Opinión Nacional

Lino Rodríguez-Arias y la sociedad solidaria

El último libro** del eminente catedrático, Dr. Lino Rodríguez-Arias Bustamante, es fiel reflejo de la consecuente línea de coherencia que entre el pensamiento y acción ha demostrado este autor a lo largo de su extraordinaria labor, no sólo como docente e investigador universitario sino como impulsor de ideas de avanzada en el campo de la iusfilosofìa. Los temas abordados en esta obra son de palpitante actualidad, máxime cuando nuestro pueblo latinoamericano se debate en medio de no pocas convulsiones sociales, consecuencia de toda una serie de vicios y rémoras que sustentan lo que ha sido denominado, en el lenguaje de Emmanuel Mounier, “el desorden establecido”, escenario propicio para el aparecimiento de demagogos vestidos con ropajes populistas de nuevo cuño y que, sin el menor empacho, se hacen eco de la prédica que aúpa la concentración del poder y la tentación autocrática, como panaceas para “saciar” el justo descontento popular.

Esta obra está orientada hacia la necesidad de exponer, con claridad y rigor científico, lo que nos atrevemos a denominar la síntesis de una propuesta para denunciar el acentuado materialismo que pretende socavar los más elementales valores que conforman el fundamento de la Humanidad. El esfuerzo de Don Lino, en estas páginas, es un valioso aporte que plantea, con clara adaptación a las exigencias de la hora actual, nuevos parámetros de interpretación de la realidad social latinoamericana dentro de una perspectiva en la que se ponen de relieve, desde un enfoque axiológico, aspectos comparativos entre las características de una sociedad signada por el individualismo posesivo y las expectativas de un nuevo orden social para nuestros pueblos, en el que la cooperación, el espíritu de solidaridad, la autoeducación y la participación de las comunidades en la toma de decisiones relativas a los asuntos públicos, constituyan los factores esenciales para la forja y desarrollo de nuevas, mejores y más justas formas de existencia.

Comunitarismo, Americanismo y Derecho (Hacia una clase media universal), constituye una síntesis (centrada en reflexiones sobre el acontecer y porvenir de la América Latina), de la posición ideológica que el autor viene sosteniendo en su vasta obra publicada: una visión crítica, desde la vertiente espiritualista cristiana, frente la llamada “democracia liberal” y en contra de todo afán de signo totalitario conculcador de los derechos y libertades del hombre. Rodríguez-Arias replantea la necesidad urgente de cambiar la sociedad permisiva por nuevas estructuras político-económico-sociales en las que el hombre (y no los grupos económicos o las cúpulas dirigentes de cualquiera de los sectores que intervienen en la vida social) sea el único protagonista. Por consiguiente, se precisa que la posición dominante favorable a la entronización del egoísmo como patrón de actitudes, al divorcio entre el trabajo y la ética, al afán de lucro y a la codicia sin freno convertida en paradigma de la existencia ideal, sea -entre otros aspectos similares o colaterales- elemento configurador de la negación del hombre (de su progreso y dignidad) en su más amplia dimensión: una sociedad en la que al factor económico se le asigna rango de preeminencia sobre la existencia misma del hombre, es la causa fundamental de toda una gama de desajustes e injusticias.

Rodríguez-Arias hace hincapié en la urgente tarea de luchar por sustituir ese “desorden establecido”, ahora bajo la égida del esquema neoliberal (nuevo rostro del capitalismo salvaje), por una sociedad fundamentalmente participativa y teleológicamente comunitaria. “En nuestra época –recalca el autor-, hay un clamor generalizado que responde a un despertar de los pueblos del orbe, que no aguantan más un individualismo pernicioso que tan sólo aspira a la satisfacción de intereses particulares, cuando toda sociedad bien organizada se asienta en la personalidad y la comunidad, que son los grandes principios a implantar en la nueva socieda.d” (p. XVIII).

