Las instituciones Bonsái
Hoy los poderes del Estado no sirven para proteger la vida de los venezolanos, ni la libertad
Llegó a mis manos la autobiografía de la tercera mujer que ha sido juez en la Corte Suprema de Estados Unidos. Se trata de la primera latina, la señora Sonia Sotomayor. En «Mi mundo adorado» la jurista narra su procedencia, sus luchas, su ascenso, sus arraigos a nuestra cultura latina de la que siente profundo orgullo. Criada en un hogar de padres puertorriqueños, trabajadores y sin muchos recursos económicos, a fuerza de estudios y trabajo fue cumpliendo metas, destacándose. Finalmente, Obama la postuló ante el Congreso de su país en el año 2009, como juez de la Corte Suprema, cargo que desde entonces ejerce con sabiduría, honestidad, independencia, imparcialidad y justicia.
No intentan estas líneas hacer una síntesis de su vida. Sólo la menciono para expresar la profunda envidia y tristeza que como ciudadano he sentido luego de leer todo lo que narra en su libro, al compararla con nuestra realidad, con las personas que encabezan los más altos poderes del Estado venezolano. Ella es prueba de que sí puede haber jueces en las máximas instancias jurisdiccionales cuya conducta esté regida sólo por la búsqueda de la justicia y la aplicación de la ley y no por la complacencia a una parcialidad política.
A lo largo de todos estos años, los venezolanos hemos vivido una inmensa farsa. Desde su entrada en vigencia la Constitución de 1999 -hecha para refundar la República con la creación de una nueva institucionalidad democrática, prometiendo constituir un «Estado democrático y social de derecho y de justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político» (Art. 3 CN)- quedó hecha polvo.
Quienes la impulsaron, violaron sus normas y procedimientos para garantizarse que la institucionalidad del Estado no respondiera a esos principios sino a sus propios y parcializados intereses. Hoy los poderes del Estado no sirven para proteger la vida de los venezolanos, ni la libertad. Nadie tiene garantías de un juicio justo. La democracia se ejerce en condiciones absolutamente desiguales y sin que haya empacho alguno en enrostrarnos el abuso de poder constante de quienes sólo desean perpetuarse en el ejercicio del mismo. Los derechos humanos, tan defendidos por las izquierdas democráticas del mundo, son pisoteados sin pestañear. El pluralismo político es calificado de traición a la patria y, la ética pública, que entre otras cosas incluye la forma de administrar los recursos que son de todos los venezolanos, no existe. El negocio, la comisión, la explotación de los recursos públicos por un grupo que a la sombra del Estado ha llenado sus bolsillos y sus cuentas hasta reventarlos, asquea.
En este momento existen al menos doce cargos vacantes en el Tribunal Supremo de Justicia. De 20 magistrados iniciales, mediante la ley del TSJ, se aumentó a 30 para mantener el control político y parcializado de cada una de sus salas. Luego, muchos de los iniciales fueron sustituidos por otros políticamente comprometidos. Y tres rectores del CNE tienen sus períodos vencidos.
No se asoma por sitio alguno la intención de rectificar el rumbo y retomar los principios y valores propugnados en la Constitución para el nombramiento de todas estas autoridades, que podrían ser fundamentales para que la institucionalidad democrática cambie y responda a los intereses superiores de todos los venezolanos y no a los de una parcialidad. Quienes ejercen el poder están afanados en mantener la farsa, estirando la liga hasta que reviente.
En las democracias, los árbitros juegan un papel fundamental. Los rectores son árbitros electorales; los magistrados son los grandes árbitros de la democracia. Están allí para limitar el ejercicio del poder, para imponer la ley y la justicia, para proteger al ciudadano de los abusos y arbitrariedades, para acabar con la impunidad. Qué falta nos hacen árbitros y jueces como Sonia Sotomayor: sabios, honestos, imparciales y justos.
Cada vez que pienso en esto viene a mi mente la imagen de un bonsái, ese pequeño árbol al que desde siempre le cortaron sus ramas y lo amarraron con alambres para mantenerlo vivo pero pequeño, enano a fuerza. Trata de crecer con esos amarres pero no puede. Así pasan los años, se desarrolla con la apariencia de ser grande y robusto, pero con el tamaño inadecuado. Así amarraron a las nuevas instituciones constitucionales de 1999, para que no crecieran ni se desarrollaran independientes, autónomas, ni justas.
/ @GerardoBlyde
