Los carnavales del General

Yo siempre he admirado la capacidad de mis compatriotas para armar fiesta aun en los momentos más trágicos. La echadera de chistes en los velorios con el muerto a dos metros, celebrar Navidades después de la tragedia de Vargas, poner bonche para conmemorar un sangriento golpe de estado y menearse al ritmo de los carnavales eh, eh! para distraerse de la crisis de las invasiones, son algunos de los más gráficos ejemplos del relajo criollo, en algunas ocasiones rayano en la crueldad.

Ni la lluvia pudo ahogar el espíritu festivo que se adueñó de invasores e invadidos, unos en la bailanta de Las Ferias y otros navegando en 18 años en Morrocoy. Mientras tanto, suena la música: «Tierra, tierra, tierra que no tenga nada, le monto, le monto, le monto ranchito. Sí, techo e’zinc, techo e’zinc, techo e’zinc. Za za!». El humor criollo es un importante aporte para sobrevivir a la tragicomedia de este país.

Hoy Miércoles de Ceniza es día de arrepentimiento por los excesos cometidos. Sugiero que también sea día de enmendar entuertos, sobre todo si éstos afectan a toda la población. ¿Qué tal si el General dice en voz alta y clara que las invasiones sí son un delito según las leyes de la República Bolivariana y que los invasores que no salgan por las buenas serán sancionados? Si quieren en verdad arreglar este problema, deben hacerlo con la ley en la mano. El que haya una deuda de vivienda con las clases populares, el que sucesivos gobiernos hayan faltado a su deber constitucional, no autoriza a ningún gobernante a burlar el derecho de propiedad, perjudicarse y perjudicar a sus gobernados y hacer una interpretación poco menos que cursi del problema.

Carabobo es el estado más invadido del país y curiosamente es el que presenta un índice de necesidad de vivienda más bajo en relación con su número de habitantes. ¿Qué pasó entonces? ¿Por qué Carabobo es el estado con más invasiones en Venezuela? Pues porque aquí hay un gobernador que se niega a cumplir la Ley de Policía, que descalifica la titularidad de los dueños, que insiste en proclamar que invadir no es un delito. Ningún decreto, ningún diálogo, ninguna amenaza de que no darán casas a quienes permanezcan invadiendo, pueden contra el amparo de un gobernador a los invasores.

Vamos a estar claros: la necesidad de viviendas dignas es real, entre los invasores hay personas cuyos ingresos sencillamente no alcanzan para comprar nada, por lo tanto necesitan el auxilio del Estado. Respetamos la decisión del gobernador de no utilizar la fuerza para sacar a quienes invaden terrenos, casas y apartamentos ajenos. Pero esta sensibilidad social no puede desconocer los términos de la ley. Una vez más: no se puede favorecer a unos perjudicando a otro. A los invasores se les ha dado la esperanza de que terreno que invadan es terreno que el gobernador expropiará para hacerles viviendas de inmediato. Está en peligro no sólo la propiedad privada, sino que se hacen ofertas que el Gobierno de Carabobo no tiene capacidad de cumplir. No hay dinero para comprar tanta tierra ni para construir tantas casas. El mismo gobernador confesó que sólo dispone de presupuesto para hacer 1.500 casas en 2005, por eso necesita el concurso de la empresa privada, con la que ha llegado a acuerdos que aún no se han cumplido.

El decreto de emergencia se firmó hace casi dos semanas. Al gobernador se le entregaron los interdictos que él exigió para proceder a los desalojos. Aún no ha pasado nada. Los invasores siguen allí y más bien se han incrementado las invasiones en todo el estado; los interdictos no han sido aplicados; las casas no se pueden construir a corto plazo porque no hay suficiente presupuesto y porque construir viviendas dignas y con servicios lleva un tiempo que el gobernador no ha explicado bien a los invasores.

Lo que más nos preocupa es que vemos que cada vez que Acosta Carlez abre la boca, agrega un elemento de conflicto al problema. El que la primera autoridad regional prefiera poner en duda la legitimidad de los títulos de las tierras alegando que «ésas eran tierras indígenas y que le muestren el documento donde el indio Pascasio vendió» es, aparte de una gran irresponsabilidad, un precedente peligrosísimo para el respeto de la propiedad privada. Al gobernador debe darle dolor tanto que su pueblo no tenga viviendas dignas como que otros ciudadanos hayan perdido por la vía de facto terrenos con proyectos aprobados, apartamentos y casas que les costaron esfuerzos. Los vecinos, perjudicados en el valor de sus propiedades, en los accesos a sus barrios, urbanizaciones y pueblos, en el saboteo de los servicios públicos, también tienen derechos que el gobernador está igualmente obligado a proteger.

No quisiéramos estar en los calzones del General, el problema no es fácil, pero tiene que reconocer que ha alcanzado proporciones mayúsculas por haberle dado un tratamiento populista a un problema de orden público. Ahora debe recoger el hilo del papagayo e imponer la ley y el orden como es su deber.

Una última recomendación al General: no oiga chismes baratos. Es un error de principiantes que un Gobernador avale versiones anónimas del conflicto, que atribuyen a la oposición, a abogados y periodistas, una conspiración para crear un caos que lo saque del poder en 600 días. ¿No es así que dice esa hojita apócrifa que entregó a los parlamentarios de la AN que vinieron a investigar las invasiones? Qué pena que no se haya dado cuenta aún de que aquí la única conspiración que hay es la de la boconería, la ineficacia, la del populismo y la de los boinas rojas que nunca lo aceptaron, General. Créame, que los periodistas solemos estar mejor enterados que los gobernantes de lo que sucede en su propio patio. En Carabobo no hay partido que tenga en estos momentos la organicidad para conspirar contra usted. En cuanto a los abogados, escúchelos, le están diciendo la verdad legal, le están señalando el camino de la Constitución para salir del problema. Por los periodistas no se preocupe, en mi caso particular estoy acostumbrada a que el gobierno de turno crea que soy su enemiga. Mi deber es exigir en nombre de la colectividad que las invasiones se resuelvan con justicia y equidad para todos. Su deber es resolverlas según la ley. No siga ordeñando molinos de viento