Opinión Nacional

La disyuntiva

La grieta que se abrió en la hasta hace poco inquebrantable fracción parlamentaria del oficialismo con motivo de la discusión, para su aprobación, del acta de la reunión (a lo que hubo allí no se le puede llamar sesión) de El Calvario, evidencia hasta dónde han llegado las dificultades de Hugo Chávez para avanzar por el camino revolucionario apoyándose en la legalidad e instituciones democráticas. Estas pueden ser flexibles, pero no tanto como para complacer todos los caprichos de un autócrata. Ante la revolución pacífica y “bonita” proclamada por el Comandante en todos los foros nacionales e internacionales a los que asiste, se levantó una muralla. Los parlamentarios del Bloque por la Autonomía (oposición), más los tres de VAMOS que se negaron a acompañar esta vez al chavismo, le dijeron al Presidente de la República que no están dispuestos a que se les utilice para imponer un régimen abiertamente autocrático, sólo que barnizado con el manto de legalidad que puede proporcionar la Asamblea Nacional.

Construir una fachada legal para “el proceso” es una antigua aspiración del teniente coronel. Desde que asume la jefatura del Estado en 1999 queda claro que Chávez trata de imponer un esquema autoritario, sectario y excluyente, afincándose en las licencias que permite el sistema democrático. En esa dirección apunta su participación en los comicios de 1998, luego de haber sostenido que las elecciones no son más que una coartada de la burguesía para engañar a los desposeídos. Después de su triunfo, la Asamblea Nacional Constituyente y la Constitución que surge de esta buscan ese objetivo. En la nueva Constitución se refuerzan el centralismo, el presidencialismo y el militarismo, rasgos típicos de los modelos personalistas. Aprobada la nueva Constitución aquel nefasto 15 de diciembre del 99, pocos meses más tarde la nación se encamina hacia lo que Chávez identifica con el pomposo nombre de “relegitimación de los poderes”. La primera estación de este proceso es la megatorta del 28 de mayo. Dos mes más tarde se realizan las elecciones en las que se eligen todas las autoridades del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, desde el Presidente de la República hasta los alcaldes, y desde los diputados de la Asamblea Nacional hasta los ediles de los concejos municipales. La gran popularidad de la que todavía disfruta Chávez le permite obtener una cómoda victoria ante Francisco Arias Cárdenas, y una amplia mayoría en todos los órganos legislativos del país, al igual que entre los gobernadores y alcaldes. El país se tiñe de rojo una vez más. Con la holgada ventaja de la que disfruta en la Asamblea Nacional, más de 110 diputados, considera haber allanado el camino para establecer una dictadura legal. En medio de ese frenesí le ordena a sus representantes en la Asamblea Nacional que le aprueben una nueva Ley Habilitante. La primera le había sido concedida por el antiguo Congreso de la República al poco tiempo de haber ascendido a la Presidencia en febrero del 99. En esta segunda ocasión se elaboran las famosas 49 leyes habilitantes, entre las que se encuentran la Ley de Tierras y la de Pesca, epicentro de las protestas que conducen al paro del 10 de diciembre de 2001, al primer paro de PDVSA y al 11 de abril de 2002.

Después de su efímera salida del poder en abril del año pasado, y pasado el período inicial del mea culpa, retoma el camino del autoritarismo recubierto con un manto de legalidad. Sin embargo, ocurre que la presión de la gente en la calle, la presencia de César Gaviria y la existencia de la Mesa de Negociación y Acuerdos, le impiden concretar sus planes iniciales, entre ellos aprobar la Ley de Contenidos, viejo sueño del Presidente. El fracaso del paro cívico que se inicia el 2 de diciembre lo toma como punto de partida para redoblar las acciones dirigidas a triturar la oposición utilizando como instrumento un conjunto de leyes que, de ser aprobadas, significarían la desaparición de la democracia y la implantación de una dictadura legal. Esa es la meta de la Ley de Contenidos, o ley mordaza, la reforma de la Ley del Tribunal Supremo de Justicia, la reforma de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional, la Ley de Responsabilidad Civil, o ley antiterrorista, todas a la espera de ser aprobadas por la AN. Estas leyes, que deberían tener carácter orgánico, y por tanto ser aprobadas al menos por dos tercios de los integrantes de la AN, el oficialismo intenta que sean leyes ordinarias, con lo cual podrían ser sancionadas por la mayoría simple de los diputados, que ellos aún conservan. En vista de que desde 2002 Chávez sólo posee 86 votos en el Parlamento, se propone modificar el Reglamento Interior y de Debates para ajustarlo a la mayoría cada vez más ajustada con la que cuenta. Por esa misma razón intenta obviar la aprobación por parte de la Comisión de Legislación de la AN de aquellos proyectos controversiales, la ley mordaza por ejemplo, para que puedan ser aprobados directamente por la raquítica mayoría que le es afecta. en la plenaria de la AN.

Todos esos giros arbitrarios y abusivos dados por los diputados oficialistas para congraciarse con la vocación autoritaria de Chávez, han terminado por colmar la paciencia de los parlamentarios más dignos que hasta ahora habían acompañado “el proceso”. La “revolución bonita” llegó al lugar en el que no puede seguir utilizando las instituciones ni la legalidad para aplastar la libertad. A partir de ahora Chávez tendrá que definirse: o acepta las reglas del sistema democrático o toma el camino de la dictadura.

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