Informe Político: Permanencia del presidente Hugo Chávez en el poder

En la medida que los días transcurren y las megaeleciones se acercan, el panorama político venezolano se complejiza, fundamentalmente por:

a) aumento de los rumores y advertencias de fraude electoral

b) incremento, a razón 1.5% aproximadamente, de la preferencia electoral a favor de Francisco Arias Cárdenas, según sondeos de opinión

c) caída de aproximadamente un punto porcentual de la popularidad del Presidente Hugo Chávez Frías, de acuerdo a los estudios de encuestadoras privadas

d) Pese al descenso en la intención de voto, sostenimiento de las posibilidades de triunfo por parte de Hugo Chávez (fortaleza electoral en los segmentos poblacionales D y E)

e) Tendencia a que el Gobierno nacional no obtenga mayoría en la Asamblea Nacional y quede altamente disminuido en los cargos de poder regional (especialmente gobernaciones)

f) prolongación de las dificultades del CNE para cumplir con la ordenación y optimización del proceso comicial

g) continuidad de las confrontaciones entre el Primer Mandatario Nacional y otros actores de la sociedad venezolana tales como: la Iglesia Católica y los medios de comunicación

h) cambio de rol del partido Patria Para Todos, el cual se colocó en una situación particular de oposición. Es decir, aun cuando retiró su apoyo a la candidatura presidencial de Hugo Chávez no se alineó con la candidatura Arias Cárdenas y continúa asistiendo a los candidatos regionales del partido del Presidente

i) Aumento moderado de especulaciones, en torno a las posibilidades de acciones hostiles de parte de grupos político-subversivos en el país afines al PPT (Bandera Roja / Tupac Amaru). Esto producto de la separación del PPT de la coalición gubernamental y por las agresiones que se atribuyen al Presidente Chávez en contra de algunos miembros del PPT (especialmente Alfredo Laya y Alexis Rosas, gobernadores de los estados Vargas y Anzoátegui respectivamente)

j) Acusaciones al Fiscal General de la República, por presuntas maniobras político-electorales en el intento de juicios a Presidente del Consejo Legislativo Nacional (CLN o “Congresillo”), Luis Manuel Miquilena, y a Jesús Urdaneta Hernández, actual candidato a la Gobernación del estado Aragua y miembro de la oposición.

k) Aparente negligencia gubernamental en las actuales tensiones financieras ocasionadas por la quiebra de la institución bancaria CAVENDES

La sumatoria de los acontecimientos antes señalados define un horizonte político tempestuoso, el cual apunta más hacia la posible prolongación de la crisis que hacia la conciliación de salidas concertadas por los distintas fuerzas vivas de la sociedad. Todo esto dependerá, en buena medida, de como quede finalmente la correlación de fuerzas después de las elecciones si éstas llegan finalmente a materializarse, como está legalmente previsto. A esto debe añadírsele factores de que han tenido incidencia considerable en el curso cotidiano nacional a lo largo de este último año como son: la profunda recesión económica, el progresivo aumento del desempleo, el incremento de la inseguridad personal, el crecimiento de la desconfianza de los grupos económico locales y extranjeros para invertir en Venezuela por las denuncias permanentes de inseguridad jurídica, entre otros.

De tal manera, que la posibilidad de prolongación de la crisis política y el sostenimiento del estado deprimido de la economía nacional (pese a un vaticinado mantenimiento de los precios altos del petróleo), podría asumirse en el marco de dos primeros escenarios posibles. Uno de ellos con carácter inmediato y el otro de consideración temporal mediana.

El de corto plazo, se monta sobre la base de la renuncia de Francisco Arias Cárdenas a sus aspiraciones presidenciales, denunciando falta de credibilidad y de transparencia en el proceso comicial. Este es un escenario que apuesta a una situación rápida de caos, de desarticulación de la estrategia electoral gubernamental, la cual redunda en la generación de una crisis institucional.

