Opinión Nacional

La siembra ciudadana como salida al rentismo

Ciertamente depender de un ingreso no trabajado puede desincentivar el esfuerzo y fomentar la indolencia. Sobre esta observación se sustentan los golpes de pecho que nos damos los venezolanos al darnos cuenta que somos el prototipo de la sociedad rentista, y seguidamente proclamamos, con cierto grado de escepticismo, nuestro compromiso con superar el rentismo.

Sin embargo, el problema con el rentismo, no es que desincentive el esfuerzo o nos haga a los venezolanos dependientes de un ingreso no trabajado. El problema está en el poder que le otorga al que controla la distribución de la renta, en nuestro caso al Estado. En efecto, quien controla el Estado decide discrecionalmente quién gana y quién pierde en esta lotería, quién debe esforzarse más y quién debe esforzarse menos o quién simplemente no debe esforzarse. Ante tales incentivos, el sector privado, en vez de servirle de contrapeso al Estado, se torna parasitario, mientras que los ciudadanos, en lugar de ser contralores del Estado, se convierten en dependientes. Nace así el rentismo, aunque rentismo discrecional sería un término más apropiado. La corrupción, la ausencia de políticas de largo alcance, la inestabilidad macroeconómica son todas consecuencias del rentismo discrecional, no sus causas.

Ciertamente, desde el Estado se puede promover un uso del ingreso consistente con una visión productiva, focalizando el uso de la renta en bienes públicos como lo pueden ser educación, salud e infraestructura, así como ahorrar los recursos necesarios para alcanzar la tan anhelada estabilidad macroeconómica. Sin embargo, ¿por qué hacer tanto esfuerzo si distribuyendo renta y, en particular, a las personas correctas, brinda mayor garantía de éxito político? En efecto, para nuestro infortunio, el rentismo discrecional es políticamente rentable pero, a la vez, es altamente corrosivo para la productividad y, peor aún, para la libertad.

Rentismo y Democracia. La democracia, potencial remedio frente a un Estado prepotente y autoritario, queda desguarnecida ante el rentismo discrecional. La democracia parte de la concepción que el antídoto al poder absoluto, es la dispersión del poder político, empoderando a los ciudadanos mediante el voto universal e, igualmente importante, poniendo en vigencia un estado de derecho que consagra la independencia de los poderes, las libertades individuales y el respeto a la disidencia. El rentismo discrecional, sin embargo, atenta contra la democracia en cuanto que concentra el poder real en aquellos que controlan la distribución de la renta. Esto a su vez tiende a aumentar la pugnacidad del enfrentamiento político, ya que lo que está en juego es mucho más que una simple alternancia en el poder entre partidos con poderes limitados y compartidos.

Claramente, la efectividad política del rentismo discrecional no es independiente del entorno petrolero. En un contexto de renta creciente (por precios o producción), la distribución es un juego de suma positiva, todos pueden ganar, aunque es de esperarse que unos ganen más que otros. Es el mundo de lo posible, dónde políticas contrapuestas pueden coexistir, generándose así una “ilusión de armonía”. Sin embargo, en un entorno de renta decreciente el cual en algún momento se materializará, el juego se torna de suma negativa e inevitablemente, aunque todos pierden, unos pierden más que otros, usualmente los que menos ganaron, deslegitimando gradual o abruptamente el sistema establecido como consecuencia de expectativas frustradas. Así el rentismo discrecional nos expone a ciclos de inestabilidad política cada vez que una distribución de renta tienda a excluir a un sector importante de la población o frustre las expectativas creadas.

Instituciones como Antídoto. Debe ser ya evidente, pero amerita resaltarlo reiteradamente, que el problema no es la integridad moral, o el nivel de educación de quién distribuye la renta, aunque ambos atributos sean deseables. El problema está en el marco de incentivos que enfrentan. ¿Por qué Noruega no es rentista? Algunos arguyen, de manera algo contraproducente y producto de la flojera mental, que se debe a que son noruegos. Sin embargo, Noruega no es rentista por una razón muy sencilla, existe un marco institucional que limita de manera efectiva la discrecionalidad con la que se administra la renta petrolera. Los incentivos son claros y conocidos por todos: el que actúe de manera incorrecta pagará un precio elevado.

Llegamos así al aparente antídoto al rentismo: instituciones, entendidas como mecanismos, ya sean formales o informales, que limitan el uso discrecional del poder. Ante esta afirmación algunos lectores acertarán en resaltar que estamos yendo en círculos: la respuesta al rentismo es instituciones fuertes pero el rentismo, como vimos, es factor determinante de la persistente debilidad institucional. Al parecer, estamos entrampados. ¿Cómo, partiendo de ser un país rentista, alcanzamos una senda de institucionalización? Más difícil aún: ¿cómo logramos no desviarnos y ceder ante las tentaciones del rentismo?

