La violencia por el poder en Venezuela

El sostenimiento de posiciones duras, bajo la estrategia de no ceder nada antes que el otro ceda algo, en la “mesa de negociación y acuerdos” asistida por la (%=Link(«http://www.oas.org/»,»OEA»)%)
y fuera de este escenario político de coincidencia (al menos táctica), ha llevado a las partes en pugna, el gobierno del presidente Chávez y la heterogénea coalición de grupos, gremios y partidos articulados en la “Coordinadora Democrática”, a extender sus demandas más allá de la racionalidad política, abriendo la posibilidad real de generar enfrentamientos armados entre facciones milicianas o mercenarias y negarle la oportunidad de contar con el orden público mínimo a un eventual régimen de transición.

El haber comprendido el proceso de negociación, no como un mecanismo de resolución de conflicto político por el cual las partes se comprometen a ceder en aquellos puntos que bajo el escrutinio de la razón no resultan vitales para la consecución de sus objetivos, sino como la arena sobre la cual se baten en lucha de argumentos en la mesa y acciones fuera de ella contendientes que aspiran a ganarlo todo como compensación a su fuerza y astucia, reduce la flexibilidad del instrumento y, por consiguiente, su efectividad para ser herramienta de concertación de acuerdos; es decir, la causa final de la negociación se pierde, con el riesgo de constreñir la posición del otro y hacerle tomar medidas desesperadas que conduzcan a la sociedad venezolana a presenciar episodios de violencia política, fenómeno que se consideraba superado pero que hoy se nos presenta nuevamente como un sustrato social emergente.

La violencia política venezolana se considera comúnmente como una sucesión de eventos derivados del sistema caudillista decimonónico que se estableció alrededor de la Guerra Federal, y que se extinguió como fenómeno hacia principios del siglo XX, cuando las primitivas pero leales y bien armadas tropas de Juan Vicente Gómez pacificaron al país (sin poder aplacar del todo los movimientos sediciosos que coexistieron con el gomecismo). Se suele pasar por alto la última guerra venezolana, de carácter civil como todas las nuestras, que se inició con la caída por medio de la destitución militar de Marcos Pérez Jiménez, y terminó con la amnistía general del primer gobierno del presidente Caldera. Ésta, nuestra más reciente guerra civil, tuvo como marco internacional e ideológico el enfrentamiento Este-Oeste, la Guerra Fría, pero no por ello se alejó del principio rector de todas nuestras pugnas armadas: la búsqueda de la incorporación propia al aparato de dominación del Estado por parte de facciones que plantean la desincorporación o anulación política de adversarios que disputen posiciones de poder.

La guerra civil de los 60 y principios de los 70 se caracterizó por la implementación, por parte de los grupos armados de izquierda (los contendores), de la estrategia maoísta de la guerra larga, basada en la creación de focos guerrilleros en espacios geográficos de difícil accesibilidad ubicados en sectores rurales (lo que redundaría en la configuración de una base social o respaldo de la vanguardia revolucionaria), reproduciendo las operaciones exitosas de la Sierra Maestra, e incluso recibiendo pertrechos militares de la Revolución cubana. Por parte del status quo democrático-representativo, la guerra se afrontó siempre bajo el principio de la necesidad política de mantener el orden interno, evitando la penetración de factores externos que potenciaran las capacidades de organización y fuego de los subversivos. La disponibilidad del dispositivo de guerra del Estado se combinó con la conveniencia pactada de los partidos victoriosos incluidos en el “Pacto de Puntofijo”, generándose un frente defensivo armado y legítimo típicamente clausewitziano, persiguiendo como objetivo la pacificación por medio de la acción de asestar golpes militares contundentes que destruyeran la moral y la potencia del adversario y precipitaran una decisión del conflicto en breve plazo. El paso siguiente de la pacificación fue la inclusión política, al sistema de partidos, de las fuerzas derrotadas militarmente.

Subyace a esta estrategia de Estado el contar con unas Fuerzas Armadas capacitadas material e intelectualmente para enfrentar los movimientos subversivos de “golpear y correr” de la guerra de guerrillas. Pero además, se debe contar con la voluntad de un cuerpo militar acoplado a los objetivos de la República, establecidos por la clase política (que tal acoplamiento sea producto del ejercicio virtuoso de la ciudadanía, del interés corporativo de subsistencia, o del convencimiento individualista del bienestar privado de cada efectivo, no es relevante para los efectos de este texto).

En estos momentos; cuando nos hallamos a las puertas de una potencial confrontación armada de bajísima intensidad, pero con las características proyectadas del uso táctico del terror, no estamos tan seguros de contar con una Fuerza Armada que se halle en capacidad de afrontar la pacificación armada de grupos que pretendan sustraerle gobernabilidad a un eventual gobierno de transición, sea éste el resultado de una salida pactada o traumática del actual gobierno, o una prolongación institucional o impuesta del mismo. El Estado venezolano se encuentra en una posición tal de debilidad institucional y física que el advenimiento de otra guerra civil podría arrojarnos, mutatis mutandi, a una situación de atomización del poder, en la cual cada actor con disponibilidad de fuerzas (alcaldes, gobernadores, facciones militares o individuos con capacidad para mantener fuerzas mercenarias) se cobije con la legitimidad de su uso. La defenestración de tal esquema podría venir de una intervención extranjera, la que consideramos de difícil materialización dada las actuales condiciones internacionales del Derecho y del Sistema Interamericano (aunque no se descarten presiones económicas), o por la conquista victoriosa de una facción, actor o coalición de actores políticos del aparato de coacción del Estado, con lo cual el ciclo de violencia política nacional se completaría y reforzaría la filosofía de nuestra historia.

(*): Licenciado en Ciencias Políticas y Administrativas