Rodríguez-Arias milita en la concepción que sostiene la lucha por una política humanista, de la que hablaba Maritain; se consubstancia con la tesis que concibe la política como instrumento al servicio del hombre y de sus fines trascendentes: el poder político y el Estado (como superior estructura de la sociedad), deben ser concebidos como los más eficaces medios para el logro del Bien Común; objetivo en el que –dada su naturaleza- por ningún concepto ni bajo circunstancia alguna, el hombre puede ser relegado al papel de mero factor al servicio de los intereses negadores de la libertad y la verdadera democracia. Se propone asimismo, siguiendo el planteamiento de Rodríguez-Arias, revisar el papel que corresponde a los partidos políticos. Aquí, también este pensador nos llama a la reflexión: “El Estado totalitario, en sus manifestaciones de fascismo y marxismo, ha sido derrotado, mientras que la democracia liberal continúa vigente con la presencia del Estado, permeabilizado a la incidencia del poder económico, cuyos abusos han provocado un malestar en la sociedad civil, que contempla cómo los partidos políticos se muestran indolentes para contrarrestar las injusticias sociales que se cometen por doquier sin que se produzca una respuesta adecuada de los poderes públicos” (p. 16); se hace necesario cerrar el paso a esa indolencia, con el único propósito de reafirmar el orden democrático en el contexto de una sociedad participativa, solidaria y, en consecuencia, comunitaria. La penetración y predominio del esquema financiero-capitalista absorbente (factor propulsor de la alienación y del consumismo sin medida), debe ser frenado por la acción popular mediante el concurso de las sociedades intermedias y por la real función que incumbe a los partidos políticos como elementos indispensables para la verdadera democracia y su perfeccionamiento. Si ello no ocurre, dentro de los parámetros normales de la acción cívica, fácilmente puede colegirse que el terreno estará abonado para el populismo y las tentaciones autocráticas, máxime en nuestra América Latina en la que –en no pocas ocasiones- ha campeado a talante el gendarme “necesario” y los denominados “pronunciamientos” venidos de los cuarteles, cuyos directos responsables están llamados, por el contrario -habida cuenta su especial función, naturaleza y finalidad-, a salvaguardar al pueblo de todo desafuero en contra de sus derechos y libertades.

En pos de ese objetivo, dirigido a la superación del tradicional esquema característico de la llamada “democracia liberal”, cuyos principios se reducen –por así expresarlo- al predominio de la orientación individualista, se levanta airoso (ahora con nuevos y renovados bríos) el planteamiento de transformación social inspirado en la concepción asociativa, según la cual la libertad debe descansar sobre el espíritu de la solidaridad, factores que -de acuerdo con la concepción de Arias-Bustamante- deben incidir, de manera eficaz, en el fortalecimiento de la democracia. En ello radica la esencia de la verdadera causa social, como lo califica el autor de esta interesante contribución al mundo de las ideas renovadoras en el terreno de lo social. Evidentemente que para el logro de esa finalidad, tanto en el curso de la lucha como al arribo de ulteriores metas (en orden gradual y progresivo), se requiere un esfuerzo educativo radical y profundo “…en los pueblos para alentar ese despertar de las personas en pos de una sociedad más culta y transparente a los hermosos ideales de la humanidad. Luego, requiere cambiar la mentalidad del ser humano y restaurar la comunidad, que habrá de basarse en el compromiso y en la ayuda al prójimo, pues la familia ya no puede ser el núcleo aglutinante como lo fue en el pasado, por la disgregación que suele existir entre sus miembros en la sociedad actual” (p.20). Tal empeño, en pro de la educación del pueblo, no es compartido por los sustentadores del status quo: a ellos les interesa mantenerlo en una situación acorde con los privilegios a los que se encuentran aferrados. Por consiguiente, para dicha posición, los resortes del poder deben permanecer controlados en función de su propósito deshumanizante y dominador.

