¡Ignorantes al Poder!

Mientras el Poder Ejecutivo de esta V República deposita en la “Constituyente Económica” sus esperanzas para lograr la reactivación de la economía, dos medidas concretas y recientes –adoptadas por otros dos Poderes- boicotean ésas intenciones de manera mucho más eficiente que cualquier “cúpula corrupta” del pasado.

Pero el problema no está solamente en el perjuicio causado a las intenciones del Gobierno, sino en el daño ocasionado a la industria, a la economía y -por ende- al “bolivariano que se encuentra pelando”.

La primera de ellas, aprobada como a medianoche por el espúreo “Congresillo” -el día 20 de julio pasado- se llama la “Ley de Medicamentos”. Uno tiene derecho a preguntarse ¿cuál habrá sido la urgencia de sancionar esta ley en medio de un período de transitoriedad y de “supra-constitucionalidad”?. Y uno tiene derecho a responderse que la razón probable de ése apresuramiento fue la intención de impedir una discusión pública, participativa y democrática del tema.

Esta ley es un retorno al estatismo y a la burocracia del medicamento. Crea un Consejo Nacional del Medicamento, compuesto por 9 integrantes de los cuales 8 son del sector público y 1 -uno- de la Sociedad Civil. Por allí viene la cosa. Y luego convierte al Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel” en una especie de “FDA” criolla, investida de poderes decisionales cuasi omnímodos.

Pero burocracia y centralismo aparte, la ley perjudica al paciente venezolano porque –asómbrense- si mañana se desarrollara en el exterior una vacuna, remedio o medicina contra el “Sida” o contra el cáncer de pulmón, esta ley bolivariana impediría su utilización en el país.

Porque:
Art. 66: “Todo medicamento que ingrese al país, deberá ser evaluado clínicamente en pacientes antes de ser distribuido, a través de estudios clínicos realizados en el país por profesionales del área vinculados a instituciones que realicen investigaciones tales como universidades y hospitales, exceptuando este artículo cuando no exista la tecnología apropiada para efectuar el estudio clínico a efectuarse de conformidad con lo establecido en los artículos 71 y ¡71! de esta ley”.

Art. 71: “Todo ensayo clínico debe ser autorizado por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social a través de la Junta Revisora de Productos Farmacéuticos”, controlada por el Instituto Nacional de Higiene “Rafael Rangel”.

¿Creen Ustedes que, cualquier conglomerado farmacéutico global que hubiese descubierto alguno de esos remedios milagrosos y hubiese incurrido en los enormes costos de investigación y desarrollo, estará dispuesto a repetir en Venezuela los estudios clínicos para poder acceder al marginal mercado nacional?. Por supuesto que no. Lo que esta ley bolivariana logrará es congelar a los medicamentos disponibles en el futuro a aquellos autorizados hasta 1999. No habrá -por lo tanto- oferta novedosa en el país en perjuicio -en primer término- de los pacientes.

Y, en cambio, en ninguna parte de esta ley se establece algún incentivo o apoyo -político, financiero o investigativo- a la creciente especialidad de la fitomedicina o medicina herbaria, rama en la cual Venezuela tiene, teóricamente, ventajas competitivas muy considerables. En contraste, varios laboratorios y reconocidos centros de investigación norteamericanos y europeos están -desde hace tiempo- trabajando en colaboración con etnias amazónicas en la identificación de los agentes activos específicos que convierten a muchas plantas de la región en medicinales.

¡Qué Tribunal!

La segunda medida, es la insólita decisión del también espúreo Tribunal Supremo de Justicia (No. 98-546) que, en una espectacular evidencia de ignorancia suprema, convirtió una relación contractual mercantil en una relación laboral. Con ello, no solamente le dieron una puñalada trapera al enfoque moderno del out-sourcing, sino afectaron gravemente el concepto, funcionamiento y el propio futuro de las franquicias, uno de los tres sectores de la economía nacional que logró crecer en medio de la crisis. Con la sentencia se perjudica también a la incipiente micro-empresa en Venezuela, a la industria del transporte y de la distribución, al sector alimentario y a la construcción. ¡Qué regalo tan bonito le presentó el Tribunal al Ejecutivo!, pero -entonces- ése es el problema que se crea cuando hay ignorantes en posiciones de Poder.

Así, patriotas, dos decisiones que sabotean clara y directamente los supuestos esfuerzos que el Ejecutivo dice estar realizando para reactivar el aparato productivo.

Algunos casos

Ya que ahora nos encontramos en la fase de la “Guerra a Muerte contra la Corrupción” quizás el Primer Viajero quiera ocuparse del escándalo de Bs. 26 millardos que se mamó el “Congresillo” de 21 “representantes” en apenas 6 meses de vida. A millardo 300 millones por cabeza. Es decir, 200 millones por cabeza x mes. Y luego está el “peculado culposo propio” contra la directiva del CNE por los 56 millardos botados en los fallidos comicios del 28M. Y cuando hayan determinado las responsabilidades bolivarianas, quizás quiera meterle la lupa, a las responsabilidades -también bolivarianas- por la ruptura de la represa de El Guapo en el Estado Miranda. Esa tragedia, ocasionada por la negligencia de las autoridades de Hidroven, aun está por cuantificarse pero se trata de miles de millones en daños que todavía a estas alturas impactan la vista.

Tomado de Luis Vicente León:
Sobre la reactivación de la economía, el propio Gobierno ha presentado su estimación de crecimiento: 2%. Si tomamos en cuenta que el año pasado la economía decreció 7%, el resultado podríamos resumirlo así: “luego de haber incrementado el gasto público en más del 70% con respecto al año anterior y haberse cuadruplicado los precios del petróleo, el Gobierno ha logrado la meta de desplazar la economía en 2% para ubicarnos 5% por debajo del año l998”……

Las prioridades

26 mil millones adicionales nos costarán las elecciones del 3 de diciembre para concejales y juntas parroquiales. Muchos piensan que será -otra vez- dinero tirado al albañal porque nadie irá a votar sobretodo luego de la percepción del megafraude el “30J”. Y luego está la Cumbre de la OPEP que nos cuesta siete millones de dólares o lo que es lo mismo Bs. 5 millardos de machacantes, mientras el Soberano y las soberanas trancan la Coche-Valle por falta de trabajo. Prioridades bolivarianas.