Opinión Nacional

La razón de la sin razón

La libertad de prensa no es libertinaje como no lo puede ser ninguna libertad. Todos los derechos tienen sus límites en los derechos ajenos, no puede por lo tanto nadie alegar la legitimidad de sus actos cuando, al ejecutarlos, ha vulnerado derechos legítimos de otras personas. Y el buen nombre, la reputación, la fama como decían nuestros padres y abuelos, son parte de esos derechos humanos universales cuyo respeto cada persona puede exigir constitucional y legalmente. ¿Significa esto que el periodismo de denuncia es ilegítimo y por tanto debe ser castigado como delito? Claro que no, la denuncia ventilada en los medios de comunicación es necesaria sobre todo en países como el nuestro en que la justicia, la verdadera, la imparcial, la no sometida a presiones ni negociados, ha brillado por su ausencia en el pasado y no existe en el presente. Pero esa denuncia debe estar basada en pruebas, en evidencias, debe ser el producto de una investigación seria que la haga irrebatible.

Un caso emblemático fue el escándalo Watergate en los Estados Unidos que condujo a la defenestración del presidente Nixon. ¿Qué habría sido de los periodistas que valientemente mantuvieron sus denuncias y del Washington Post que les sirvió de órgano divulgativo para las mismas, si no hubiesen reunido evidencias contundentes para sustentarlas? Quizá todavía estarían pagando con prisión, dinero y desprestigio lo que habría sido calificado como calumnia y difamación. No se crea que allá no funcionaron (y funcionan) las presiones. Recientemente vi gracias a la televisión por cable, la biografía de la propietaria del Washington Post y me llené de admiración por esa mujer que se las jugó todas porque confiaba en la profesionalidad de sus periodistas y en la veracidad de lo que éstos denunciaban, a pesar de que estuvo sometida a terribles presiones tanto externas como internas. No eran pocos los directivos de ese periódico asustados por las consecuencias de su posición frontal contra ese poderoso entre los poderosos que fue Richard Nixon. El Washington Post y los periodistas denunciantes se llenaron de gloria e hicieron historia porque los asistía la razón. En caso contrario ¿se habrían atrevido, al ser sancionados, a gritar que se estaba violando la libertad de expresión?. Evidentemente no.

Los venezolanos constituimos sin duda una sociedad muy confundida, incapaz casi siempre de establecer límites entre el ejercicio legítimo de derechos y el abuso de los mismos. Proclive, al mismo tiempo, a dar por ciertas o inciertas las cosas según las simpatías o antipatías que nos generen las personas o instituciones involucradas en cada caso. Somos gente de solidaridades y de rechazos automáticos y no se crea que solamente en el mundo político partidista. Por años numerosos periodistas han ejercido descaradamente el palangre y jamás, que se sepa, han sido sancionados por sus organismos gremiales a pesar del desprecio que muchos colegas sienten por ellos. Pocas veces un periodista que ha publicado, incluso de buena fe, alguna información falsa, lo admite y al reconocer su error pide disculpas al o los agraviados. Sin embargo debo reconocer que algo hemos avanzado en este último aspecto, algunos medios han decidido practicar la rectificación y hasta establecer figuras como el ombudsman para dar respuesta a las quejas de los lectores y acercarse así realmente a la comunidad a la que sirven.

La confusión permanente en que vivimos nos impide con frecuencia distinguir entre lo privado y lo público, confusión a la que sin duda han contribuido con creces los distintos gobiernos. Y es así que cuando un periodista, caso William Ojeda por ejemplo, desbarata con un vulgar panfleto la honra de una persona y ésta lo demanda y gana el juicio por difamación, el hecho de que esa persona sea un juez de la República convierte automáticamente el caso en un atentado contra la libertad de expresión y moviliza a colegas y copartidarios. El reciente caso de la revista Exceso tiene algunas similitudes por cuanto un problema judicial que ha debido dirimirse entre las partes, ambas del mundo privado, se ha querido presentar tambien como otro atentado contra la libertad de expresión mezclándolo con algunos que realmente lo son. Uno puede sentir simpatías en lo personal por periodistas o medios de comunicación que se ven involucrados en hechos de esta naturaleza pero sin llegar al extremo de aceptar como legítimo que la irresponsabilidad o la mala fe no tengan consecuencias.