Aquí encontramos otro aspecto distintivo entre el esquema de la sociedad alienante y el planteamiento que propugna un proceso social enmarcado en un sentido humano de la vida, en pos del cual debe orientarse no sólo la actividad económico-productiva (de bienes y servicios) sino la acción política práctica. Justamente, en este último aspecto, entra en juego la necesidad de dotar a los pueblos de los racionales mecanismos que propendan al logro de una eficaz distribución del poder (tanto en el plano internacional como en el nacional e incluso el local) “…con el objeto de motivar una mayor participación de los ciudadanos en la vida pública”, objetivo reivindicador de la libertad y propulsor del pluralismo democrático, lo cual lleva colateralmente implícito la puesta en práctica de una adecuada descentralización (sobre todo en el plano administrativo interno de los Estados), como factor que promueva el respeto y reconocimiento de los intereses, fueros y libertades de las comunidades (locales y regionales) en un clima de conciliación respecto de los supremos intereses de la unidad nacional.

Complementariamente, se precisa replantear el papel del Estado en ese proceso transformador, sobre todo cuando se advierte, particularmente en el escenario latinoamericano, lo que ha sido denominado como la crisis del Estado: la distorsión de fines y metas de índole social, para proteger los intereses propulsores de la fatal ecuación dinero=poder, ha acentuado el desamparo y la inseguridad, así como la crisis de credibilidad en las instituciones, por parte de las masas populares; el Estado, según este esquema, no ha aprovechado las oportunidades y recursos de que dispone para enrumbar a las colectividades en pos de un crecimiento económico-social, en un clima de justicia y equidad, y hacia el establecimiento de condiciones concretas, reales y tangibles, que propendan a la cabal realización del hombre como persona en su integridad. El trabajo de Rodríguez-Arias, asimismo, hace énfasis en la necesidad de que el Estado asuma el real papel que le incumbe, como superior forma institucional-social y, en esencia, como ente garante del Bien Común. Por ello se pronuncia por la existencia y perfectibilidad de un Estado social fuerte institucionalizado, acentuando los elementos característicos que el autor ha señalado como los perfiles del Estado Comunitario, esto es, un Estado que “…promueva iniciativas particulares, administre con sentido de rectitud bajo el ‘ojo vigilante’ del pueblo, ejecute las leyes con justicia y equidad, controle los intereses estatales y particulares, para que no incurran en abusos, y distribuya los bienes y servicios con criterio de justicia social, a fin de alcanzar la solidaridad entre los hombres, instituciones y comunidades; pero todo ello sin hacer ‘populismo’, esto es, sin distribuir bienes gratuitamente –salvo casos de excepción- fomentando la vagancia, con lo cual se degrada a la persona, sino promoviendo el trabajo, que es lo que dignifica al ser humano” (p.27). Esta nueva concepción redunda en el cabal funcionamiento de un Estado Promotor del progreso y avance social, capaz de estar atento a los reclamos y exigencias de las comunidades y poner en práctica acciones de amplio beneficio colectivo sobre los requerimientos de los intereses particulares o sectoriales ajenos, en su esencia, al Bien Común.

La acción del Estado, dentro de estos parámetros conceptuales, lógicamente conduce al establecimiento de una verdadera democracia personalista y comunitaria, esto es, hacia la forja y perfeccionamiento del sistema democrático tomando como punto de sustentación la participación activa de los ciudadanos y la libertad de las comunidades locales; todo ello equivale, en expresión del autor, “a la instauración de una sociedad responsable” e implica la eficaz toma de decisiones (muchas de ellas podrían muy bien calificarse como urgentes y drásticas), relativas a la desburocratización estatal, al logro de una integración pluralista, al fomento de la educación social-comunitaria, a la reorganización de la administración pública, al establecimiento de una economía solidaria, al fomento y difusión de la cultura en todas sus manifestaciones y a la imposición de criterios de justicia que regulen, con amplio sentido social, el campo de la actividad económica, todo ello en función de lo que Rodríguez-Arias denomina la ética de la solidaridad.

** Comunitario, Americanismo y Derecho (Hacia una clase media universal). Livrosca- Consejo de Publicaciones-Universidad de Los Andes. Caracas, 1998. 174 pp.

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