Opinión Nacional

Libertad, autocensura y prohibición

Las dictaduras avanzan en la medida que el dinero les alcance para comprar voluntades y emborrachar al desposeído con vagas ilusiones. Para ello lograr Nicolás Maduro intenta desarticular mediante la entrega de dádivas, persecución policial, judicial, impositiva y “causal” acción hamponil, a la oposición.

Disentir civilmente está consagrado en la constitución nacional. En el artículo relativo a los derechos esta la libertad de expresión conforme nos reseña la organización Espacio Público al desglosarla: “El artículo 19 es una extensa enunciación de los derechos fundamentales reconocidos en Venezuela y conserva tradiciones ancestrales de la cultura jurídica venezolana. Entre los fundamentos reconocidos se cuentan la vida, la igualdad ante la ley, la igualdad en la protección de la ley, a la honra, a la libertad de conciencia, a la libertad de expresión, de asociación, el derecho a la propiedad, en lo que se refiere a la ciudadanía”.

En el legajo fundamental de 1999 en los artículos que de alguna u otra forma está implícita la libertad de pensamiento, información y manifestación son el 57, 58, 143, 325 y 339, respaldados por el indicativo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos.

Al analizar los informes de monitoría de los multiplicadores de mensajes, el reporte del mes de septiembre sobre libertad de expresión, observamos que los gobiernos desde hace 15 años han violado los enunciados anteriormente señalados.

Para reducir a quienes le critican, ven necesaria la desaparición de impresos libres. A la llegada de Hugo Chávez el respeto era una premisa por todos aceptados.

Al cumplir la primera década de este siglo el 1 de junio Chávez al palpar que los difusores no se les someten crea una institución denominada Centro de Estudio Situacional de la Nación –Cesna– para evaluar informaciones que pudiesen crear desconcierto y estimar sus correctivos. Los editores conscientes de su responsabilidad redoblan esfuerzos.

El mandador apunta entonces hacia la supervivencia económica del vocero y su propietario. Se inicia entonces una macabra acción que busca aniquilar la disconformidad. Estos procedimientos van minando la voluntad libertaria de los comunicadores y dueños, hasta llevarlos a la etapa de la autocensura, vivencia presente en el despliegue y publicación de hechos examinadores por en la aplicación de políticas y administración de los gobernantes.

Hoy por hoy señalar a un burócrata por supuestos hechos cometidos contra el erario público en base a denuncias, los constituyen en objetos de hechos punibles y sometidos a juicio.

Ante la autocensura lograda, pero en su afán de limitar cada vez más la iniciativa particular hasta someterla o eliminarlos, asesores recomiendan profundizar con penas los fines planteados en el Cesna de Chávez. Crean entonces el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria –Cesppa–, organismo publicado en la Gaceta 405.839 del 7 de octubre de 2013. A partir de esa fecha se pone en práctica una instancia que responde a intereses políticos.

En virtud de su reciente presencia en el espectro comunicacional traigo lo expresado por el Centro Gumilla de Venezuela en su medio impreso sobre el nuevo contralor de la opinión pública. En articulado tercero dice el decreto: “solicitará, organizará, integrará y evaluará las informaciones de interés para el nivel estratégico de la nación, asociadas a la actividad enemiga interna y externa, provenientes de todos los organismos de seguridad e inteligencia del Estado y otras entidades públicas y privadas; según lo requiera la Dirección Político-Militar de la Revolución Bolivariana”.

Se proponen con el Cesppa, por decreto, decidir qué se publica o no bajo un supuesto enemigo o complot. Esta iniciativa pretende catalogar los contenidos, limitar los repetidores y hacer sucumbir la profesión de comunicador social como promotora y baluarte de los derechos humanos. Tal decisión de hecho viola el fundamento de nacionalidad.

Ante este final empuje debemos todos protestar con las herramientas a nuestro alcance. No incumbimos dejar pasar esta aplicación con la esperanza que un triunfo el 8 de diciembre nos espera. Solo el régimen sabe si habrá o no cita comicial ese octavo día. Si el anhelado palmarés acontece quizás no logremos enterarnos ya que el aparato repetidor independiente estará clausurado o prescripto ilegalmente; y los abnegados periodistas contando los días de su cautiverio en las paredes de la indignidad.

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