Opinión Nacional

La comisión secreta

Desde que Luis Tascón denunció al ex ministro de Infraestructura, José David Cabello, en la Asamblea Nacional los casos de corrupción se ventilan a puerta cerrada. El entonces presidente de la Comisión de Contraloría, Julio Moreno, declaró secreta la reunión del 20 de febrero de 2008 y, a partir de entonces, las reuniones semanales son privadas.

Tal vez por eso nadie había advertido que meses antes de la liquidación de Banorte, alguien había ido personalmente el 23 de septiembre del año pasado al edificio administrativo de la Asamblea Nacional, para dejar constancia de algunas irregularidades en unos créditos que entregó la institución bancaria. Peor aún, que en el Parlamento venezolano guardan desde el 30 de octubre de 2008 una denuncia que solicita investigar a una empresa, que presuntamente vendió alimentos contaminados con una toxina que puede dar cáncer.

Se sabe ahora porque un informe filtrado a través del diputado electo, William Ojeda, da cuenta de 1.012 casos de corrupción, que esperan por sentencia en los archivos de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional.

Ojeda no descarta que haya aún más expedientes similares en el poder legislativo. De lo único que puede dar fe es que la lista que tiene en su poder desde hace dos semanas muestra todo un país gritando: «Uno consigue aquí religiosos, cooperativas, oficiales de la Fuerza Armada Nacional, concejales, dirigentes sindicales, alcaldes y diputados denunciando casos que han sido metidas en un congelador».

En la lista de denunciantes aparece hasta una ministra: cuando estaba al frente de la cartera de Economía Popular, Oly Millán fue personalmente a la Comisión de Contraloría para formalizar una serie de irregularidades administrativas en el Fondo de Desarrollo Agropecuario, Pesquero, Forestal y Afines, Fondafa. Aunque el expediente precisa nombres y señalamientos contra funcionarios específicos, ningún diputado pudo explicar esta semana a dónde pararon los juicios de la ex ministra.

Actitud impune

Sólo con Fondafa, la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional ha procesado seis casos en los últimos cinco años. Se trata de irregularidades en la adquisición de más de 2.000 tractores para los campesinos del Estado Mérida, también una serie de créditos agrícolas sobre los que se levanta un manto de dudas.

Este y otros ejemplos sirven a Ojeda para mostrar que las denuncias engavetadas en el poder legislativo en los últimos cinco años se relacionan directamente con los problemas del país: 90 casos, por ejemplo, advierten irregularidades en la construcción de viviendas; 76 llaman la atención sobre malos manejos en las inversiones que el Estado ha erogado para el sector agropecuario; 69 dan cuenta de inconsistencias presupuestarias a los interno de cooperativas y consejos comunales, y otras 28 solicitan investigar a Petróleos de Venezuela y las industrias básicas de Guayana.

En el sector salud, por su parte, desde 2006 se acumulan 32 expedientes que acusan corrupción; otros 40 tratan sobre irregularidades en unidades educativas y programas de alimentación escolar. La lista también suma 32 denuncias relacionadas con la construcción y el mantenimiento de carreteras. Hay además 368 señalamientos directos contra entes descentralizados y 277 contra funcionarios públicos.

«Muchos de estos casos a lo mejor no tienen un sustento sólido», advierte el diputado recién electo por el Estado Miranda, William Ojeda. «No estamos diciendo que hay 277 funcionarios corruptos, pero sí se ve una actitud que pretende envolver las denuncias presentadas ante la Comisión de Contraloría en actos de impunidad».

Sin quórum
Hace dos meses que la Comisión de Contraloría ni siquiera tiene quórum en las sesiones semanales. Es lo que decían este miércoles sus propios funcionarios. Ninguno de los 15 representantes de esa oficina ha ofrecido un balance general. Sólo la diputada Jenny Cedeño respondió esta semana que en la Subcomisión de Entes Nacionales Descentralizados -que preside- no hay casos engavetados.

¿Qué pasó entonces con los expedientes contra Fondafa? Aunque no dio detalles de su gestión, quiso desmentir las denuncias de Ojeda. Pero sin el compromiso de una declaración formal y amparados en el anonimato, algunos de sus homólogos reconocen esa suerte de congelador que desde hace dos semanas ha venido denunciando el representante del partido Un Nuevo Tiempo.

«William Ojeda se quedó corto», reconoció esta semana un diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela. Dice que está cansado de la corrupción que ha visto y hasta teme que buena parte de los archivos que reposan en el piso 4 de la torre de la esquina de Pajaritos desaparezcan en los días de Navidad, cuando los nuevos y viejos parlamentarios estén lejos celebrando vacaciones decembrinas.

