Marco legal de la dictadura
Casi todo ha sido dicho sobre el acuerdo firmado entre gobierno y oposición. Los hechos reflejarán las acciones de ambas partes y condicionarán las actitudes básicas frente al drama venezolano. Sin mesa de negociaciones, sin Gaviria y con las distintas instancias de la comunidad internacional a la media distancia, ratificamos la vieja convicción de que nadie hará por nosotros lo que nos corresponde hacer por nosotros mismos. Sin bajar la guardia ni olvidar el reciente debate, debemos pasar la página. Luchar a fondo por el referéndum es una obligación compartida, pero agotar la lucha en este aspecto puede terminar siendo de una comodidad tan irresponsable como suicida y criminal.
La lucha opositora se unificó al concretarse el I Paro Cívico Nacional el 10 de diciembre de 2001. Fue consecuencia de los 49 decretos-ley dictados por el presidente en nombre de la Habilitante otorgada por la Asamblea. Esos decretos fueron el primer paso serio hacia la dictadura, destruyendo lo existente, violentando la Constitución y con ella, limitando severamente el espacio para la vigencia de los principios generales del estado democrático y algunos derechos fundamentales como la propiedad. La historia posterior es conocida. La lucha ha sido recia y valiente. Buena para desenmascarar al régimen y ubicarlo ideológicamente, pero no suficiente para liquidarlo a pesar de la caída del 11A y del enorme rechazo popular expresado de mil maneras. Este señor, convencido de que no podrá imponer su revolución en democracia, asume progresivamente la dictadura asaltando el poder totalmente, destruyendo lo que no pueda someter o cuanto le dificulte sus propósitos. PDVSA, FAN, CTV, Fedecámaras, policías regionales y locales, autonomía de estados y municipios, medios de comunicación, economía privada, el mundo de la cultura y la educación, iglesias. Toda dictadura necesita de un marco legal para cubrir las exigencias legitimadoras del proceso. Se trata de una perversa maniobra destinada a destruir el estado de derecho y la democracia desde la legalidad misma, gracias a una grosera manipulación de los poderes públicos y de unos órganos de administración de justicia interferidos política y económicamente.
Los 49 decretos-ley, más la ley mordaza contra los medios, la ley antiterrorismo, la de participación ciudadana, la de reforma a la de las fuerzas armadas, al código penal y finalmente, la que liquida la autonomía del Tribunal Supremo son el marco legal perfecto de la tiranía comunista. Tenemos guerrillas urbanas en Caracas al servicio y no en contra del gobierno, el aparato productivo destruido, al pueblo en condiciones de miseria y a un jefe de la Guardia Nacional en la capital convertido no solo en juez y parte de la política, sino en verdugo feroz que anuncia a los dirigentes de un partido que “serán perseguidos y dados de baja”. Impunemente. Esta es Venezuela, en el tercer año del siglo XXI.