Derechos de Propiedad. Para responder, es necesario precisar el origen de la discrecionalidad en el manejo de la renta: la ausencia de derechos de propiedad claros sobre la misma. Al ser de todos no es de nadie, sino del que se la apropie. De allí el poder que le brinda a quién controla su distribución, el Estado. Ello sugiere que la salida pasa por aclarar los derechos de propiedad sobre la renta petrolera. ¿De quién es el petróleo? Ante esta pregunta son pocos los que no responden: de los venezolanos.

Frente a una respuesta tan categóricamente consensuada nos preguntamos: si en efecto consideramos a los venezolanos dueños de su petróleo ¿por qué no nos dejamos de tapujos y cristalizamos de una vez por todas dicha afirmación? Lo contrario son excusas, algunas bien intencionadas, cabe decir, aunque algo prepotentes, según las cuales el Estado, en las manos correctas por supuesto, es el único capaz de administrar eficiente y equitativamente la renta petrolera, asumiendo su debido papel de tutelaje sobre los ciudadanos. La economía política y la experiencia sugieren todo lo contrario. Otras voces, no tan bien intencionadas, sólo buscan mantener los beneficios que la actual indefinición de derechos de propiedad les confiere, son aquellos particularmente hábiles en su captura.

Llegamos así a nuestra afirmación: la respuesta al rentismo pasa por el empoderamiento ciudadano en el manejo y contraloría de la renta petrolera haciéndolos legítimos dueños de la misma. Existen diferentes propuestas en esta dirección. Una alternativa sería entregar la totalidad del ingreso petrolero a los ciudadanos en partes iguales y luego proceder a cobrar impuestos sobre su ingreso petrolero. Sin embargo, los costos de implementación de dicho mecanismo pueden resultar prohibitivos, sobre todo en un país donde aún no nos acostumbramos a pagar impuestos. De allí la propuesta del Fondo Patrimonial de los Venezolanos, según la cual se crea un fondo de ahorro y estabilización cuyo capital estaría a nombre de los venezolanos mediantes cuentas individuales de fideicomiso y a partir de las cuales se deducen los impuestos correspondientes para financiar al Estado. La propuesta se desarrolla en detalle en: Rodríguez y Rodríguez 2012.

¿Más Rentismo? Puede sonar contradictorio pensar que la solución al rentismo pasa por distribuir la renta directamente a los ciudadanos de forma universal. ¿No sería equivalente a convertir a todos los venezolanos en rentistas? Toda propuesta de cara al futuro debe, de partida, reconocer que Venezuela percibe una renta, y que la seguirá percibiendo siempre y cuando nuestro petróleo sea demandado por otros países. La pregunta, por lo tanto, no es si asignar o no la renta. Una vez generada, la renta debe asignarse. La pregunta es: ¿cuál es el mecanismo idóneo de asignación? En Venezuela, por razones de índole histórica, el Estado ha monopolizado la distribución de la renta petrolera, brindándole al gobierno gran discrecionalidad en su asignación. Es esta discrecionalidad, y no la existencia de una renta per se, la que genera los incentivos perversos asociados al rentismo. Surge aquí la pregunta: ¿es el empoderamiento ciudadano la mejor alternativa para limitar la discrecionalidad? Creemos que en el contexto de debilidad institucional en el que se encuentra actualmente Venezuela la respuesta es afirmativa. El objetivo no es inhabilitar al Estado, es hacerlo responder a su legítimo principal: los ciudadanos.

Transición. Algunos se preguntarán: ¿por qué es importante impulsar esta discusión en este momento? Logremos la transición, luego vendrá la discusión. Esto es equivocado. Toda transición pasa por negociar las reglas del juego a seguir, no sólo entre el chavismo y la oposición sino dentro de la misma oposición. En el caso venezolano las reglas del juego a seguir pasan por definir las reglas en torno al manejo de la renta petrolera. Reglas que promuevan un gran consenso nacional, más allá de hacerlas más creíbles y duraderas, pueden facilitar enormemente la transición.

En definitiva, la transición de Venezuela hacia el siglo XXI ha comenzado. Ante esta realidad evidente, y a pesar de lo difícil que nos es separarnos de los eventos coyunturales, se hace necesario impulsar la discusión de ideas en torno a la Venezuela que queremos y cómo lograrla. Uno de los retos más formidables que se nos presentan es la superación definitiva del rentismo discrecional. No es exagerado decir que, mientras no derrotemos la discrecionalidad en el reparto de la renta, la democracia venezolana estará amenazada. Luego de 100 años sembrando el petróleo, es hora de darnos cuenta que el problema no es si sembrar o no sembrar, o en qué sembramos y en qué no sembramos, el problema está en quién decide, si unos pocos o muchos.

 

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