Opinión Nacional

Juzgando a un planificador central en el 2004

Un presidente, puede ser denunciado por transgredir y apartar la iniciativa individual en sus planes de gobierno. Puede ser destituido por engañar al pueblo algunas veces. Pero, debe ser definitivamente enjuiciado, por continuar engañando y usando la riqueza nacional, para obrar en desatinos y sin respaldo alguno, que pueda dar una idea sobre nuestra situación, ante un fin que ya es inalcanzable. ¿Después de 5 años, cual será el fin revolucionario? Sólo unos cuantos me imagino lo conocen. Despilfarrar la riqueza nacional y encarcelar la economía bajo una sucesión de prácticas económicas maquiavélicas es uno de tantos que hasta ahora se conocen como fin del Gobierno. Resultados, hambruna y miseria. Según dijo una vez un economista amigo, quien juega con la teoría económica y sus reglas, es asesinar gentes sin jalar el gatillo. Al final, cualquier juego de este tipo, termina por producir un costo social altísimo para la población de un país y no para los gobernantes. No obstante, sin ser experto en la materia, la reflexión de acusar a un presidente bajo el cargo de -fabricador de miseria por maquillar políticas económicas incorrectas, dentro de un manejo errado del concepto de “justicia social”- parece ser algo bastante difícil, ¿Podrán ser los indicadores económicos y sociales, el cuerpo del delito? ¿Los votos, un arma de destitución?

A lo largo de lo últimos años, el carácter populista de nuestros líderes ha llevado a explicar el concepto de justicia social hacia la población, como paternalismo en vez de mutua participación. Como consecuencia de este populismo en gran escala, el venezolano ha esperado y sigue esperando que el Estado solucione todos los problemas.

El concepto de Justicia Social no debe ser otra cosa que la unión de fuerzas de los entes privados con los públicos, en aras de mejorar los indicadores de equidad y bienestar en una sociedad. Como condición suficiente, la función del presidente debe servir como guía en este proceso y dejar a los mecanismos del mercado la valoración de las mercancías. El Estado debe estar presente para corregir las fallas que se generan en los mercados. Como condición necesaria, es indispensable respetar el principio de “generalidad legal” introducido por el Premio Nóbel de Economía 1974, Friedrich Von Hayek.

Según Hayek, el poder de la Ley y su relación con la economía es vital. Toda regla debe ser empleada en gobernados y gobernantes por igual. Esta equidad, es la savia que alimenta el tronco generador de donde fluye la riqueza en toda economía capitalista.

“Toda acción represiva gubernamental tiene que quedar determinada en forma clara y no confusa por la estructura legal establecida a objeto de que los ciudadanos planifiquen sus actividades individuales con un alto grado de confianza, reduciendo así la discrecionalidad y la incertidumbre. No puede existir hombre alguno que se erija sobre la legalidad establecida resguardándose, en el caso de los gobernantes en su supuesto aval de “seres superiores” cuando en realidad son sólo servidores públicos encargados de salvaguardar el equilibrio nacional”

Quizás, en el futuro podremos presentar cargos a un presidente, por engañar a la población, encubriendo partidas destinadas a desarrollar su concepto de justicia social, que luego fueron despilfarradas en campañas dinerarias para combatir la oposición y en templetes.

Aunque, los indicadores económicos y sociales de Venezuela le muestran al mundo la capacidad que tiene el Gobierno en producir miseria y hambruna a la población, no se puede, hasta donde sabemos, hacer un juicio internacional por esto. Se puede llevar a juicio a un presidente, por malversación de fondos, cosa que debería estar en estudio. Podríamos enjuiciarlo, mejor aún, nosotros los venezolanos, destituyéndolo de la presidencia por la vía de los votos. Sin embargo, para no volver a caer en el error, el venezolano, debe estar preparado y entender que el concepto de justicia social desligado a una economía de mercado no funciona. El caso de Rusia, China y quizás, el caso de Pinochet en Chile, son muestras de que la justicia social sí funciona con economía de mercado. Es pertinente acotar y quiero respetar la cronología política chilena, y sin la intención de hacer un símil con la situación venezolana, me parece que Pinochet logró conjugar mejor que muchos, justicia social y economía de mercado, más allá de sus 4.000 asesinatos y 50.000 torturados en 17 años de dictadura militar, por lo cual ha sido enjuiciado.

El gobierno actual ejercita el populismo diariamente, interviene instituciones, decide cual será la valoración de los precios de las mercancías y actúa como principal empresario en la economía nacional. La iniciativa empresarial esta totalmente out en las decisiones políticas del presidente. A comienzos del 2004, Chávez, se ha dado el lujo de violar una variedad de leyes y ha utilizado todo tipo de instrumentos económicos para fondear su idea de “justicia social” dentro de un sistema que cada día se aleja más a la economía de mercado.

Chávez, luce más como un planificador central de los 70 que un verdadero presidente a comienzos del 2004.

Los resultados de su “injusticia social” dejan como saldo, que cada día veamos más violencia callejera y más venezolanos deambulando por las barriadas caraqueñas hurgando en bolsas de basura la ración alimenticia del día, este tipo de maltratos a la condición humana deben ser castigados. La erosión de la sociedad, las instituciones y la economía ha pasado a un plano alarmante en Venezuela y con ello, un creciente interés en las organizaciones internacionales, que defienden los derechos humanos, en afinar las correctivos sobre esta problemática que parece extenderse por otros países de América Latina.

Todavía existe la esperanza de enjuiciar con votos, a un presidente. Cuando esto ocurra Venezuela será otra.

(*): Economista, escribe desde Londres.

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