La participación ciudadana y el control social en la atención de desastres
Cada vez que ocurre un desastre natural, nuestra población suele ser protagonista por su grado de afectación. Esa condición hay que cambiarla definitivamente. Desde una óptica ciudadana el cumplimento de las leyes, la capacitación y el adiestramiento y organización de las comunidades son elementos clave para emprender un cambio de paradigma, que nos lleve de ser una nación de damnificados, a otro preparado y responsable para afrontar los retos de las calamidades naturales.
Los sucesos de los estados Carabobo, Falcón, Mérida, Miranda, Vargas, Yaracuy y Zulia y el Distrito Capital nos demuestran de nuevo (y en forma muy dolorosa) la enorme precariedad de nuestros sistemas de planificación urbana y de ordenamiento urbanístico; así como de protección civil y de administración de desastres. El caso del estado Vargas comprende además una particular relevancia por la tragedia acaecida allí en 1999; que propició el impulso de megaproyectos destinados a reconstruir esa entidad federal. Ineludiblemente, los organismos de control político, fiscal y administrativo del Estado están obligados a realizar una investigación sobre la gestión de las agencias oficiales responsabilizadas de tales políticas públicas.
La construcción de viviendas en sitios inapropiados o de riesgo (en cerros y sobre quebradas, riachuelos y ríos), el inadecuado tratamiento del medio ambiente (contaminación por desechos sólidos, tala indiscriminada) fueron un aderezo significativo en el desarrollo de estos eventos desafortunados. Pero también nos demuestran la incapacidad institucional y operativa de organismos nacionales, estadales y sobre todos locales en legislar y actuar en forma eficiente en materias de carácter ambiental, de ordenamiento territorial y ordenamiento urbanístico. Las tragedias pues, no son solamente producidas por las lluvias (en este caso), sino también por las omisiones y la deficiencias de los organismos oficiales. Un detalle adicional -y muy importante-, es que en todo esto la sociedad civil, también tiene su cuota de responsabilidad, negarlo sería cegarse ante la realidad.
Desde el marco legal existen distintos mecanismos constitucionales y reglamentarios que implican la corresponsabilidad entre el Estado y la Sociedad Civil en el tema de las políticas y el tratamiento de emergencias o de desastres. De la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, citaré los artículos 55 que determina la participación ciudadana en la materia. De igual forma, el artículo 134 que indica el servicio civil para enfrentar ciertas calamidades y el artículo 332 prescribe la creación de la organización para la protección civil y administración de desastres.
En 2001, fue promulgada la Ley de la Organización Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres, destinada fundamentalmente “a prestar la asistencia por parte del Estado y a coordinar la participación ciudadana, frente a situaciones de desastres.” Además, también se declara que en tales eventualidades los tres niveles político-territoriales de la República poseen competencias concurrentes. La Organización Nacional de Protección Civil supone la construcción corresponsable y mixto que una y coordine los esfuerzos públicos y privados en torno a una eventualidad calamitosa. Ahora bien, el avance de la construcción de este sistema ha sido lento; por no decir escaso. En los eventos actuales no debe confundirse el rendimiento del operativo adelantado por las instituciones oficiales y la tradicional solidaridad de la sociedad venezolana con el sistema de protección civil, que aún no existe completamente.
La participación ciudadana es vital para enfrentar de manera exitosa emergencias naturales. De allí que, la incorporación progresiva, programada y sistemática de las comunidades organizadas, los grupos vecinales y la organizaciones no gubernamentales deportivas, ecológicas y conservacionistas a programas de capacitación y adiestramiento en el tratamiento de emergencias o de seguridad ante desastres debe ser un objetivo impostergable; tanto para el Estado como para la iniciativa privada. En nuestro país, existen múltiples experiencias de organizaciones oficiales y no gubernamentales con desarrollos notables en el tema, que no deberían ser desaprovechadas.
Por otra parte, las instancias político-territoriales de participación; tales como los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas; y muy especialmente los Consejos Locales de Planificación Pública, deben incorporar a sus respectivas agendas de trabajo el tema de la seguridad de bienes y personas cumpliendo así con su mandato legal (artículo 5, numeral 13) y propiciar la articulación de las políticas nacionales y las iniciativas de la sociedad civil venezolana.
En el tratamiento de estos asuntos públicos, la participación contralora de las comunidades es verdaderamente trascendente y, ellas han comenzado a tomar conciencia de ello. Pondré un ejemplo: el pasado Jueves (si mal no recuerdo) en medio de la movilización producida en el estado Vargas, el periodista Pedro Luis Flores (Globovisión), entrevistaba tres hombres relativamente jóvenes en la localidad de Macuto. Allí rodeados de pantano y teniendo como fondo un deslizamiento que había tapiado una parada de transporte colectivo, los tres vecinos en forma sencilla pero directa, se quejaban de “la ausencia de contraloría social” en la construcción de las obras de en ese sector. Pero además, los vecinos también esgrimían la necesidad de que “el Consejo Local de Planificación tomará acciones al respecto”. Este caso que menciono y, que puede ser fácilmente comprobado nos indica que ya algunas comunidades inician el largo camino hacia su protagonismo, exigiendo participar y controlar en las medidas políticas que las afectan.
También, cabe preguntarse ¿acaso fueron consultados los vecinos de los barrios “El Piache” y “Masparal” en la zona oeste del estado Vargas sobre las obras que debían realizarse allí? Y los habitantes de Naiguatá, ¿pudieron tener acceso a las obras que allí se proyectaron? No se trata por supuesto, de argumentar que los ciudadanos de a pie, sepan mucho más, que especialistas de alto nivel como el General Volta, el Ingeniero Rangel o el Ingeniero Genatios. Pero tiene que quedar definitivamente claro que, las comunidades y sus habitantes, poseen el derecho legítimo de estar informados, de opinar y léase bien, de controlar la ejecución de las políticas públicas que afecten su calidad de vida, su entorno y hasta su existencia misma, como es el caso que nos ocupa. De allí que, una revisión pública y transparente sobre la administración de los recursos billonarios y de los proyectos de inversión destinados a Vargas; sea además un elemento estratégico para la adecuada prosecución de su reconstrucción e incluso para establecer precedentes y referentes técnicos en los procesos de rehabilitación que habrá que emprender en los estados Miranda, Mérida, Yaracuy o Zulia; por tan sólo mencionar algunos.
Las emergencias recientes, de nuevo nos llenaron de dolor e incertidumbre frente a la baja capacidad preventiva de las políticas oficiales. No tenemos aún un sistema de administración de desastres eficaz y eficiente; eso es una realidad contundente. Tampoco poseemos todavía un programa que en ese sentido, integre las políticas ambientales, las de ordenación territorial y las de planificación urbanística. Lo que sí tenemos y pudimos observarlo con satisfacción, es una Venezuela solidaria y participativa: fuerza armada, autoridades públicas, medios de comunicación oficiales y privados, iglesias, empresarios, partidos políticos y organizaciones no gubernamentales, comunidades, grupos de helicópteros privados, y grupos de voluntarios trabajando en red, por el bienestar de la nación en un nuevo momento crucial.
La incorporación de la ciudadanía y sus organizaciones a un sistema de prevención y atención de desastres es una condición indispensable para su estructuración efectiva. Bajo un esquema de corresponsabilidad, transparencia, eficiencia e inclusión. Hacer lo contrario es conducir al país a un nuevo fracaso.