Tascón, el culpable
Nunca fue fácil la relación entre periodistas y representantes de la Comisión de Contraloría. Desde hace dos años y medio, sin embargo, a la prensa ni siquiera se le permite el acceso a las sesiones semanales de cada miércoles.

La denuncia de Luis Tascón contra el ex ministro José David Cabello fue la gota que derramó el vaso. Con una copia del punto de cuenta presidencial número 112007, acusó al Ministerio de Infraestructura de destinar 180 millones de bolívares de los de antes, para 200 microbuses que en el mercado costaban 160 millones. El mismo documento indicaba que otros 100 rústicos adquiridos a 75 millones, salían 17 millones menos en la misma agencia de donde salieron.

Al ex ministro de Infraestructura, José David Cabello, nunca lo citarán para rendir cuentas en la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional. Aunque Tascón falleció dos meses atrás, en la Central Única de Autos Libres y Por Puesto aún guardan todos los recaudos con los que formularon la denuncia.

Su presidente, José Luis Montoya, asegura que si hubiera un poder legislativo serio ya hubieran procesado sus demandas. «Yo imagino que hay muchos más casos engavetados», dice. «Si con pruebas en mano no hicieron nada, qué pasará con las demás denuncias».

Montoya recuerda que en aquel momento los tildaron de «guarimberos», los señalaron de echar «cuentos chinos» y de prestarse para cocinar un show político. Las pruebas, de cualquier forma, siguen en manos de la Central Única de Autos Libres y Por Puestos, desde donde advierte que siguen a disposición de la Asamblea Nacional o cualquier otro organismo que quiera echarles un vistazo.

Socialistas capitalistas
Son muy pocos los casos a los que la Comisión de Contraloría concluyó con diligencia. Entre ellos, Ojeda destaca las sanciones políticas que impusieron el año pasado contra Manuel Rosales, y el fallo a favor del contralor Clodosbaldo Russián, a quien el alcalde de Baruta, Gerardo Blyde, había denunciado en 2006, «por el cobro doble de ingresos como funcionario activo y como jubilado de la Alcaldía de Libertador».

Haciendo memoria alrededor de los casos emblemáticos de corrupción que han pasado en los últimos años por el poder legislativo, Ojeda se pregunta cómo es que el ex ministro de Agricultura y Tierras, Antonio Albarrán, está de segundo a bordo en la Gobernación de Barinas, cuando la misma Comisión de Contraloría le impuso una sanción política por el ya célebre caso del Central Azucarero Ezequiel Zamora.

«Si parte de los casos engavetados son ciertos -y tenemos elementos para suponerlo- podemos afirmar que el Estado venezolano en alguna dimensión está tomado por la expresión más salvaje del capitalismo», opina. «Son capaces de dejar sin escuela a unos niños, sin atención a unos enfermos y sin vivienda a familias, con tal de embolsillarse un dinero».

Se autocensuran
En la lista de Ojeda saltan numerosos casos regionales: una tubería mal construida en Higuerote; varias viviendas inconclusas y abandonadas en Maracay, fallas estructurales en un Centro Diagnóstico Integral que está en la parroquia San Agustín de Caracas, y una partida de la Alcaldía de Chacao, que según la denuncia recibida en marzo de 2009, durmió unos días fuera de su cuenta bancaria.

Destacan, además, temas más emblemáticos en materia política, como las denuncias contra el ex alcalde de Maracaibo, Gian Carlo Di Martino, y al diputado electo por el estado Monagas, Diosdado Cabello. En total, son más de 1.000 casos que esperan respuestas, hay mucha tela que cortar en la lista de Ojeda. «Uno de los casos que nos produce más indignación es el tema de las donaciones al exterior y, en especial, el patrocinio que Petróleos de Venezuela dio a la Escuela de Samba en Brasil en los carnavales de 2006», dice.

Anuncia que pedirá un derecho de palabra ante los 15 representantes de la Comisión de Contraloría y la propia directiva de la Asamblea Nacional, para que rindan cuentas sobre este y otros casos. Cree, sin embargo, que falta voluntad para procesarlos y cita el caso Pdval como testimonio de esa situación.

Desde los días de mayo en que aparecieron contenedores con alimentos descompuestos hasta hoy, la mayoría chavista dijo 12 veces no a la hora de abordar el tema. Juan José Molina, diputado en este período, agrega que a pesar de pedir una investigación dentro de la plenaria y en la propia Comisión de Contraloría, no obtuvo respuestas positivas.

Molina también solicitó el pasado 3 de febrero investigar el destino de unas inversiones en materia eléctrica. La respuesta volvió a ser un silencio postergado y sin hora de cierre. «La Comisión de Contraloría se autocensura», concluye. «No fiscalizan, son competencias que le fueron eliminadas por el poder Ejecutivo».

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