Y así llegamos al tema del momento, el del semanario La Razón. Confieso que más de un domingo he salido de mi casa apuradita a comprarlo. No es el tipo de periodismo que me gusta pero tal como están las cosas pareciera que no hay otra manera de enterarse de los excesos, abusos, trapacerías y hechos de corrupción de diversa índole que en otros tiempos se ventilaban e investigaban en el Congreso, en la Fiscalía o en la Contraloría General y que en esta Quinta República, la de la provisionalidad, ni se ventilan ni se denuncian en ninguna parte. Al leer con cierta regularidad el semanario dominical no pude sustraerme de las denuncias reiteradas de ese medio contra un señor llamado Tobías Carrero (a quien no conozco ni de vista) señalado de acaparar contratos multimillonarios de seguros en la administración pública, amén de otros negociados como valido del régimen chavista.

¿Verdad? ¿Mentira? ¿Medias verdades? ¿Exageraciones? Es imposible para cualquier lector saberlo. Tobías Carrero se sintió injustamente agraviado, acudió a los tribunales y un juez le dictó una medida de privación de la libertad al editor-director del periódico. Si uno pretende ser consecuente con lo que piensa debería declarar de inmediato: Bueno ese es un asunto entre dos particulares y allá ellos con su tema. Pero el asunto tiene peculiaridades que no permiten despacharlo así tan fácil.

¿Quién debió haber ejecutado la medida judicial? La PTJ. ¿Quién lo hizo? Un extraño e ignoto cuerpo paramilitar o parapolicial. ¿ Quién fue el juez que dictó la medida? Uno ya jubilado del Poder Judicial después que otros tres o cuatro se inhibieron. ¿Quién decide las jubilaciones, nombramientos y descabezamientos de los jueces de esta Quinta República provisional? El diputadillo tambien provisional Manuel Quijada, quien por añadidura es señalado como socio o ex socio de Tobías Carrero. ¿Quién trata de presionar al Inspector de Tribunales René Molina para que no se meta en el asunto y no opine como opinó en este caso? El mismo Manuel Quijada, juez de jueces. ¿Quién insulta a Molina y lo descalifica de la manera más baja y asqueante?
El presidente del Congresillo, Luis Miquilena, tambien señalado como socio o ex socio de Tobías Carrero y, por consiguiente, de Manuel Quijada. Conste que es el mismo, por si acaso alguien lo olvidó, que barrió el piso con el Fiscal Elechiguerra, Presidente del Poder Moral. ¿ Y quien nombró a René Molina Inspector de Tribunales y a Elechiguerra, Fiscal General? La Asamblea Constituyente en la que no se movía una paja sin la anuencia de su presidente Luis Miquilena. ¿A quién o quiénes correspóndía investigar sus antecedentes, hoja de servicios, conexiones con transnacionales y todas esas irregularidades que hoy esgrime Miquilena para descalificar al Inspector Molina? A la Comisión que presidía Manuel Quijada. ¿ Y qué dice Chávez? Que aún no tenemos un Poder Judicial consolidado pero que hacia allá vamos, porque la Constituyente creó nuevas instituciones para acabar con las cúpulas y las mafias judiciales. Y por supuesto, a una Asamblea Nacional dominada por él le corresponderá hacer el resto, como lo hemos visto con el Congresillo tambien dominado por él. Por todo esto me sumo a la defensa de Pablo López Ulacio y de su periódico La Razón, porque lo que pudo haber sido un caso más de querella entre particulares, el gobierno lo ha transformado, con la grosería que lo caracteriza, en un evidente atropello a la libertad de expresión. Y a la decencia pública.

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