Opinión Nacional

La provisionalidad de la constitución de facto del 99

La Constitución del 99, que nos rige, es un estatuto provisional. Está previsto que no durará más de siete (7) años, que es la media nacional. A lo sumo ocho (8). Estas son las razones.

Por una parte, su autor, el Comandante Chávez, ha venido anunciando en forma explícita y reiterada desde el año pasado que, a partir de 2007, sustituirá la democracia formal, sólo formal y con efectos de vitrina al exterior, y lo hará con el desacreditado y fracasado castro-comunismo, incluyendo el partido único y la presidencia vitalicia, a lo cual llama “Socialismo del Siglo XXI”, cuando se trata del viejo y repulsivo estalinismo de principios del siglo XX.

La transformación radical del Estado Democrático y Social de Derecho instituido en el 99, aunque únicamente de palabra porque no es democrático ni social ni mucho menos de derecho, para convertir a Venezuela en otra Cuba, requiere de una nueva Constitución, la que se está preparando en secreto muy propio del sistema en que se inspira, esa versión tropical del estalinismo que es el castro-comunismo.

Por su parte, la oposición al régimen, cuando llegare al poder por cualquier vía, deberá dictar una Constitución nueva y rupturista por dos razones fundamentales:

1) Porque de otro modo le será imposible gobernar en vista de que Su Majestad Imperial, dueño y señor de Venezuela, controla todos los poderes públicos, los cuales están a su servicio y bajo su mando; y, 2) Porque la del 99 es una Constitución de facto, resultado de un Golpe de Estado continuado contra la institucionalidad democrática que se realizó por etapas. Mediante ese Golpe de Estado, los golpistas usurparon la soberanía popular declarando legítimo lo ilegítimo y constitucional lo inconstitucional. Esto debe quedar claro a todos los efectos futuros teniendo por delante estos hechos:
El pueblo no convocó la Constituyente
Correspondía al pueblo convocar la Constituyente, en ejercicio de la soberanía popular. No podía hacerlo nadie más. Así lo exigían las sentencias de la extinta CSJ, que a pesar de su claudicación tuvo siquiera el pudor de no admitir la convocatoria por decreto ni por ningún acto de los poderes constituidos.

Al efecto fue convocado un referéndum consultivo vinculante. A la consulta popular efectuada el 25-04-99 concurrió apenas el 37,8% de los electores inscritos, absteniéndose el 62,2%. Si a éstos sumamos el 7,6% de los electores que votaron “no”, tenemos que el 69,8% no aprobó la convocatoria de la Constituyente. O sea, en números redondos, siete (7) de cada diez (10) electores, no votó por la convocatoria de la Constituyente. Indiscutiblemente la Constituyente fue rechazada por la inmensa mayoría de los venezolanos, ya que sólo el 30% de los electores lo hizo a favor. Y, sin embargo, los golpistas la declararon convocada, usurpando la soberanía popular.

La Constituyente nos fue impuesta. Por consiguiente, sus actos fueron actos de fuerza sustentados en el poder de las armas en manos de los golpistas.

La Constitución no fue aprobada por el pueblo
La nueva Constitución fue sancionada por la Constituyente el 19-11-99. Se sometió a la aprobación del pueblo mediante referéndum el 15-12-99. En el referéndum sólo votó el 42,3% de los electores. Se abstuvo el 57,7%. Si a éstos agregamos el 11,9% que votó en contra, resulta que el 69,6% de los electores no aprobó la Constitución que le presentó la Constituyente. Para decirlo en números redondos los mismos siete (7) de cada diez (10) electores que se negaron a convocar la Constituyente, también se negaron a dar su aprobación a la Constitución que les fuera presentada por la Constituyente espuria. Únicamente el 30% de los venezolanos votó por la aprobación de la Constitución.

Era imperativo, por tanto, declararla rechazada por los electores y, en consecuencia, restablecer la vigencia plena de la Constitución de 1961. Pero actuar de este modo hubiese significado admitir la derrota definitiva de los golpistas. Forzados por la propia dinámica golpista, los conjurados en flagrante usurpación de la soberanía popular, proclamaron aprobada la Constitución por el pueblo en referéndum, lo que era totalmente falso, imponiéndole al país la Constitución ilegítima o de facto que les ha servido para presumir de legitimidad.

El que se sostiene en lo ilegítimo es ilegítimo
El gobierno que se sustente en una Constitución de facto e ilegítima, es un gobierno de facto e ilegítimo. El gobernante que se sustente en una Constitución de facto e ilegítima, es un gobernante de facto o ilegítimo. Este es su pecado original.

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