La deslegitimación del gobierno lleva al país al caos

La oposición democrática venezolana exige renuncia del Vicepresidente y del Fiscal General

1. El testimonio presentado ante la Comisión Especial de la Asamblea Nacional por el General de División Manuel Rosendo, ex Jefe del Comando Unificado de la Fuerza Armada Nacional (CUFAN), coloca la crisis política que vive Venezuela en un nuevo nivel de agudización. La opinión pública nacional e internacional esta ante uno de los más altos oficiales del país (y de los más cercanos al Presidente de la República) que revela la forma en que un grupo de muy altos funcionarios gubernamentales, parlamentarios oficialistas, gobernadores regionales afectos al Presidente y un alcalde estuvieron vinculados a decisiones de carácter criminal que terminaron en el asesinato de diecisiete (17) ciudadanos el día 11 de abril.
2. En un gobierno serio y realmente democrático el testimonio del General Rosendo y las evidencias que lo acompañan habrían obligado ya la renuncia y el inicio de un proceso criminal contra los funcionarios aludidos. El hecho de que José Vicente Rangel, Vicepresidente de la República y coordinador de la llamada «Comisión Presidencial para el Diálogo Nacional», sea la persona acusada de girar instrucciones de movilizar grupos irregularidades armados para emboscar una manifestación pacífica de ciudadanos desarmados, constituye en si mismo un escándalo, sólo superado por el hecho de que el Fiscal General de la República (el garante de la legalidad democrática de acuerdo a la Constitución) haya convalidado con su presencia y su silencio esas órdenes ilegales y delictuosas. Al estar involucrados igualmente varios parlamentarios oficialistas, así como los gobernadores de los estados Táchira y Sucre y el alcalde Freddy Bernal, el país está en presencia de una gavilla, de una asociación para delinquir. En esta conjura es necesario igualmente establecer el grado de responsabilidad que pueda tener el individuo que es el vaso comunicante y el evidente jefe de los conjurados: el ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías, Presidente de la República.
3. El país se encuentra ante un gobierno en acelerado proceso de deslegitimación, inmerso en una muy severa crisis militar, experimentando un agudo malestar social y a las puertas de un colapso económico originado por la parálisis del aparato productivo y el manejo errático y corrupto de las finanzas públicas. En estas terribles circunstancias, la verdad sobre la responsabilidad gubernamental en la masacre del 11-A (que apenas comienza a asomarse entre los testimonios y las pruebas) puede llevar la inestabilidad política y la crisis de gobernabilidad a extremos que pongan nuevamente en peligro la existencia de las instituciones democráticas, así como la seguridad y la vida de los ciudadanos.

Para evitar la crisis del gobierno lleve al país al caos y la violencia, la oposición democrática plantea que:

1. Exigimos la inmediata renuncia del Vicepresidente y del Fiscal General de la República, para viabilizar una investigación imparcial de la Masacre del 11-A y de sus responsabilidades en esos lamentables sucesos.
2. Impulsamos una salida constitucional, inclusiva y viable a la crisis de legitimidad que atraviesa el gobierno y el sistema político venezolano. Esa solución será validada por el más amplio consenso posible, y legitimada por el voto del pueblo en referendo. En este sentido, anunciamos que partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil estamos avanzando en una propuesta que integra la enmienda constitucional y el referendo consultivo. Los detalles de esta propuesta serán dados a conocer la próxima semana.
3. Exhortamos al Gobierno a respetar la meritocracia en la Fuerza Armada Nacional, como elemento crucial para solucionar la crisis militar que vive la República. El oficialismo quiere hacer en la FAN lo que intentó en PDVSA. Chávez está utilizando el pretexto de la supuesta conspiración y el llamado golpe de Estado para pisotear la institución armada, vulnerar sus mandos naturales, violar sus principios profesionales, romper la cadena de mando y aislar, segregar y perseguir a un alto número de oficiales medios y altos por ser institucionales y no ser incondicionales de su proyecto político. Esta conducta del gobierno debe cesar de inmediato, porque coloca en grave riesgo la paz de la República.
4. Las fuerzas políticas democráticas y la sociedad civil organizada no permitiremos la reedición de los errores del 12 de abril. Además de buscar -como siempre lo hemos hecho- la salida de la actual crisis por caminos democráticos y constitucionales, trabajamos también en la construcción de un acuerdo de gobernabilidad que garantizará la viabilidad política, institucional, militar, social y económica de la transición democrática. Ningún grupo económico, ideológico, político o militar podrá nuevamente secuestrar la esperanza democrática del pueblo venezolano. La reconstrucción de la democracia venezolana es una tarea de todos, y entre todos debemos asumirla.
5. Finalmente, reiteramos nuestra decisión de no permitir que ni Chávez ni ningún otro demagogo vuelva a sacar provecho político de la miseria y el hambre del pueblo venezolano. Este gobierno ha hecho de la pobreza una bandera política, pero -a pesar de haber despilfarrado 75 mil mil lones de dólares en sólo tres años- hoy hay más pobres que nunca. La reconstrucción de la democracia en Venezuela se centrará en un verdadero combate a la pobreza. El nuestro será un país de igualdad porque todos seremos prósperos. Todos juntos, sin odios ni exclusiones, construiremos una Venezuela en la que no haya pobres, ni demagogos que manipulen su esperanza y su dolor.
   

   Rafael Marín por AD, Antonio Ledezma por Alianza Bravo Pueblo, Armando Díaz, por Bandera Roja, Sergio Omar Calderón por Copei, Felipe Mujica por el MAS, Jorge Sucre por Proyecto Venezuela, Armando Brique por Primero Justicia, Luis Manuel Esculpi por Unión y Haideé Deutsh por Alianza Por la Libertad, junto con Carlos Ortega, por la CTV.