Los militares en la crisis

El camino se hizo angosto. El gobierno está atrapado entre los militares y los Círculos del Terror; presionado por los primeros, llama al diálogo; presionado por los segundos, convierte el diálogo en una farsa que ya concluyó. Por eso, la agenda pasó a fijarla la oposición: la ley para la Comisión de la Verdad se aprobó en primera discusión porque los talibanes del MVR ya no tienen pulmón para impedir su aprobación, la reforma de varias leyes está en marcha porque hoy Rafael Simón Jiménez tiene más fuerza que toda la fracción chavista junta.

La mano asesina
El espectáculo de las interpelaciones va descubriendo, gajo a gajo, la responsabilidad total del gobierno en la masacre del 11 de abril. Los generales han permitido la difusión de toda la trama detrás de los asesinatos, develándose no sólo los autores materiales sino también los intelectuales. Pero los del gobierno también han ayudado mucho, a pesar de que intervienen con un libreto confeccionado en Miraflores, conjuntamente con algunos de los diputados del MVR que los interpelan después. Más allá de los cuentos, se evidencia entre generales chavistas, ministros y bernales un esfuerzo de ocultamiento, metido en medio de una propaganda boba y desvergonzada sobre los Círculos del Terror, según ellos, convertidos en clubes de corte y costura, y una histeria democrática de última hora, sumamente extraña en los autores de los sangrientos golpes del 4 de febrero y del 27 de noviembre de 1992. Resulta repugnante la performance de Tarek Saab, otrora defensor de los derechos humanos, ahora actuando como irrespetuoso policía, inquisitivo y cínico.

Ingobernabilidad a millón
Si esto no fuera suficiente, está la voraz crisis económica que se comió a Giordani y que Felipe Pérez no puede sofocar con la desinteresada ayuda del Espíritu Santo. Las universidades sin recursos, los médicos paralizados, los desempleados incrementándose, el dólar a más de mil bolívares y no les pagan los aumentos a los empleados públicos.

La situación está en el grado máximo de ingobernabilidad, peor de lo que estaba para el 11 de abril. En este marco, se constituye en un salto cualitativo el entendimiento entre los partidos políticos de oposición, abierto a la participación de Solidaridad y otros sectores que han estado vinculados a Chávez, pero que no están dispuestos a acompañarlo en el suicidio político en el que está empeñado. Esa alianza abre el camino para una solución institucional de la crisis, que pasa por la destitución de las autoridades ilegítimas, como lo son el Fiscal, Contralor, Defensor del Pueblo, CNE y la indispensable remoción del renunciante Iván Rincón. Además, la creación de las condiciones constitucionales para proceder a la salida de Chávez, convertido ya en obstáculo insuperable para la solución del impasse en el cual se encuentra la sociedad.

Salidas institucionales en peligro
Sin embargo, debe alertarse sobre el escollo que tienen las salidas institucionales. Estas requieren una activa participación de la Asamblea Nacional, convertida en el centro de resolución del desastre político. Pero el chavismo, apelando a los Círculos del Terror, se dispone –como ya ha amagado en diferentes oportunidades- a impedir el funcionamiento de esa Asamblea en el caso de que se logre una mayoría dispuesta a abrir una válvula para superar el tremedal actual. Así como una vez Eliézer Otaiza, a quien Luis Miquilena ha llamado “débil mental”, colocó a la Asamblea en “estado general de sospecha” mientras sus huestes mordisqueaban en los alrededores, dispuestas a asaltar el recinto parlamentario si la oposición ganaba la elección de la directiva, así se aprestan a actuar cuando se avecinen decisiones que conduzcan a la salida de Chávez de la Presidencia.

La sociedad civil puede apoyar, impulsar y solidarizarse con ese proceso institucional, pero no puede enfrentarse a pecho descubierto para que las bandas de asesinos que dispararon el 11 de abril vuelvan a hacerlo. ¿Qué hace una sociedad que usa medios democráticos cuando se le enfrenta con métodos violentos?
La experiencia indica que si no fuera porque los alcaldes Leopoldo López Mendoza, Enrique Capriles y Alfredo Peña, con las policías que comandan han protegido el derecho de los ciudadanos a manifestar, la situación de los derechos civiles y políticos de los caraqueños estaría en el limbo y posiblemente los ataques homicidas de los Círculos del Terror mucho antes habrían cobrado más muertes. A estos alcaldes la sociedad civil debe mucho porque han resguardado la posibilidad de manifestar, potestad que las tropas de asalto del gobierno conculcan cada vez que tienen oportunidad.

Protección militar
En este sentido, la posibilidad de que la Asamblea Nacional active procesos para darle una salida pacífica y democrática a la crisis, pasa por la protección de sus deliberaciones, así como de sus integrantes. De lo contrario, el asalto a la Asamblea será el recurso del gobierno para impedir sus decisiones. Aquí es donde se vuelve a hacer presente la necesidad de la participación de los militares. No para dar un golpe, sino para impedirlo. No para cerrar la Asamblea, sino para frustrar la violencia que se querrá ejercer contra ella.

Los militares cumplieron con su deber cuando se negaron a acatar las órdenes enloquecidas de Chávez y su combo, y no participaron del intento de genocidio del 11 de abril que habían iniciado las tropas de asalto. Esos militares actuaron democráticamente al no contribuir a la acción criminal que se les ordenaba. Ahora se requerirá la protección de la FAN para la sociedad civil en la calle y para la Asamblea, si no se quiere que la violencia sustituya la deliberación que conducirá, muy seguramente, a la eyección de Chávez de la Presidencia.

El callejón tiene salida, pero es angostica y depende de la capacidad de neutralizar las amenazas de violencia que se ciernen sobre una sociedad que el gobierno quiere arrinconar