Arias podría tomar como argumentos el proceso aparentemente irregular que el Gobierno nacional ha adelantado en los últimos meses para impulsar las elecciones. Entre éstos acontecimiento que contribuyen a la generación de desconfianza en el proceso encontramos:

a) nombramiento ilegal de una comisión legislativa de “transición” (Comisión Legislativa Nacional o “Congresillo”)

b) designación de personas afectas al Gobierno Nacional a los cargos de Fiscal general de República, del Contralor General, del Defensor del Pueblo, de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral (CNE)

c) Relaciones poco transparente entre la empresa INDRA y el CNE

d) Apresuramiento de parte del “Congresillo” y del Ejecutivo Nacional para la aprobación de leyes antes de las elecciones tales como la nueva ley para el Sistema Nacional de Inteligencia (SIN), la agraria, la de telecomunicaciones y la de Geografía y Catastro Nacional

Por otra parte, la situación política venezolana como se ha evidenciado en los últimos días, días guarda una importante similitud, con sus distancias, con el proceso político-electoral que se desarrolla en el Perú. En ambos casos (Venezuela y Perú), se plantean acontecimientos inéditos donde no existen consideraciones estatutarias expresas para la resolución legal de los casos, ni existe jurisprudencia al respecto. En el caso del Perú, hay unos modestos antecedentes en la renuncia (en este caso a la segunda vuelta) de Alfonso Barrantes en las elecciones de 1985, pero no bajo la justificación de un posible fraude electoral, sino porque aceptó la amplia diferencia que Alan García, candidato opositor, le llevaba para ese proceso.

En el caso de Venezuela, las diferencias en la preferencia electoral entre ambos candidatos, permite que Arias Cárdenas albergue alguna esperanza presidencial, pero esto no es un indicador totalmente válido como para que Arias asuma quedarse en la contienda. De renunciar Arias, el Presidente Chávez se podría ver envuelto en una profunda crisis institucional y de credibilidad. La dicotomía ética moral pudiera ser el bemol en la decisión del Gobierno nacional sobre un posible curso de acción. Deberá entonces escoger entre postergar las elecciones mientras entes calificado como la Sala Contencioso Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, se pronuncia con una posible resolución al caso; o apela a sostenimiento de la legalidad primaria de los cuestionados estatutos electorales, emanados del “Congresillo”. De decidir lo segundo, se enfrenta ser objetado a través de una suerte de ecuación jurídico-ética: legalmente reelecto e ilegítimamente reestablecido. Las elecciones se convertirían en ese caso, en una suerte de plebiscito de facto (acepta o no a Chávez), lo cual no está de ninguna manera contemplado en los estatutos electorales actuales. La pregunta de rigor podría ser: ¿además de ilegítima, sería legal la permanencia de Chávez en la presidencia?) .

El escenario de postergación de elecciones, de ninguna manera beneficia al oficialismo. Su continua caída, como se dijo, de aproximadamente un punto porcentual diario en cuanto a intención de voto significaría mayor vulnerabilidad electoral en la medida que el tiempo transcurre. Aun cuando no necesariamente las pérdidas de votos por parte del Presidente Chávez representan ganancias para Arias, esta situación sí podría contribuir a la potenciación de las probabilidades de Arias Cárdenas. Cabe destacar que para hacer de este escenario uno viable, Arias debería renunciar a su candidatura con el apoyo de toda la oposición partidista venezolanas, y la de otros actores que han venido confrontando al Gobierno Nacional tales como la Iglesia Católica y los medios de comunicación.

El segundo escenario posible y el cual también apunta hacia la prolongación de la crisis política en Venezuela, es uno de carácter post electoral. Para hacer viable este escenario Arias requeriría de una mayoría en la Asamblea Nacional. En principios Arias debería definirse con el líder de la oposición y no “desinflarse” una vez pasadas la elecciones como le sucedió a Enrique Salas Römer en su oportunidad. La superioridad legislativa debería ser entonces utilizada por Arias para impulsar un juicio político en contra del presidente por errores, faltas y delitos que se le pudieran atribuir en el ejercicio de su cargo o, en su defecto, apostar a una separación total de su cargo por deficiencias mentales que igualmente se le pudieran adjudicar. Este sería un proceso mucho más lento para propiciar la salida de Chávez de la Presidencia de la República y evitar así alguna modalidad de violencia física para ello. Al igual que en el primer escenario, este curso de acción debería apoyarse en sectores internacionales en términos políticos y económicos.

De acuerdo a los indicadores que el sistema político venezolano ofrece actualmente, no se vislumbra aparentemente posibilidades de un golpe de Estado por parte de sectores castrenses. Hasta ahora los militares han hecho importantes esfuerzos por mantenerse alejados de la política. La postura institucional manifestada por el actual Ministro de la Defensa, ha contribuido a la disminución de las tensiones en el concierto político venezolano. Algún tipo de beligerancia por parte de la FAN en asunto político-electoral, podría aumentar las dimensiones de la crisis.

