Opinión Nacional

La tierra: ¿instrumento político?

La distribución de la tierra en el occidente del país no logró dar solución a los niveles de pobreza; por el contrario, los agudizó. La permanente parcelación de la pequeña propiedad, prohibida por la Constitución Política del Estado y la Ley INRA, dio lugar al minifundio y al ‘parvifundio’. En estas condiciones se hizo imposible la incorporación de tecnología y el manejo económico, lo que impidió el mejoramiento de las condiciones de vida del productor rural.

La parcelación no sólo inviabilizó un modelo de producción, sino que, como resultado de todo ello, también 34 provincias del altiplano y los valles confrontan actualmente altos niveles de degradación de su territorio, con preocupantes niveles de erosión, alarmantes índices de pérdida de la capacidad productiva del suelo y fuerte deterioro, situación públicamente compartida por el viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz.

Ante el visible agotamiento de estos suelos, los ideólogos del MAS, con la intención de procurar una solución a este problema, acudieron al fácil expediente de repetir la experiencia, esta vez con las tierras del oriente. Para justificar tal acción, concibieron desnaturalizar y descalificar el sistema productivo cruceño, para lo cual incorporaron en su programa electoral “la toma de los latifundios improductivos, la ocupación de tierras y territorios que se encuentran en manos de capitalistas usurpadores y extranjeros, para que todos los sin tierra y los que la tienen de forma insuficiente posean tierras cultivadas y suficientes”.

El autor en gran medida de esta política, Álvaro García Linera, decía: “En los siguientes 50 años predominará la economía familiar, y la pregunta es qué hacer con ella. ¿Te haces al loco, la quieres ‘obrerizar’? No, simplemente que viva bien y que el Estado ayude. Para ello se requiere de un Estado fuerte que regule la expansión de la economía industrial, extraiga excedentes y los transfiera al ámbito comunitario para potenciar formas de autoorganización y de desarrollo mercantil propiamente andino y amazónico. El potencial comunitario que vislumbrará la posibilidad de un régimen comunitarista-socialista, en el buen sentido del término, pasa por potenciar las pequeñas redes comunitarias que aún perviven y enriquecerlas. Esto permitirá en 20 ó 30 años poder visualizar una utopía socialista”.

Se conoce que esta estrategia de poder se asienta en la redistribución de las tierras del oriente como sostén ideológico, y en la transferencia a ese ámbito de los recursos que generen los hidrocarburos como soporte económico. Vale la pena en este aspecto recoger la opinión de Joseph Stiglitz, Premio Nóbel de Economía, que en su última visita a Bolivia dio algunas recomendaciones. Una de ellas fue que si el plan económico del presidente Evo Morales cifraba sus expectativas de crecimiento exclusivamente en los hidrocarburos, no diversificaba la producción y no desarrollaba la industrialización, no iría por el camino correcto. Aconsejó, además, que estos excedentes estén destinados a desarrollar económicamente el país con políticas racionales y no dirigidas esencialmente a conseguir réditos políticos.

En este sentido, Bolivia ya vivió una amarga experiencia con el estaño y la plata. Pero por lo que se divisa parece estar predestinada a repetir la historia, esta vez con la tierra y los hidrocarburos.

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