Opinión Nacional

La descentralización y la constitución bolivariana

Uno de los errores más trascendentes del gobierno de turno, quedó anunciado ayer Domingo 28 de Agosto; al anunciarse “la reversión de la descentralización” de los servicios de salud. Craso error. Este anuncio muy peculiar, coloca al gobierno al margen de los mandatos de la Constitución de la República Bolivariana. ¿Angustia ante una problemática social creciente y no resuelta, después de seis años de gestión? ¿O acaso, una nueva expresión de centralismo? ¿Un pésimo asesoramiento? Quizás, sea una mixtura de todo eso. Lo que sí queda claro, es la equivocada percepción que el gobierno posee del problema institucional-sanitario del país.

La descentralización y la transferencia de competencias

Afirmar que el proceso de descentralización es una decisión de la IV República, es totalmente cierto y hasta de perogrullo. En efecto, a partir de la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE) en 1984, el propósito de descentralizar y desconcentrar el poder y los procesos de toma de decisiones, fue obteniendo fuerza en la agenda de los asuntos públicos de aquella época. Así el tema de profundizar el sistema político venezolano y la democracia misma; mediante la descentralización, y el acercamiento entre la gestión gubernamental y la ciudadanía.

Para 1989, se eligieron por primera vez los gobernadores de las entidades federales mediante elecciones directas, universales y secretas. Se iniciaba de esta forma la reversión del esquema centralista y concentrador dominante en Venezuela desde su fundación como república soberana. Pero aún hay más. Porque con la aprobación de la Ley Orgánica de Descentralización y Transferencia de Competencias del Poder Público, ese mismo año, se adelanta hacia la construcción de una administración pública cercana a la ciudadanía, cercana a los verdaderos intereses regionales y locales.

Estos eventos significaron los cambios institucionales más importantes acaecidos en el país antes del proceso constituyente de 1999. Y esos cambos institucionales – que no fueron fáciles- y que dotaron de mayor democracia, representación y participación a los gobiernos estaduales y locales se realizaron en paz y con el concurso de todos los sectores sociales y políticos involucrados. Los logros en materia de la descentralización de los servicios de salud, educación o deporte. Y de ellos pueden dar cuenta algunos gobernadores, hoy aliados al proceso revolucionario.

La descentralización y la Constitución Bolivariana

Así pues que, esa decisión de la Cuarta República la encontramos consustanciada en forma directa a los mandatos expresos de la Constitución Bolivariana aprobada por nuestro pueblo soberano; mediante referendum realizado en el mes de Diciembre del año 1999. Veamos algunos casos.

El Preámbulo de al Constitución Bolivariana expresa claramente que se refundará la República en un Estado de justicia, federal y descentralizado. El Artículo 4 de nuestra Carta Magna, determina que la Republica de Venezuela es un Estado federal y descentralizado. El Artículo 6, nos indica que el gobierno siempre será democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista, y de mandatos revocables. Pero el tema de la descentralización cuartarepublicana no queda allí.; porque el Artículo 16, de nuestra Constitución Bolivariana determina que debe promulgarse una ley orgánica que garantice la autonomía municipal y la descentralización político-administrativa. De igual forma, el texto fundamental, nos dicta que la Asamblea Nacional por mayoría podrá atribuir determinadas competencias nacionales a los estados y municipios para promover la descentralización. Y el Artículo 158 establece como mandato constitucional que la descentralización como política nacional debe profundizar la democracia; tanto para el acercamiento entre el gobierno y los ciudadanos como para lograr una prestación eficiente de los servicios públicos.

El Artículo 165 establece que los estados deberán propiciar la descentralización hacia los municipios. Por si fuera poco, el Artículo 184 –uno de los artículos más novedosos de la Constitución de 1999- determina que los estados y los municipios deberán impulsar políticas de descentralización hacia las comunidades y los grupos vecinales en materias; tales como: salud, educación, vivienda, deporte, cultura y programas sociales entre varios ámbitos de acción pública.

De paso, nuestra Constitución Bolivariana crea el Consejo Federal de Gobierno, responsabilizado de manera expresa y taxativa de la planificación y coordinación de acciones y políticas para el desarrollo del proceso de descentralización y transferencia de competencias. Adicionalmente, el Artículo 272 contempla la descentralización del sistema carcelario; el Artículo 269 norma que el sistema judicial venezolano se desarrollará en un marco de descentralización administrativa. Y el Artículo 300, nos indica que el Estado se encuentra obligado mediante una ley en establecer condiciones para la creación de entidades funcionalmente descentralizadas.

Entonces, ¿cómo es eso de que ahora se va revertir el proceso de descentralización? ¿Y los mandatos constitucionales que claramente determinan el desarrollo institucional del Estado en forma descentralizada, de cara al ciudadano y en corresponsabilidad con la sociedad civil? ¿Y por cierto, el Vice-Ministerio de Desarrollo Institucional, no dice nada sobre el particular? En síntesis, plantear la reversión de la descentralización, significaría revertir el proceso constituyente.

Cumplir con la Constitución es el camino

Los problemas de la democracia se resuelven con mayor democracia. Ese es el decir, ese es el reto. A la democracia no hay que temerle; salvo que no se crea en ella. Cumplir con el Artículo 84 de la Constitución Bolivariana, que determina en forma clara e inequívoca, que el Estado garantizará el derecho a la salud, creará, ejercerá la rectoría y gestionará un sistema público nacional de salud, de carácter intersectorial, descentralizado y participativo… ¿Queda aún alguna duda?

La crisis del sector salud ha desbordado al gobierno. Eso lo sabemos. Esa crisis no se superará con más centralismo, ni con una lluvia indiscriminada de billetes, de millones o de billones, ni tampoco con anuncios grandilocuentes. La problemática sanitaria del país se resolverá con una adecuada planificación y gerencia, con el respeto a los usuarios y pacientes, con la valorización pertinente del personal médico y paramédico nacional, y también con la inclusión de nuestras universidades y centros especializados a la estructuración de una política de salud bajo una perspectiva moderna. Por último, la participación de las comunidades, la participación y la contraloría de las ciudadanas y ciudadanos sobre las políticas públicas en el sector salud, representan una condición indispensable y un derecho irrenunciable, para lograr su mejoramiento.

Hoy más que nunca, la defensa y la aplicación de los preceptos constitucionales son el camino para superar la crisis de gobernabilidad y de rendimiento institucional que atraviesa nuestro país. Adelante, el presente es de lucha; el futuro nos pertenece a todos.

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