Opinión Nacional

Legalidad Socialista

En democracia, los ciudadanos son libres y el Estado se organiza para servirles. En democracia, los ciudadanos no se organizan para servir al Estado. Es por ello que, en democracia, los ciudadanos pueden hacer todo aquello que no les esté expresamente prohibido por una norma preexistente, mientras que la actuación del Estado está limitada a aquello que esté taxativamente autorizado también por una norma preexistente. Así de claro y sencillo es el principio de legalidad. De eso se trata cuando se habla del imperio de la ley; de eso se trata cuando se pretende tener un Estado democrático de derecho.

El centro de un Estado democrático es el ciudadano, el pueblo, ese denominado soberano. Cuando el ciudadano, el ser humano, pasa a un segundo plano y el Estado se convierte en el gran protagonista, comienza a desaparecer la democracia porque los fines del Estado (y de quien o quienes lo manejan) se sobrepone a la voluntad de los individuos. Esa es la lucha real que se está dando en nuestro país, que se ha materializado en diferentes aspectos y que pretende constitucionalizarse mediante la reforma.

Todo el andamiaje jurídico de la revolución ha ido cerrándoles poco a poco a los ciudadanos sus espacios de libertad. Cada vez con más frecuencia se recurre a la reformulación de leyes, decretos y reglamentos para cercenar libertades estableciendo una juridicidad cada día más restrictiva, en la que se prioriza al Estado y al manejo del poder y se coloca en segundo plano al individuo. Esa batería legal está dirigida al fortalecimiento del Estado frente al ciudadano. Cuando el ejercicio ciudadano de un derecho no restringido va en contra de los intereses de quien gobierna y maneja el Estado, de inmediato aparece una propuesta legal que tiene como único objetivo restringir el ejercicio de ese derecho, llegando incluso en ocasiones a hacerlo desaparecer por completo.

En estos ocho años muchas normas han sido claro ejemplo de ello. Algunas han sido más que evidentes, como el establecimiento de las supuestas zonas de seguridad para impedir el libre ejercicio a la protesta pública en áreas del país que quedaron inconstitucionalmente vedadas; o como la tan nombrada ley Resorte, que se constituyó en una restricción inmensa a la libertad informativa de los medios audiovisuales de comunicación y que hoy pretende ser modificada para restringir la libertad de información y expresión incluso en la televisión por suscripción. La revolución, que controla la institucionalidad, va adaptando el derecho positivo a sus necesidades para fortalecerse y acrecentar su poder.

Poco a poco el grado de restricciones llega a ser de tal dimensión que la regla se invierte por completo. Ante la cantidad de normas que se van dictando para restringir libertades, el individuo, antes de actuar, siente la presión completa de un ordenamiento jurídico confeccionado para hacerlo cada vez más débil y, con temor, debe revisar si lo que desea hacer está o no permitido. Lo permitido comienza a ser lo menos y lo prohibido lo más.

Mientras tanto el Estado cada vez va obteniendo más terreno de acción, más poder acumulado a costa de las restricciones ciudadanas y, en vez de tener como límite de su actuación aquello que le esté expresamente permitido, legisla para autorizarse cada vez más competencias y mayores grados de discrecionalidad en la toma de decisiones. Si el Estado se vuelve más libre y poderoso, el individuo, de manera inversamente proporcional, se vuelve menos libre y más débil. Si uno crece el otro se disminuye.

En los modelos puramente colectivistas, o que priorizan lo colectivo sobre lo individual, las libertades son restringidas a su mínima expresión. En la extinta Unión Soviética, o en Cuba, el modelo restrictivo se impuso de golpe. En Venezuela el modelo viene imponiéndose por etapas. La centralización política y económica del poder en una cabeza nacional es parte de ese proceso por cuotas que vive Venezuela. Ese poder no tolera competencias, no permite la existencia de otros poderes.

En la extinta URSS, su Constitución señalaba claramente los deberes de los ciudadanos: la defensa de la patria; el trabajo, el acatamiento a su disciplina; la consolidación de la propiedad común, la lealtad a la constitución y las leyes revolucionarias; los deberes sociales y el respeto a las reglas de convivencia socialista. Los derechos individuales estaban subordinados a un «colectivo» y se concedían «a fin de fortalecer el sistema socialista». El fortalecimiento del Estado socialista era el fin último de toda la estructura; no lo era el ser humano. En Venezuela vamos ahora con mayor velocidad al fortalecimiento de ese Estado socialista con la inevitable pérdida de las libertades individuales.

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