paradero es un misterio de fe comunista, al tiempo que cae en graves contradicciones con informaciones que refieren por los medios de comunicación otros miembros de la referida “cúpula”.

Venezuela se ha convertido en un caos en el que reina la ingobernabilidad. Se ha realizado una devaluación de la moneda que es ilegal en razón de la ausencia de un Presidente Constitucional y, tal caos se está transformando en anarquía pues otros organismos del Estado también carecen de competencia real para actuar en sus funciones y hasta Ministros, en estas condiciones también ilegítimos, no acatan lo que el falso “presidente encargado” les ordena, como parece ser –si fuese ello cierto, que no me consta– lo que se ha transmitido, por la redes, que ocurrió con el Ministro de la Defensa.

¿Qué es lo que espera la susodicha “cúpula”? ¿Qué reviente en el país un conflicto grave entre tantas organizaciones, trabajadores y empleados asfixiados por la gran carestía de la vida generada por la ilegal devaluación?

El país está ante la grave perspectiva de que el caos, que avanza, desate peores consecuencias como sería una guerra civil. Por supuesto que no faltarán quienes irresponsablemente la propicien. De producirse –quiera Dios que no– lo que nos espera es una suerte de Pinochet venezolano.

 

Tres años después, el 15 de agosto de 2004, se realizó un referendo revocatorio presidencial. En esta oportunidad, el gobierno –que había corrido varios meses la fecha del referendo– instaló un mecanismo fraudulento apoyado, básicamente, en la manipulación de maquinas electrónicas de votación que instaló la empresa Smartmatic. Las cifras adelantadas por exit polls daban una amplia ventaja –del orden del 60% v.s. 40%– en favor del NO, que significaba la revocatoria del mandato presidencial. El CNE publicó –se dijo que por error– esa misma relación numérica en un folleto que circuló en el país, pero que, rápidamente, fue modificado invirtiendo las cifras. El sector opositor protestó dichos resultados, pues, además, el gobierno había interpuesto numerosas dificultades sobre la recolección de apoyos firmados por opositores, negando la validez de muchas firmas con el alegato de que eran falsas. La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (cuyo Presidente fue destituido) avaló dichas firmas llamadas «planas», pero el sector opositor aceptó que los firmantes involucrados concurrieran a un nuevo proceso de repetición de sus firmas, lo que atrasó aún más la fecha para el evento referendario. Para complemento, el ex Presidente Carter avaló públicamente la «pureza» de ese proceso electoral y Hugo Chávez pudo mantenerse en la Presidencia de la República.

 

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