Finalmente, un tercer escenario apunta hacia las posibilidades del Presidente Chávez para sostenerse en su cargo. Para ello, además del aparente triunfo electoral que se le atribuye necesitará moderar su actitud hacia una de menor conflictividad. De no obtener mayoría en la Asamblea Nacional, debería considerar la posibilidad de negociar, debido que hasta ahora su gobierno se ha caracterizado por no aceptar la negociación como parte del ejercicio del poder, sino la confrontación como doctrina de gobierno. En el caso de que lograra mayoría en la Asamblea, cabe la posibilidad de que el Gobierno al no tener que negociar sus planes gubernamentales adquiriera algún “tinte” autoritario en el desempeño del Ejecutivo Nacional. En ambas circunstancias, el Gobierno Nacional cuenta con la ventaja comparativa de poseer el monopolio de los ingresos petroleros nacionales y la competitiva, del pronosticado precio alto del petróleo durante el año 2000. Se estima que el precio promediará en el año aproximadamente US$ 21 por barril, lo cual se traduciría, a razón de una producción prevista de 3.1 millones de b/d, en unos 21.5 mil millones de dólares al final del año. De ser éstos los ingresos por concepto de exportaciones de crudo, estaríamos en presencia de los más grandes ingresos petroleros de la historia venezolana. Se cuentan entre los mayores, los ingresos de 1981 cuando alcanzaron los 20.2 mil millones de dólares. Esos ingentes recurso económicos producto de la explotación petrolera pudieran contribuir al sostenimiento del gobierno de Chávez, aun en condiciones adversas.

Por otro lado vale recordar, que entre otras de las similitudes que se le atribuyen a los procesos políticos contemporáneos de Venezuela y Perú, es el contar en ambos casos con Presidentes a quienes se le atribuyen profundos sesgos autoritarios en su desempeño político, aspiraciones de perpetuación en el poder y utilización de expedientes jurídico-institucionales para tales fines como: elaboración de nuevas constituciones que contemplen reelecciones inmediatas, designación de afectos gubernamentales en cargos claves para el desenvolvimiento de procesos electorales, entre otros. Adicionalmente, tanto Fujimori como Chávez, llegaron al poder como consecuencia del deterioro de la credibilidad de las fuerzas políticas tradicionales y el descontento agudo de las masas populares por tantos años de necesidades insatisfechas y de frustraciones acumuladas.

En el caso particular de Venezuela, las situaciones irregulares en las acciones del Gobierno han sido permanentemente denunciadas por sectores de oposición, sin que a su vez esto pudiera haberse traducido en acciones concretas por parte de éstos en contra del Gobierno Nacional. Hoy día, la oposición en Venezuela presenta ciertas características que no le favorecen en sus aspiraciones; entre ellas podemos citar:

a) dispersión de los distintos sectores de oposición

b) poca o ninguna credibilidad en ciertos sectores como los conformados por los partidos tradicionales (AD/COPEI)

c) polarización de la atención de los electores no simpatizantes con el Gobierno Nacional en Arias Cárdenas

d) inexistencia de un líder que decida coordinar las acciones de los distintos sectores antagónicos al Gobierno

Finalmente, resulta pertinente en este análisis, revisar brevemente la postura de los Estados Unidos de América (EE.UU.) hacia Venezuela en los últimos meses. A diferencia del Perú, donde los EE.UU. dejó patente su posición de no estar muy de acuerdo con la permanencia de Fujimori en la Presidencia, hacia Caracas ha tenido una actitud bastante moderada o de “espera en alerta” (wacht full waiting). El Gobierno estadounidense hasta ahora no ha asumido como una postura oficial las afirmaciones de John Maisto, todavía embajador de Washington en Venezuela, acerca de un supuesto proceso autoritario por parte de Hugo Chávez, las cuales dio, según la prensa nacional venezolana, en una conferencia impartida en una universidad de la provincia en su país. Resulta motivo de atención, como Washington ha sostenido una actitud de bajo perfil con respecto a Venezuela y más todavía, como Caracas reaccionó ante las peticiones del gobierno estadounidense para un aumento sustancial de la producción petrolera por parte de la OPEP. Además de Arabia Saudita, el primer socio del cártel, y de Kuwait, sería Venezuela quien más activamente abogaría a favor de las aspiraciones de Washington de lograr precios más bajos para el petróleo.