Opinión Nacional

La descentralización de las cárceles

Cuando el Presidente creó el nuevo ministerio para encargarse del sistema penitenciario, se alejó diametralmente de lo que dispuso el constituyente para que se solucionara de raíz un problema tan grave que afecta de manera directa la seguridad personal de los venezolanos. Un adecuado sistema penitenciario constituye, en teoría, el eslabón final del sistema de justicia que debe garantizar que no exista impunidad para quien delinque, pero que garantice también que el penado pueda, dentro del establecimiento penitenciario, rehabilitarse como ciudadano.

Hoy cualquier centro penitenciario es una escuela del delito. Las condiciones en las que se «almacenan» a los seres que allí son recluidos, en la mayoría de los casos, son infrahumanas. Ya es bien conocido por todos la jerarquización interna y cómo impera la ley de los pranes. La corrupción de los funcionarios custodios tiene décadas dominando un mercado interno de armas, drogas, y hasta de los alimentos. Esa misma corrupción existe para el traslado de cualquier detenido o preso hasta el tribunal de su causa. También es igualmente conocida la vinculación de muchos presos a bandas externas de secuestradores, traficantes de drogas o la extorsión telefónica que realizan desde las cárceles a ciudadanos a los que amenazan con secuestrar a cambio de dinero o de tarjetas telefónicas.

Mientras la Constitución señala que los establecimientos penitenciarios deberán contar con espacios para el trabajo, el estudio, el deporte y la recreación, la realidad indica que no existen espacios ni para que un recluso pueda dormir. El hacinamiento es la regla imperante en todas las cárceles. Consideró el constituyente que mediante el trabajo, el estudio, el deporte y las actividades recreativas se podía (y se puede) rehabilitar a quien debe pagar una pena por haber cometido delito. Este mandato constitucional no se cumple.

Ordena la Constitución que además de esos espacios, el personal que dirija las cárceles debe estar constituido por penitenciaristas profesionales con credenciales académicas universitarias. Es decir, que no puede estar al mando de un establecimiento penitenciario ninguna persona que no sea profesional universitario del área. ¿Cuántos de los que dirigen las cárceles cumplen con esta exigencia constitucional? Este mandato constitucional tampoco se cumple.

Indica también la Constitución que el sistema penitenciario se regirá por una administración descentralizada, a cargo de los gobiernos estatales o municipales, pudiendo ser sometidos a modalidades de privatización. Establece claramente que no debe el gobierno central quedarse con la administración de las cárceles. Es su obligación transferirlas a los gobiernos regionales y locales para que su administración sea descentralizada. Para ello, como también lo establece otro artículo constitucional, debe transferirle recursos a los entes descentralizados que deben absorber las penitenciarías. El Presidente, en abierto desacato a este mandato constitucional, no ordenó la transferencia de las cárceles y los recursos para atenderlas a las gobernaciones sino que creó un ministerio nuevo para centralizar aún más la administración de las mismas. Este mandato constitucional tampoco se cumple.

También indica la Constitución la necesidad de crear colonias agrícolas, que conforme a la ley y al raciocinio más elemental, debería ser el destino de aquellos presos que no sean de máxima peligrosidad. Centros de reclusión con un régimen que facilite el trabajo y el aprendizaje de técnicas y métodos para la siembra y la cosecha. Que el recluso pueda incluso producir con su trabajo y, de ser posible, contribuir con sus cargas familiares en el exterior. Muchos dejan fuera a esposa e hijos menores a los que alguien debe sostener. Continuar delinquiendo aún presos es la regla para aliviar esta carga. El Estado debe crear condiciones para que el preso pueda producir estando preso. Las colonias agrícolas son constitucionales y son posibles. Este mandato constitucional tampoco se cumple.

La nueva ministra debe cumplir la Constitución si cree en ella. Su deber fundamental consiste en desmantelar el sistema penitenciario existente y comenzar con la transferencia de las cárceles y los recursos para administrarlas a los gobernadores de estado. Luego debe velar para que sean nombrados directores de los mismos profesionales del área. A la par deben construirse nuevos y modernos establecimientos para máxima seguridad y colonias agrícolas que también deben ser transferidas para una administración descentralizada. Mientras persistan en mantener un control central sobre todas las cárceles seguiremos teniendo el infierno que hoy existe.

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